ALICANTE.- La ciudad de Alicante cuenta con 4.108 viviendas de uso turístico
(VUT) y representan un 2,31 por ciento del parque total. De ellas,
3.292 están en situación irregular porque, aunque constan en el registro
de la Generalitat Valenciana, no cuentan con los permisos del
Ayuntamiento.
En concreto, se solicitaron los informes
correspondientes para 33 VUT, aunque se denegaron esas licencias,
mientras que para las 3.259 restantes nunca se pidieron y, por tanto, se
encuentran igualmente en esa condición.
Así se desprende del
informe sobre este tipo de alojamientos, encargado por la Concejalía de
Urbanismo a la empresa Estrategia y Organización SA (EOSA), que se ha
presentado este martes en el Museo de Arte Contemporáneo (MACA), según
ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
Las viviendas
de uso turístico (VUT) en Alicante "no representan, en estos momentos,
un problema generalizado de saturación, aunque sí existen determinados
barrios en los que la concentración es más alta y donde se recomienda
establecer límites".
El peso de las VUT en el conjunto de
alojamientos turísticos de Alicante disponibles es de un 68,42% del
total. Además, el estudio fija que el número de plazas en estos
apartamentos es de unos 19.000.
En Alicante, este indicador es de 5,5
por cada 100 habitantes, inferior a ciudades como Málaga (30), Sevilla
(27), Madrid (22), Valencia (14), Barcelona (11) o San Sebastián (9).
Sin embargo, en zonas como el Casco Antiguo, el dato asciende a 95 por
cada 100. También hay concentración en puntos como Playa de San Juan.
De acuerdo con este documento, a pesar de la "presión existente en
ciertas zonas de la ciudad", ningún barrio de Alicante se considera,
según la Ley de Vivienda estatal, "zona de mercado residencial
tensionado".
Del mismo
modo, tampoco se observa que en los últimos años se haya reducido el
número de personas que reside en los barrios donde hay más VUT. El
informe indica que "todavía no han generado un éxodo de población ni un
aumento considerable en los precios de las viviendas".
El
estudio plantea realizar "un mayor control a las viviendas turísticas
irregulares, mediante la imposición de multas y la renovación de
licencias, en caso de infracciones graves".
Asimismo, aboga
por establecer una moratoria en la concesión de licencias a apartamentos
turísticos, "que permita al Ayuntamiento integrar en el plan municipal
un límite en la densidad de VUT por zonas y regular el impacto que esta
situación genera sobre el mercado inmobiliario y la convivencia vecinal,
sobre todo en los barrios de mayor concentración".
El
estudio también propone crear un censo público de VUT, "que mejore la
transparencia en la gestión y el control de las actividades turísticas".
Desde el consistorio han sostenido que se está trabajando en esa
herramienta, "que permitirá a las autoridades municipales y a la
ciudadanía acceder de manera transparente a la información sobre las VUT
que operan legalmente en la ciudad".
Sobre esta iniciativa,
el Ayuntamiento ha insistido que "no solo facilitará la monitorización
del cumplimiento normativo, sino que también proporcionará a los
residentes la oportunidad de conocer qué viviendas en sus barrios están
siendo explotadas turísticamente, con el fin de promover una mayor
convivencia vecinal y ayudar a prevenir conflictos derivados del uso
intensivo de las viviendas como alojamientos turísticos".
También será
una forma de "detectar los ilegales y erradicarlos".
En el foro de exposición de estos resultados ha participado el
alcalde Luis Barcala, la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, la
directora general de Planeamiento, Leticia Martín, y representantes de
la compañía consultora. Asimismo, han asistido miembros de asociaciones y
colegios profesionales, grupos políticos municipales y colectivos
vecinales.
En declaraciones a los medios tras presentar el
informe, Barcala se ha referido al estudio como "un punto de partida y
una herramienta sumamente útil para dejar de lado debates basados
exclusivamente en opiniones, en muchos casos genéricas y sin ningún
fundamento, para poder justificar las medidas y saber en qué términos
debe continuar el debate sobre este tema".
