VALENCIA/ALICANTE.- Podem ha organizado este sábado en Valencia las I Jornadas Participativas sobre Territorio y Protección de la Vida con el fin de poner de manifiesto la «necesidad» de intervenir en el entorno local para «plantear un modelo alternativo al capitalismo depredador que pone al negocio por delante de las personas».
«La dana marcó un antes y un después en la vida de los valencianos, pero sobre todo, supuso un aviso devastador acerca de las consecuencias de la emergencia climática y su relación con el modelo especulativo de ordenación del territorio que predomina» en la Comunitat, han manifestado.
Este evento --que tiene como objetivo «repensar y debatir líneas y propuestas de acción para emprender estrategias tanto políticas como comunicativas necesarias para defender el territorio y proteger la vida de las personas dentro de este contexto de emergencia climática y habitacional»-- ha contado tanto con representantes de la esfera política como con integrantes de asociaciones medioambientales o de vivienda de la sociedad civil, según ha precisado la formación política en un comunicado.
Para poder trabajar los contenidos, los participantes se han distribuido en cuatro mesas: territorio, vivienda, discurso y acción.
Finalmente, la jornada ha contado para su clausura con la portavoz de Podemos y coordinadora autonómica de la formación, María Teresa Pérez; la doctora en Derecho y especialista en Derecho Internacional del medio ambiente, Karla Zambrano; el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Valencia, José Luis González; la secretaria de horizonte verde de Podem País Valencià, Marta Gómez, y el exsecretario autonómico de la Generalitat, Julià Álvaro.
Podem ha ironizado de forma crítica que los últimos movimientos del Consell tras la tragedia de la dana «solo han conseguido remarcar sus intenciones de cara al futuro» y ha criticado que la modificación de la Ley de L'Horta, aprobada esta misma semana en Les Corts mediante decreto ley, «da vía libre a la especulación urbanística en territorio protegido y zonas inundables»; mientras que la Ley de Costas es «para suprimir el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (PATIVEL) y continuar con la explotación económica construyendo hoteles a 200 metros de la costa».
Asimismo, ha censurado el nombramiento de Marián Cano como consellera de Insdustria, Innovación, Comercio y Turismo o de Miguel Ángel Ivorra como director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental pues, a su juicio, «forman parte del núcleo duro del clan de La Nucía y del círculo de confianza de la herencia del zaplanismo representado por el 'president', Carlos Mazón».
Según la portavoz y coordinadora autonómica de la formación, «los gobiernos han de ser valientes para enfrentarse al poder económico que desprecia a la gente y apoyarse en la mayoría social para plantarse ante los especuladores».
«No hay que reconstruir un pasado de abusos y excesos, que ya conocemos y sufrimos bastante en la época de Zaplana o Camps, lo que hay que hacer es plantear desde el eco-socialismo un modelo alternativo decreciente para tener esperanza ante un panorama cada vez más apocalíptico», ha reivindicado.
A su vez, ha sostenido que «no hay que expropiar la vida de la gente, sino las viviendas de los grandes tenedores que sólo las usan para especular, hay que ilegalizar a los escuadristas nazis de Desokupa aunque el PSOE no quiera y prohibir de verdad los desahucios».
Por su parte, el exsecretario autonómico de la Generalitat ha señalado que «se debe cambiar el capitalismo psicópata por una alternativa que ponga a las personas por delante de la economía».
Por último, la doctora Zambrano ha defendido que «la crisis climática afecta a muchas esferas, pero en este despertar se tiene que ser consciente de la necesidad de aplicar mecanismos de resiliencia ante los fenómenos naturales que van a seguir viniendo».
«No se pide nada descabellado, sino vivir en dignidad dentro de los estándares de la normativa de los derechos humanos», ha insistido.
Protesta en Alicante
En Alicante, la concentración ha tenido lugar en la Plaza Séneca, coincidiendo con la Plaça del Llibre, una de las mayores actividades del fomento de la lectura en valenciano. Han participado unas 400 personas en una protesta que ha estado marcada por la lluvia que ha caído en la ciudad durante la tarde, según la Cadena SER.
Se ha leído un manifiesto en el que han señalado que "la nueva ley de Libertad Educativa arrincona el valenciano, vulnera los derechos lingüísticos del alumnado y complica la tarea docente y organizativa de los centros educativos".
"Una manifestación contra la discriminación y la vulneración de derechos fundamentales como la educación en igualdad y el derecho lingüístico a conocer las dos lenguas oficiales. Unos derechos que el sistema educativo ha de garantizar".
Consideran que la Conselleria de Educación, "en una maniobra claramente ideológica", ha decidido poner en riesgo el modelo de enseñanza en valenciano, creando un problema que no existía".
Creen que esta consulta "no es más que una estrategia para dividir a la sociedad valenciana y recortar los derechos lingüísticos del alumnado, una cortina de humo para tapar su incompetencia".
El manifiesto ha seguido argumentando que "aprender valenciano no es, como quieren hacer creer, un problema y garantizar su conocimiento no es una imposición. Esta consulta no nace de la preocupación por la educación, sino de la voluntad de imponer un falso relato: que el valenciano es un problema, una imposición y que no es necesario".
Aseguran que el valenciano es un bien que hay que proteger y es también, un pilar de un sistema educativo que ha demostrado sobradamente su éxito académico y social.
El manifiesto ha reclamado a la Conselleria de Educación que anule la consulta y que trabaje para reforzar la enseñanza en valenciano como garantia de una educación de calidad, igualitaria e integradora.
Una consulta que se abrirá el próximo martes 25 de febrero en la que las familias de los alumnos podrán decidir la lengua base, valenciano o castellano, que prefieran para la educación de sus hijos de cara al próximo curso.
Ismael Vicedo, portavoz de la Plataforma en Defensa de L'Ensenyament Públic en Alicante, recuerda que la consulta está recurrida al Tribunal Constitucional y hasta que se pronuncie, esto podría suponer más "caos".
Cree que esta decisión no es una cuestión de "sentimiento" ni de "lengua" sino algo que afectará al funcionamiento diario de los centros, más allá de la continuidad de la Xarxa Llibres.
"La Conselleria de Educación está planteando la consulta, que no tiene ningún criterio pedagógico, como si fuera elegir entre el Barça o el Madrid", ironiza Vicedo.
Vicedo insiste en que se pueden producir problemas a la hora de la configuración de los grupos, porque el "único criterio para separar a los alumnos será el de la lengua".
Considera que la Conselleria de Educación está siendo una "irresponsable" obligando a las familias a que voten entre las dos lenguas oficiales de la Comunitat.
El portavoz de la Plataforma en Defensa de L'Ensenyament cree que la Conselleria debería preocuparse de ofrecer más recursos y personal a los centros educativos y no de crear problemas que no existen.
Vicedo, recuerda, además, que la consulta no garantiza el derecho a decidir de las familias, ya que la distribución final dependerá de las ratios y la disponibilidad de cada centro.
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