VALENCIA.- Un informe pericial solicitado por la asociación SOS Desaparecidos --que
ha anunciado que se personará el próximo lunes como acusación
particular en el juzgado de Catarroja en nombre de 70
víctimas mortales de la dana, representados por más 170 familiares, un
tercio del total-- advierte "omisiones graves" en la actuación de la
Generalitat el día de la dana, que "falló en liderar y coordinar,
causando pérdidas humanas evitables".
Igualmente, afirma que
"la no declaración de emergencia impidió evacuaciones y movilización de
recursos".
"La falta de alertas fue de la sentencia de muerte; un aviso
habría salvado vidas. El abandono municipal amplificó la tragedia".
En un documento de 77 páginas, los peritos observan "el conjunto de
factores y elementos que se han producido en la gestión, en particular,
las decisiones o la ausencia de las mismas por parte de las
administraciones, la existencia o inexistencia de los recursos de
planificación obligatorios por parte de las administraciones locales,
provinciales, autonómicas o estatales concernidas".
El
informe realiza un análisis de la
actuación de la Generalitat Valenciana y considera que el 'president',
Carlos Mazón, "debía declarar la emergencia catastrófica, emitir alertas
vía 112 y liderar a los municipios".
Sin embargo, habla de "omisiones
graves", ya que, según los peritos, hubo un "fallo en declarar
emergencia", puesto que "no asumió el mando único, dejando a Valencia en
caos, no hubo avisos masivos, condenando a la población y no supervisó
ni coordinó a los ayuntamientos".
Asimismo, establece un
"nexo de causalidad: la no declaración de emergencia impidió
evacuaciones y movilización de recursos y la falta de alertas fue la
sentencia de muerte; un aviso habría salvado vidas".
En
cuanto a la actuación de los ayuntamientos, aprecian "planes inactivos,
inaccción y falta de colaboración".
"No se alinearon con la Generalitat" y "la ausencia de planes convirtió barrios en trampas mortales".
"La
inacción local fue el golpe final", añaden.
En conclusión, la
Generalitat "falló en liderar, alertar y coordinar, causando pérdidas
humanas evitables" y "los ayuntamientos traicionaron su deber,
multiplicando víctimas".
"El nexo causal es irrefutable: estas omisiones
mataron y dejaron desaparecidos", se asegura en el informe.
Además, exponen que la cronología de los días anteriores a la dana --del
25 al 28 de octubre-- "evidencia una ventana de oportunidad de al menos
cuatro días en la que la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos
pudieron actuar para salvar vidas".
"Una ventana --prosiguen-- que se
cerró con el silencio y la inacción, condenado a las víctimas a un
destino que clama justicia".
La pericial se refiere a la
posible responsabilidad autonómica y, sobre esta cuestión, señala que la
Generalitat "ex ante no ejerció un control efectivo sobre el
cumplimiento de las normativas por parte de los municipios ni implementó
acciones correctivas en cuanto a la disposición de verdaderas
estructuras de Protección Civil y los correspondientes Planes de
Emergencias Municipales y Planes Especiales contra Avenidas e
inundaciones".
Opinan los peritos que, desde que en fechas
anteriores ya se advierte de que el 29 de octubre se iban a producir
precipitaciones con aviso rojo por parte de la AEMET, "debió haber
conformado el Cecopi y haber ejecutado la emisión de las alertas
correspondientes, pues es la comunidad autónoma la institución
responsable de lanzarlas".
"El propio día 29, desde las ocho
de la mañana la provincia de Valencia ya se está viendo afectada por
unas graves inundaciones aguas arriba en Requena y Utiel, retransmitidas
incluso en directo por la televisión pública, pues bien, el aviso
centralizado a la población ES-Alert no se produjo hasta después de las
08:00 pm, horas nocturnas, con consejos poco específicos sobre medidas a
adoptar y cuando ya se habían producido las desapariciones y la mayoría
de los fallecimientos", recuerda.
También reprocha su
actuación a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ante lo ocurrido
en Letur, que "siendo como es un municipio que en aplicación de la
legislación y normas autonómicas, debe contar con un eficaz plan de
prevención y respuesta ante avenidas e inundaciones".
"Nadie avisó a la población, nadie acudió con antelación para garantizar la movilidad de las personas (es un municipio de 900 habitantes) a zonas seguras, las consecuencias fuero seis desaparecidos cuyos cadáveres fueron localizados en los días siguientes", lamenta.
El informe "pone en evidencia la urgente necesidad de una gestión
profesionalizada y eficaz de las emergencias en los municipios de la
Comunitat Valenciana y otros afectados" y califican de "imprescindible
llevar a cabo una investigación exhaustiva por órgano judicial para
determinar las responsabilidades de las personas físicas vinculadas a
las administraciones públicas e instituciones implicadas en los hechos".
El informe incluye la propuesta de práctica de pruebas, entre ellas
la realización de un reconocimiento aéreo para obtener una visión global
del área; la remisión por parte de las autoridades competentes de los
planes municipales de emergencias y planes especiales de los municipios
afectados; actas, informes y comunicaciones internas de los órganos de
emergencia y protección civil durante el evento investigado; grabaciones
de las reuniones y comunicaciones oficiales mantenidas en el marco del
Cecopi y registros de órdenes y decisiones adoptadas por los
responsables de la emergencia.
Asimismo, sugieren el
interrogatorio, en calidad de testigos, del 'president' Carlos Mazón,
responsables de la Diputación de Valencia, de la Agencia Valenciana de
Seguridad y Respuesta a las Emergencias, alcaldes de los municipios
afectados, técnicos responsables de los planes de emergencia municipales
y autonómicos, para valorar la implementación de las medidas previstas y
todos los que participaron, presencial o telemáticamente, en las
reuniones del Cecopi, con el fin de esclarecer las decisiones adoptadas y
su ejecución.
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