VALENCIA.- Afectados por desahucios han protestado este lunes ante la sede de la
Conselleria de Vivienda en Valencia para denunciar la "acumulación" de
este tipo de procedimientos sin alternativa habitacional y para exigir
"soluciones" y "valentía política" a la Generalitat. Este mismo lunes
hay convocado un desahucio en el barrio de La Fontsanta de Valencia, que
se suma a los de las últimas semanas en las localidades de Sueca o
Picassent.
"¿Hay algún partido capaz de poner firmes a los
fondos buitre? ¿Hay algún partido capaz de decir a la banca rescatada
que tiene responsabilidad social y que ya está bien? Ese es el
problema", ha manifestado el portavoz de la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH) de Valencia, José Luis González, en la concentración.
Según los cálculos de
la plataforma, en la Comunitat Valenciana hay 505.000 viviendas vacías,
de ellas 57.000 solo en la ciudad de Valencia, y "la mayoría en manos de
fondos buitre".
"¿Y qué hace el gobierno valenciano?", se han
preguntado.
Desde la PAH instan a la Generalitat a ponerse en
contacto con los fondos buitre y "obligarles" a hacer contratos de
alquiler hasta que no haya alternativas habitacionales. "Pedimos a Mazón
que haga el favor de intervenir si tiene capacidad y voluntad para que
la especulación no sea el ámbito general de funcionamiento", han urgido
al jefe del Consell, Carlos Mazón.
También exigen movilizar el
parque público de vivienda y que la Generalitat destine más fondos a
las ayudas del alquiler, ya que "las de 2023 han salido tarde y no ha
aportado ni un euro; solamente se ha pagado lo que prevé el plan
estatal".
"Se han dado 4.1000 ayudas y se han quedado fuera 4.266
familias que reunían los requisitos", han apuntado.
Respecto a
la posibilidad de limitar los precios del alquiler, desde la PAH
reconocen que es necesario "poner un tope", pero no creen que sea la
solución definitiva sino simplemente "una medida de choque para que no
empeore la situación".
Por otro
lado, en la plataforma están en contra del "relato falso" de que hay un
problema grave de okupación de viviendas en España. "El problema es que
el aparato del Estado tiene que estar al servicio del derecho a la
vivienda y no al revés", han recalcado, para advertir que la vivienda ya
se ha convertido en una "enfermedad social y esquizofrénica".
Tras la protesta, representantes de la PAH se han reunido con el
secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, y el director
general Juan Antonio Pérez, para pedir soluciones a los desahucios.
Antes de este encuentro, el director general ha comparecido para
subrayar que la Generalitat está haciendo "todo lo posible" y explora
"todas las posibilidades", aunque ha remarcado que hay peticiones "más
complicadas de llevar a cabo".
"Hay veces que no se puede llegar a
atender exactamente todas las necesidades", ha añadido, y ha avanzado
que "en pocos meses" se publicará una "convocatoria importante" en
materia de vivienda de fondos para ayuntamientos.
"La
situación de la vivienda es complicada, todo el mundo lo sabe, y la
Conselleria y el presidente Mazón están luchando precisamente para
revertir esta situación", ha manifestado, y ha sostenido que el "origen"
de este problema es la Ley estatal de Vivienda que "condiciona
muchísimo" a los gobiernos autonómicos.
También ha afirmado que topar los alquileres tiene un "efecto pernicioso" sobre la oferta de viviendas.
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