Para el primer
edil, "el modelo turístico forma parte indisoluble de Alicante", por lo
que ha señalado que ahora se tienen que "sentar las bases que definen el
futuro de la ciudad".
El alcalde ha incidido en que medidas
como la moratoria persiguen "dar plazo" al Ayuntamiento para "equilibrar
lo residencial y vecinal con lo turístico y sectorial".
"Se irán
elaborando ampliaciones de este estudio, que afectarán a otras áreas
como la fiscal o la de incentivos a los alquileres de larga duración",
ha agregado.
Barcala también ha destacado que el informe no se
puede tomar como "una foto fija".
"Es importante que no nos estanquemos
pensando que esta imagen es definitiva y para siempre. La ciudad
evoluciona y crece".
Desde la
oposición, la portavoz adjunta del PSPV, Trini Amorós, ha calificado en
declaraciones a los medios como "decepcionante" el estudio presentado:
"No contiene datos sobre el número de VUT que operan de forma ilegal, ya
que solo se han contabilizado como tal las inscritas en el registro de
la Generalitat y que carecen de licencia municipal".
La
concejala socialista ha apuntado que "solo se han calculado las subidas
de precios de viviendas de alquiler residencial entre el periodo de 2019
a 2022, dejando al margen la subida de un 25% de los precios acumulada
en los dos últimos años".
"Cuesta creer que en el Casco Antiguo y
adyacentes haya el mismo número de plazas en VUT que en viviendas
residenciales y que, según el estudio, no hayan aumentado los precios
del alquiler".
La edil del PSPV ha reiterado que "el
Ayuntamiento debe actuar de inmediato para inspeccionar, sancionar y
clausurar todas las viviendas turísticas que operan sin licencia", y ha
remarcado que "en el Centro Tradicional no puede haber VUT en edificios
residenciales".
De otro lado, la portavoz de Vox, Carmen
Robledillo, ha incidido en la idea de "punto de partida" para ver "dónde
se encuentra realmente la ciudad para, en base a esos datos, actuar y
poner en valor la prosperidad sin afectar a los vecinos".
"Alicante vive del turismo y con este estudio también se podrá trabajar
el tipo de turismo que queremos. La moratoria tiene que servir para ir
en contra de los ilegales, pero tenemos muchas dudas respecto a ella,
por ejemplo, si afectará a los edificios completos turísticos que hayan
empezado o quieran arrancar con las obras o a los pisos que han iniciado
los trámites y el proceso para ser VUT legales", ha detallado
Robledillo.
Desde Compromís, su portavoz, Rafa Mas, ha
afirmado que el informe "no ofrece nada nuevo".
"Queremos saber por qué
hay 3.200 pisos de forma ilegal que no se han intervenido cuando se tienen
esos datos", ha añadido.
Mas ha insistido en que "sí hay
barrios tensionados" en Alicante y cree que la "foto fija" del estudio
ya está "caducada"-
"Esto genera muchos problemas de convivencia y
agrede, sobre todo, al sector hotelero. Nos preocupa la poca ambición
del equipo de Gobierno".
En la misma línea, el portavoz de
EU-Podem, Manolo Copé, cree que "es momento de poner la vivienda en el
centro de la agenda pública" y que "urge tomar medidas de calado ante la
situación de Alicante".
Copé considera que "hace falta un
plan de vivienda lo más consensuado posible, con el fin de ofrecer
soluciones a la crisis de vivienda que sufre Alicante".
"Apostamos por una inversión de 2,5 millones para incentivar el mercado
de alquiler de pisos vacíos. Serían unas 1.000 viviendas las que se
podrían sacar a la luz en régimen de alquiler asequible con este
incentivo", ha sentenciado el portavoz de la coalición.
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