MADRID.- La Audiencia Nacional ha rechazado las medidas cautelarísimas 
solicitadas por el bufete Statera Legal, que pedía que no se emplearan 
los resultados de la consulta pública abierta por el Gobierno sobre la 
opa lanzada por el BBVA al Sabadell, al entender que no existe la 
urgencia que se pretende.
En un auto fechado ayer, la Audiencia 
explica que la decisión sobre la operación corresponde al Consejo de 
Ministros, que es el que en última instancia debe resolver si mantiene, 
endurece o suaviza los requisitos expuestos el pasado mes de mayor por 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Es por lo tanto el Ejecutivo el que debe evaluar si la opa afecta o no 
al interés general, como afirmaba el bufete en su recurso.
El Ministerio de Economía abrió una consulta pública del 6 al 16 de mayo
 para recabar la opinión de cualquiera que considerara que la opa del 
BBVA al Sabadell afecta al interés general, después de que la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobara la operación 
sujeta a una serie de compromisos.
La idea era escuchar la opinión de terceros para que el Ministerio de 
Economía, con toda la información disponible, decidiera si elevaba la 
cuestión al Consejo de Ministros, como finalmente hizo, lo que abre la 
puerta a que el Ejecutivo imponga nuevas condiciones que compliquen la 
operación para el BBVA.
La consulta, indica el auto, es un mero "trámite no cualificado que no 
decide ni directa ni indirectamente sobre el fondo del asunto", y la 
decisión de elevar la consulta al Consejo de Ministros cuenta, "como 
hecho base", con la particularidad de que cinco ministerios con 
competencias económicas -Industria, Transición Ecológica y Reto 
Demográfico, Seguridad Social e Inclusión y Trabajo, y Economía- lo 
habían pedido.
La Audiencia recuerda que "cualquiera que sea" la decisión que adopte el
 Ejecutivo, puede ser cuestionada ante el órgano jurisdiccional 
competente, el Tribunal Supremo.
El auto de la Audiencia Nacional cuenta con el voto particular del magistrado Francisco Díaz Fraile,
 que señala que la "especial urgencia" viene dada por el hecho de que el
 ministro de Economía haya elevado la decisión "sobre la concentración 
económica en cuestión al Consejo de Ministros".
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