El TSJCV admite el recurso del Ayuntamiento de Alicante y ALROA contra el fallo que instaba a declarar la ZAS en Castaños

 ALICANTE.- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido el recurso presentado por el Ayuntamiento de Alicante y la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (ALROA) contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 que en mayo de 2024 instó al consistorio a declarar como zona acústicamente saturada (ZAS) la calle Castaños por "vulneración de derechos fundamentales" de vecinos por ruido.

Así lo ha confirmado este viernes el alcalde, Luis Barcala, en declaraciones a los medios en las que ha incidido en que se recurrió el fallo porque "en ningún caso se habían vulnerado derechos fundamentales de nadie".

Además, ha recalcado que el Ayuntamiento sigue adelante con la tramitación simultánea de las dos ZAS --en el entorno de Castaños o Centro Tradicional y en el Casco Antiguo-- con independencia de lo que ha dictaminado esta resolución del alto tribunal valenciano; ya que "no es solo un problema de ruido", sino también "de convivencia".

"Sencillamente tratamos de conciliar los intereses de residentes y vecinos con los del ocio", ha apuntado Barcala, quien ha recordado que está abierto el periodo de alegaciones a las ZAS --previo a su aprobación definitiva-- para quien "no comparta" las medidas que se han planteado.

En este punto, se ha remitido a las declaraciones del vicealcalde Manuel Villar sobre esta resolución del TSJCV, en las que recordó que esta sentencia supone un "elemento nuevo" que quien estime oportuno puede utilizar para plantear alegaciones. "Por supuesto que nosotros valoraremos y estudiaremos todas las alegaciones", ha apostillado el primer edil.

Desde la oposición, la portavoz del PSPV, Ana Barceló, ha sostenido que "el Ayuntamiento puede y debe seguir adelante con la implantación de la ZAS, que debe servir como un instrumento para proteger el derecho al descanso de los vecinos, siempre y cuando se tenga la certeza de que se cuenta con todas las garantías necesarias para ponerla en marcha" y "asegurándose de que se cumplen todos los requisitos que exige la ley de contaminación acústica de la Comunitat Valenciana".

Barceló ha criticado en un comunicado que el gobierno local "sigue sin dialogar con los vecinos y los hosteleros": "No se puede solucionar un problema hablando solo a través de los tribunales. A Barcala le ha faltado cintura política para alcanzar soluciones de consenso que permitan garantizar el derecho al descanso y la actividad en la zona donde se pretende implantar la ZAS".

Por su parte, desde ALROA consideran que la sentencia del TSJCV "da la razón al sector empresarial y pone en entredicho las acciones realizadas por el Ayuntamiento de Alicante".

En un comunicado, califican la aprobación de la ZAS en la zona centro como "imposiciones autoritarias del equipo de gobierno municipal, basadas en falsedades y fundamentadas en una mentira sostenida sobre la supuesta obligación impuesta por la sentencia del juzgado" ahora anulada por el alto tribunal valenciano.

"El Ayuntamiento de Alicante lleva meses mintiendo a los vecinos y al sector empresarial. La sentencia del alto tribunal confirma que no era cierto que el equipo de gobierno estaba obligado a aplicar una ZAS acotada a calles concretas y contra negocios determinados. Otros intereses tenían por delante", sostienen desde ALROA.

En esta línea, creen que "la actual ZAS ha llegado a su fin" y la ven "precipitada, descabellada e inapropiada, sin atender a los intereses de los vecinos ni a la obligatoriedad de una orden judicial".

Según ALROA, el fallo del alto tribunal "elimina los argumentos de la última ZAS, calificándola como una decisión precipitada, sin justificación, no pactada con el sector, que ha generado un daño en imagen y ha perjudicado a la zona sobre la que se impuso, dejando entrever que sus prisas tenían otros objetivos, ajenos al bienestar de los vecinos y contrarios a los intereses de los locales de las calles afectadas".

"Para los empresarios, lo normal era esperar al fallo definitivo del TSJCV antes de precipitarse en una ZAS perjudicial para la ciudad y para el sector de ocio y la restauración", remarcan.

En este contexto, piden "explicaciones" al gobierno local sobre "por qué se anticiparon a las medidas cuando ellos mismos eran recurrentes contra la sentencia del juzgado" y "por qué establecieron una ZAS sin el procedimiento completo y solo circunscrito a determinadas calles y no aplicadas para la defensa del conjunto de la ciudadanía", con "prisas en los últimos meses" y "pasividad de años anteriores".

"ALROA analizará con sus responsables jurídicos la sentencia del TSJCV para establecer una hoja de ruta que ordene la situación tras su fallo y las posibles acciones legales por el daño reputacional, en facturación y en puestos de trabajo que han generado las medidas del Ayuntamiento", concluyen.