PARÍS.- El primer ministro francés, Michel Barnier, quiere que el pacto europeo de inmigración y asilo se ponga en práctica con urgencia para tratar las demandas de asilo en las fronteras exteriores de la UE y que sea la agencia Frontex la que se encargue de la supervisión de esas fronteras.
En el discurso de política general que pronunció ante la Asamblea Nacional para marcar las líneas maestras del programa de su nuevo Gobierno, el primer ministro conservador destacó que el control de la inmigración será una de sus cinco grandes prioridades.
"Necesitamos una política de control de la inmigración", señaló Barnier, antes de puntualizar que este tema "debe ser tratado con dignidad y con gravedad" y afrontarlo "con pragmatismo".
Recordó que el pacto de inmigración y asilo de la UE adoptado el pasado mayo prevé controlar los flujos con inspecciones en las fronteras exteriores, que es donde se decidirá quién puede entrar amparándose en el derecho de asilo y quién no, y dijo que "debe ponerse en práctica sin más tardar".
Pero también que "debe completarse" para que sean los agentes de Frontex los que "cumplan su papel" de protección de esas fronteras exteriores, lo que se entiende en sustitución de las fuerzas de los países miembros.
Barnier avisó de que Francia va a prolongar los controles en sus fronteras interiores (con España, Italia, Alemania, Luxemburgo y Bélgica) "tanto como sea necesario" y eso "como lo permiten las reglas europeas y como Alemania acaba de hacerlo".
Se refería así a la decisión de Berlín de establecer controles también en sus fronteras interiores, amparándose en una derogación del principio de la libre circulación del Tratado de Schengen, derogación a la que Francia se acoge de forma continuada desde que sufrió los atentados yihadistas de noviembre de 2015.
El primer ministro anunció igualmente su intención de condicionar la concesión de visados a que los países de origen acepten recibir a sus nacionales expulsados por Francia, un mensaje dirigido en particular a los países magrebíes y del África negra.
Sin citar a ninguno de ellos, se mostró en favor de revisar algunos acuerdos bilaterales sobre las reglas de concesión de visados.
Es un asunto particularmente peliagudo con Argelia, en un momento en que cada vez hay más voces en Francia para que se revoque un acuerdo bilateral de 1968 porque ese país tan apenas concede autorizaciones para expulsiones desde Francia.
Como recordó Barnier, cada año se dictan en Francia más de 100.000 órdenes de expulsión de extranjeros, la mayor parte de personas en situación irregular, pero en algunos casos de delincuentes que han terminado de cumplir sus penas. Se ejecutan menos del 10 %.
La cuestión ha pasado a la primera línea política tras el asesinato hace unos días en París de una estudiante de 19 años supuestamente por un joven marroquí en situación irregular que había estado cumpliendo en Francia una pena de cárcel por una violación que cometió cuando era menor.
El presunto asesino, que finalmente ha sido detenido en Suiza, había quedado en libertad a comienzos de septiembre después de haber pasado tres meses en un centro de retención, el periodo máximo autorizado.
Para evitar que eso se repita, Barnier dijo que se ampliará el periodo en que los extranjeros pueden ser confinados en los centros de retención en espera de su expulsión.
También presentó una serie de medidas de endurecimiento de la acción penal, como la posibilidad de una comparecencia inmediata para los menores reincidentes que hayan cometido delitos de violencia contra las personas.
Igualmente indicó que "es urgente construir nuevas plazas de prisión", ya que las cárceles actuales están saturadas, con 80.000 internos para 72.000 plazas.
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