ALICANTE.- El Tribunal Supremo ha resuelto inadmitir el recurso de casación interpuesto por los servicios jurídicos municipales del Ayuntamiento de Alicante frente al proyecto promovido por XC Business para instalar una planta de almacenamiento de combustibles con seis primeros depósitos en la terminal de mercancías del Puerto al concluir que no se cumplen los requisitos para que pueda tenerse en consideración, lo que, en último término, viene a confirmar la sentencia previa dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) por la que se reconocía a la compañía el derecho a la concesión de licencia para situar sus tanques de almacenaje por silencio administrativo positivo, según adelanta Alicante Plaza.
La resolución, contra la que no cabe recurso, abre la puerta a que la empresa promotora del proyecto pueda emprender nuevas acciones legales para reclamar posibles compensaciones económicas por el perjuicio que podría habérsele generado ante el retraso en la respuesta a su solicitud de permiso ambiental, que facultaría la entrada en funcionamiento de la planta.
Ese retraso podría ser de un mínimo de cinco años, ya que fue en 2019 cuando el consejo de administración de la Autoridad Portuaria aprobó la modificación puntual de la concesión de la que dispone TMS para gestionar la terminal de mercancías, en la que se daba encaje al desarrollo de los silos de combustible.
Esa nueva vía paralela conllevaría el inicio de un nuevo procedimiento mediante la interposición de una demanda de responsabilidad patrimonial si XC Business llega a ejercer esa posible acción.
La resolución del TS, fechada el 11 de diciembre, no llega a entrar en la valoración del fondo del asunto, ni analiza los argumentos recogidos en el recurso registrado por el Ayuntamiento. En solo tres páginas, se limita a señalar que procede su inadmisión por cuestiones estrictamente jurídicas.
En primer lugar, por "falta de juicio de relevancia suficiente de alguna de las infracciones denunciadas en el fallo de la resolución que se pretende recurrir". En segundo término, por "falta de fundamentación suficiente, y singularizada al caso, de la concurrencia de los supuestos previstos en artículo 88.2 a), b) y c) y 88.3. a) LJCA que permiten apreciar el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sin que en el particular relativo a la invocación que se hace del artículo 88.3.a)".
Y en tercer y último lugar, por "carencia, en los términos en los que ha sido preparado el recurso, de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia". Además, impone las costas al Ayuntamiento, que se cuantifican en 1.000 euros.
¿En qué situación queda ahora el desarrollo del proyecto? En principio, el Ayuntamiento de Alicante quedaría abocado a cumplir la resolución del TSJ y retomar el expediente de tramitación de la licencia solicitada.
Como mínimo, la sentencia del TS ha desmontado la estrategia que se trataba de mantener: en primer lugar, evitar el desarrollo de los depósitos; y como segundo punto, ganar tiempo, con la esperanza en que el alto tribunal sí pudiese haber admitido la casación, con el consiguiente retraso en la resolución del litigio, lo que permitiría que pudiesen buscarse nuevos resquicios para bloquear su ejecución.
En cualquier caso, debe concretarse ahora si el proyecto de XC Business cumple todos los requisitos necesarios para que pueda acabar teniendo el permiso solicitado. Entre ellos, el que afecta a los protocolos de seguridad y prevención de emergencias, cuya supervisión quedaría en manos del Consell.
Hasta ahora, el departamento autonómico de Emergencias ha venido manifestando que no tenía conocimiento oficial del proyecto promovido por XC Business, que no había evacuado ningún informe al respecto y que lo abordaría en el momento en el que se le requiriese para ello.
Entre tanto, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha mantenido hasta ahora que la posición del Ayuntamiento es contraria a la construcción de los depósitos y ha sostenido que solo se instalarían en el Puerto si así lo dictase una sentencia. Como así ha acabado sucediendo, con la resolución del TS conocida este viernes.
La portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha responsabilizado al alcalde, Luis Barcala, y al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de "haberse quedado de brazos cruzados mientras se dirimía en los juzgados el procedimiento para la instalación de los macrodepósitos en el Puerto".
"La resolución conocida hoy va en contra de los intereses de
la ciudadanía y es, desde luego, una muy mala noticia y señala
directamente a Barcala por su inacción", ha estimado.
"Desde que
arrancó la legislatura estamos exigiendo a Barcala y Mazón que actúen,
que no se pongan de perfil, que sean proactivos. Les hemos reclamado que
traten de alcanzar un acuerdo con la empresa para desplazar los
macrodepósitos a otra zona de la ciudad, que se le ofrezca una ubicación
alternativa, pero ninguno de los dos ha hecho absolutamente nada por
defender los intereses de todos los alicantinos y alicantinas", ha
añadido.
"Barcala fue beligerante contra el gobierno de Ximo Puig
mientras que ahora, sin embargo, ha guardado silencio ante la
Generalitat Valenciana y ante la Autoridad Portuaria; autoridad que debe
responder ante quien le ha puesto en el cargo, que no es otro que
Mazón", ha añadido Barceló.
La portavoz socialista ha recordado que el Consell de Ximo Puig "impulsó cambios legislativos para tratar de impedir los depósitos de combustible en el Puerto, a diferencia de Mazón, que ha mirado hacia otro lado sin ningún rubor", ha apuntado, en alusión a la modificación de la LOTUP por la que se trató de instaurar una distancia mínima de 1.000 metros respecto a núcleo habitado para proyectos relacionados con el almacenaje de carburantes que pudiesen promoverse en los puertos.
No obstante, el Tribunal Constitucional (TC) tumbó esa disposición, después de que la Presidencia del Gobierno presentase un recurso de inconstitucionalidad al apreciar invasión de competencias.
Sea como fuere, Barceló ha apuntado que "el PSOE en el Ayuntamiento de Alicante siempre ha priorizado los intereses de la ciudad con independencia de qué partido gobernara en otras instituciones, no como el PP de Barcala, que se ha plegado ante Mazón sin defender los intereses de la ciudad que gobierna", ha apostillado.
El portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha apuntado que "lo veíamos venir; el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento fue una chapuza. Llegó tarde, llegó mal y creemos que existe una presunta intención deliberada de hacer este recurso de casación chapucero para que el TS directamente diga lo que quiere la empresa", ha considerado.
"Nosotros no vamos a salir de nuestra hoja de ruta, presión social junto con los vecinos, presión judicial junto con los vecinos y este tema lo vamos a llevar directamente a Europa. No vamos a permitir actividades peligrosas en nuestro puerto y vamos a ir directamente contra la concesión. Entendemos que este informe medioambiental es un informe parcial, pero vamos a ir a al fondo del asunto que es la concesión en sí. No habrá actividades peligrosas en nuestro puerto", ha apuntado.
En esta línea, Mas ha registrado una solicitud para que se convoque la comisión Puerto-ciudad con el propósito de abordar posibles medidas frente al proyecto de XC Business.
Su homólogo de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha tildado de "verdadera locura que el Tribunal Supremo de luz verde a los macrodepósitos en el puerto. Sinceramente pensamos que el PP ni ha hecho los deberes ni los hizo en su momento. Esta sentencia es un varapalo muy muy grande para quienes aspiramos a un puerto libre de toda actividad que amenace el medio ambiente y que amenace la seguridad de los vecinos y vecinas de Alicante".
En este sentido, ha asegurado que "vamos a seguir apoyando y cualquier iniciativa en cualquier ámbito que sirva para paralizar esta barbaridad. De hecho vamos a apoyar económicamente el Procedimiento judicial contra la concesión de la instalación de macrodepósitos en el puerto de Alicante por parte de la Plataforma por un puerto sostenible y vamos a apoyar cualquier iniciativa, vecinal, social, judicial o de cualquier otra índole para parar esta barbaridad", ha concluido.
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