ALICANTE.- La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante ha emitido un
decreto en el que reconoce los efectos del silencio administrativo
positivo en la licencia ambiental que solicitó XC Business 90 SL para
instalar macrodepósitos de combustibles en el puerto de la ciudad. El
consistorio toma esta medida "por imperativo legal", tras la sentencia
firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana
(TSJCV) que avaló dicho reconocimiento, al tiempo que insiste en su
"firme oposición" al proyecto.
No obstante, en el mismo
decreto se advierte a la mercantil que, antes del inicio y
funcionamiento de la actividad, la explotación "deberá cumplir con todos
los requisitos de seguridad y prevención exigidos en las normativas
sectoriales en materia de medio ambiente, control de riesgos inherentes a
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así
como de afectación a la Red Natura 2000".
En este punto, le recuerda que
"deberá obtener las autorizaciones e informes sectoriales preceptivos
de los órganos autonómicos competentes".
En concreto, según ha
explicado Urbanismo en un comunicado, el proyecto debe recabar
evaluación sobre el plan de seguridad, el plan de emergencias, emisiones
a la atmósfera, manejo de residuos peligrosos y la afección a espacios
protegidos por la Red Natura.
Además de todas estas
autorizaciones supramunicipales, tendrá que obtener por parte del
Ayuntamiento de Alicante la licencia de obra mayor --que está en
tramitación--. Al respecto, el consistorio ha avanzado que "será
exigente con el cumplimiento máximo de los requisitos necesarios antes
de emitirla".
En este contexto, la
concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, ha incidido en que el
reconocimiento de la licencia ambiental "no supone en ningún caso que la
empresa pueda instalar los depósitos en el puerto de Alicante".
Asimismo, recalca que "sigue intacta la firme oposición del
Ayuntamiento a la instalación de este centro de distribución de
combustibles" y su propósito de "seguir plantando batalla desde todos
los frentes posibles, incluido el judicial, para evitar que este
proyecto llegue a ser una realidad".
Así, asegura que el Ayuntamiento
tiene como "aliada" a la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) con un
"frente común de rechazo" a los macrodepósitos.
Todos estos
puntos los ha confirmado el vicealcalde de Alicante y concejal de Medio
Ambiente, Manuel Villar, durante la rueda de prensa posterior a la junta
de gobierno local celebrada este martes: "Vamos a acudir a todas las
vías, tanto procedimentales como judiciales, que estén en nuestras manos
para que eso --la instalación de los depósitos-- no pueda producirse en
el futuro. Dicho lo cual, lo que sí hemos hecho, como hacemos siempre,
es respetar las resoluciones judiciales, las compartamos o no, y
teníamos que ejecutar esa sentencia".
En esta línea, Villar ha confirmado que los servicios jurídicos
municipales siguen preparando "dentro del plazo" un recurso de amparo
para presentarlo ante el Tribunal Constitucional (TC), al entender, como
ya planteó en su recurso de casación ante el TSJCV --que fue
inadmitido--, que este órgano jurisdiccional "no tuvo en cuenta en su
sentencia la inconstitucionalidad del artículo de la ley autonómica que
establecía dicho silencio positivo en licencias ambientales, decretada
en 2022".
Asimismo, ha asegurado que el Ayuntamiento y la
promotora XC Business 90 SL no han mantenido ninguna reunión sobre esta
cuestión, al tiempo que ha recordado que el alcalde Luis Barcala comentó
que el "requisito previo" para que eso suceda es que dicha empresa
"renuncie a la instalación" de los macrodepósitos.
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