VALENCIA.- Amnistía Internacional denuncia que la Generalitat Valenciana, «responsable de la dirección de la emergencia, vulneró el derecho humano a la vida y a la integridad física de miles de personas, al no proporcionar información adecuada, oportuna y accesible que pudiera haber evitado o mitigado el impacto de la catástrofe» el pasado 29 de octubre, día en que la dana asoló la provincia de Valencia.
Así se concluye en el informe de investigación 'Tengo pesadillas en las que suena esa alarma', cuando se cumplen seis meses desde que la dana que arrasó la provincia de Valencia y causó más de 220 muertes.
La ONG señala que, como consecuencia, «miles de personas, que recibieron la alerta cuando la mayoría de ellas se encontraban ya en extremo peligro, quedaron desprotegidas, y cientos de ellas sufrieron las terribles consecuencias de una tragedia en parte evitable».
Por tanto, afirma que «esta gestión negligente constituye una violación del derecho a la información, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que la obligación del Estado de salvaguardar vidas incluye la obligación de informar adecuadamente a la población sobre cualquier emergencia potencialmente mortal».
«Todo ello --añade-- en cumplimiento de los artículos 2 y 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como de los artículos 6 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 3 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que amparan el derecho a la vida, a la seguridad o al derecho a emitir y recibir información».
Además, afirma que esta actuación «también ha infringido las normativas estatal y autonómica de protección civil, que reconocen el derecho de las personas a ser protegidas en caso de catástrofes, y a ser informadas de los riesgos y de las medidas de seguridad a adoptar».
«Las personas coinciden en señalar la desprotección y el desamparo antes, durante y después de la dana», concluye.
El investigador de Amnistía Internacional y autor del informe, Daniel Canales, recalca que «el Estado español, en sus distintos niveles, no cumplió con sus obligaciones internacionales de derechos humanos y, por lo tanto, es necesaria una rendición de cuentas, mediante investigaciones exhaustivas que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas, y que permita incorporar aprendizajes en un sistema de protección civil que debe ser revisado en profundidad».
En ese sentido, testimonios como el de José Manuel, un vecino de Alfafar que estuvo seis horas subido a un semáforo y perdió a su hermano mientras intentaba ayudar a una mujer: «La alarma me llegó al móvil cuando ya llevaba tiempo subido a un semáforo. Pensé que me había llegado la hora».
La ONG afirma, tal y como también señala la jueza instructora de Catarroja que actualmente está investigando la gestión de la dana, que la gestión de la emergencia era «responsabilidad directa e inequívoca» de la Generalitat y a quien «le correspondía adoptar las medidas necesarias para alertar a la población y garantizar su protección».
Asimismo, critica que el Gobierno central «no ejerció la facultad que le reconoce la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para asumir la dirección de la emergencia».
«El Ministerio de Interior ha trasladado a la organización que solo puede ejercer esta facultad previa solicitud del Gobierno autonómico, y que como esta solicitud no tuvo lugar, la Generalitat era en todo momento responsable de la dirección de la emergencia», apunta el informe.
Sin embargo, considera que la ley «otorga al Gobierno central la posibilidad de actuar por iniciativa propia cuando la emergencia afecta a más de una comunidad autónoma, situación que sin duda se produjo el día de la dana».
Del mismo modo, reprocha que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, «no asumió de forma directa la dirección de la emergencia, en aplicación de la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat, a pesar de la magnitud de la crisis, ni siquiera cuando la situación ya se había desbordado».
Al respecto, recuerda que la responsabilidad internacional del Estado con respecto a este tipo de emergencias es «unitaria», lo que supone que «no puede eludirse alegando su diseño institucional interno o su reparto competencial, y debe responder a la catástrofe de forma coordinada».
Asimismo, apunta que la emergencia ha evidenciado «la necesidad» de que los Ayuntamientos «implementen de forma efectiva el servicio de protección civil, con personal técnico y especializado».
La organización se ha reunido con personal de algunos de los municipios más afectados que coinciden en afirmar que «no dispusieron de información suficiente ni precisa sobre el desastre».
«No solo fue tardío el envío del mensaje ES-Alert a la población, sino prácticamente inexistente el envío de información a los Ayuntamientos», indica la investigación.
Del mismo modo, apunta que la falta de coordinación entre los distintos niveles de la administración los primeros días posteriores al desastre, con una asistencia que llegó de forma «desigual, dependiendo muchas veces del voluntariado local o de la autoorganización ciudadana, contribuyó a una sensación de abandono».
Por ejemplo, Alfafar ha lamentado cómo, tras la emergencia, estuvieron tres días aislados y ha calificado la situación como una 'omisión del deber de socorro', mientras que Benetússer ha descrito la situación de «caos, sintiendo abandono y descoordinación» por parte de la administración estatal y, especialmente, por parte de la autonómica.
Paiporta se ha quejado de «los procesos burocráticos complicados para pedir ayuda a la Generalitat y de que desde el Puesto de Mando Avanzado no hubiesen acudido al pueblo, Catarroja ha manifestado su preocupación por »la ausencia de directrices«, y tanto Massanassa como Picanya han denunciado »la falta de coordinación entre administraciones".
«La fase inicial de recuperación, además, no ha contado con un enfoque basado en derechos humanos», señala Canales, que recalca que impacto de la dana fue «especialmente devastador para colectivos vulnerables: casi la mitad de las víctimas mortales tenían más de 71 años, y muchas de ellas vivían solas o en viviendas bajas».
El informe de Amnistía Internacional analiza también las consecuencias desestabilizadoras que los bulos o noticias falsas tuvieron sobre los derechos humanos de las personas afectadas y recalca que la «mejor manera de prevenir las consecuencias negativas de la desinformación» es que las autoridades creen «un sistema fiable y rápido de información precisa que genere una mayor confianza».
En su informe, la organización también señala 14 recomendaciones para las autoridades de la Comunitat Valenciana, el Gobierno central, la Fiscalía General del Estado y los municipios, que garanticen que «nunca más» una gestión negligente de una catástrofe ambiental «viola el derecho a la vida y a la integridad física».
Entre las recomendaciones, además de que se impulsen investigaciones penales «exhaustivas, independientes y transparentes», destaca: Revisar los sistemas de comunicación y de avisos y alerta para incorporar las lecciones aprendidas; protocolizar el uso del sistema ES-Alert en los planes de emergencias; adoptar un enfoque participativo en la recuperación, y desarrollar planes de sensibilización y formación a la ciudadanía sobre actuaciones en contexto de emergencias.
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