ALICANTE.- El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, ante la imposibilidad de una nueva prórroga a este contrato, ha advertido hoy que la ciudad se encuentra en «un limbo» en el que no existe cobertura legal para poder seguir prestando el servicio desde el 25 de enero. Es decir, no se podría aplicar el régimen sancionador previsto en la normativa, por lo que dejarían de ser válidas las multas de las zonas de aparcamiento regulado.
Desde el equipo de Gobierno se asegura que ya se ha puesto en marcha el procedimiento de licitación del nuevo contrato de la ORA.
Los socialistas han insistido en que con el contrato caducado y sin posibilidad de prórroga es necesario que el alcalde, Luis Barcala (PP), dé explicaciones cuanto antes y suspenda de inmediato la ordenanza reguladora de tarifas y sanciones (ORA).
La portavoz socialista, Ana Barceló, ha reclamado también la dimisión o el cese del concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, «por su incompetencia» y por por su "falta de diligencia".
«El contrato ha expirado porque no se ha trabajado con eficacia y diligencia, no se ha velado por el interés público», ha destacado la portavoz.
Barceló ha reclamado al regidor que se presente un informe jurídico cuanto antes para que se aclare «qué va a ocurrir y a qué consecuencias se enfrentan» los posibles infractores, puesto que no existe cobertura legal.
Sin embargo, desde el Ayuntamiento insistieron en que, aunque el
contrato ha finalizado, "el servicio se mantiene hasta que se adjudique
el nuevo contrato", tarea que esperan completar en este primer semestre del año.
«No se ha impulsado la licitación correspondiente para adjudicar este servicio. El alcalde debe asumir su responsabilidad porque es inaceptable que no haya previsto que se genere esta situación de caos por falta de seguridad jurídica», ha añadido por su parte el concejal socialista Raul Ruiz.
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