ALICANTE.- La coordinadora jurídica del área de Urbanismo del Ayuntamiento de
Alicante ha instado al portavoz de Compromís en el consistorio, Rafa
Mas, a rectificar su acusación de que en el recurso municipal sobre la
licencia ambiental para la instalación de los depósitos de combustible
en el Puerto "existe una presunta intención deliberada" de que fuera
"chapucero para que el Tribunal Supremo directamente diga lo que quiere
la empresa". En caso de no retractarse, la letrada advierte de que
emprenderá acciones legales.
La letrada municipal ha dirigido
al representante de Compromís un requerimiento en el que le pide que en "un plazo máximo de dos días
hábiles" rectifique las declaraciones vertidas en los mismos medios de
comunicación donde difundió sus manifestaciones.
El pasado
viernes se supo que el Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el
recurso que presentó el Ayuntamiento de Alicante a la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por la
que el pasado abril reconoció a la empresa XC Busines 90 la obtención de
la licencia ambiental --solicitada en febrero de 2013--, por silencio
administrativo positivo, para la instalación de un centro de
distribución de combustibles y carburantes petrolíferos en el Puerto de
Alicante.
De esta forma, se mantiene ese reconocimiento y el auto vuelve
ahora al alto tribunal valenciano.
Al hilo de esta
resolución, Rafa Mas calificó de "chapuza" el recurso de casación
interpuesto por el Ayuntamiento: "Lo veíamos venir. Llegó tarde y mal.
Creemos que existe una presunta intención deliberada de hacer este
recurso chapucero para que el Supremo directamente diga lo que quiere la
empresa", aseveró.
Sobre estos calificativos, la jefa del
Servicio de Ordenación de los servicios jurídicos de Urbanismo considera
que no dejan de ser "una manifestación carente de rigor".
"Presumo, yo sí desde el máximo respeto, que es fruto de su absoluto
desconocimiento sobre el formalismo de tales recursos, cuyas
inadmisiones alcanzan un alto porcentaje anual, y sobre determinadas y
concretas materias jurídicas. Pero este probable desconocimiento no
implica que usted se permita unas manifestaciones tan temerarias, ni
supone que pueda actuar impunemente menoscabando y menospreciando el
trabajo y la profesionalidad de los letrados del Servicio Jurídico
Municipal", defiende.
Agrega esta funcionaria que, aunque no
sea citada de manera expresa, las declaraciones le afectan
"directamente" y podrían incurrir "en la posible comisión de un tipo
delictivo con publicidad".
"No obstante, --prosigue-- mayor
gravedad, si cabe, reviste su declaración de que 'creemos que existe una
presunta intención deliberada de hacer este recurso de casación
chapucero para que el TS directamente diga lo que quiere la empresa'.
Con tal manifestación, usted sí deliberadamente -como demuestra su
intencionada expresión de 'presunta'-, imputa la comisión de un posible
delito a quien ha elaborado tal recurso, dando a entender a la opinión
pública que por espurias motivaciones y de forma consciente se ha hecho
dejación de las funciones públicas con la intención de que el recurso se
inadmita".
Y recalca la abogada: "Ni como letrada municipal
ni como coordinadora jurídica de Urbanismo, ámbito de gran complejidad y
sensibilidad, he recibido jamás ningún tipo de instrucción, insinuación
o directriz política al margen de la legalidad, del equipo de gobierno,
que a lo largo de su mandato viene demostrando un absoluto respeto con
nuestro trabajo y decisiones en el ámbito de nuestras funciones, sin
ningún tipo de injerencia de carácter político".
En esta línea, recuerda que lleva cuarenta años de ejercicio
profesional, "de los que más de veinte lo son como empleada pública, con
un expediente intachable" y que "únicamente obedece en el desempeño de
sus funciones al interés público, con total imparcialidad, objetividad e
independencia".
Finalmente, afea a Mas que impute a los
letrados del Servicio Jurídico "una intencionalidad de favorecer a la
empresa recurrida, y ello también supone que se puede haber cedido a
determinadas presiones o instrucciones políticas del equipo de gobierno,
que es al que se pretende atacar mediante el desprestigio del trabajo
jurídico realizado tachándolo de chapucero".
"Resulta muy
poco ético que se utilice a los funcionarios públicos para fines ajenos a
nosotros. Estas actuaciones no deben pasar por alto, toda vez que está
realizando acusaciones públicas que revisten los caracteres de delito",
zanja la funcionaria.
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