VALENCIA.- El grupo parlamentario Compromís ha presentado en Les Corts una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Consell a tramitar «con urgencia» un Plan de Acción Territorial (PAT) específico para la implantación de instalaciones de energías renovables en la Comunitat Valenciana.
El diputado de Compromís Vicent Granell ha señalado que el objetivo es «establecer una planificación clara y coherente que permita compatibilizar la transición energética con la protección del territorio, la actividad agrícola, el paisaje y los intereses de las poblaciones afectadas», según ha informado la coalición en un comunicado.
Granel ha apuntado que esta propuesta «llega después de que el Consell haya dado barra libre a los macroproyectos, y de que el actual despliegue de instalaciones fotovoltaicas y eólicas se realice de forma caótica y sin control público».
A su juicio, «el problema no es apostar por las renovables, sino hacerlo sin ningún orden ni criterio».
«Ahora mismo se autorizan macroproyectos en cadena en zonas agrícolas o paisajísticamente sensibles, sin que exista un plan territorial claro que diga dónde sí y dónde no. Permitimos que los fondos de inversión decidan el futuro de nuestro territorio».
En este sentido, ha hecho referencia al caso de Onda (Castellón), donde «en tan solo cinco kilómetros se prevé una concentración de grandes plantas fotovoltaicas que podrían afectar gravemente al sector agrícola y al paisaje».
«Entidades como ASOCIEX y la Unió de Llauradors alertan de que la zona citrícola podría sufrir un impacto económico de hasta 22 millones de euros por campaña», ha remarcado.
El diputado de Compromís ha lamentado que los ayuntamientos están «desbordados» y «sin herramientas para frenar u ordenar este despliegue». Por ello, ha apostado por «dotarles de instrumentos legales y de una hoja de ruta clara, que solo puede venir de un Plan de Acción Territorial específico».
La PNL registrada por Compromís propone medidas concretas para reconducir el despliegue energético, como la tramitación «urgente» de un Plan de Acción Territorial para energías renovables, la modificación de la Ley de Simplificación Administrativa para «facilitar la suspensión de licencias en casos de saturación o impacto acumulado», el cumplimiento «efectivo» de las garantías económicas para promotores que no cumplen plazos o abandonan proyectos, o la aceleración del Catálogo de Paisajes del Vino para «proteger zonas como las del Vinalopó, amenazadas por macroparques energéticos».
«No se trata de frenar la transición energética, sino de hacerla bien. Queremos un modelo con participación local, con retorno social y que respete el paisaje, la agricultura y el territorio. Lo que no queremos es repetir los errores del urbanismo salvaje, ahora con placas y aerogeneradores», ha incidido Granell.
Y ha añadido: «La planificación es la clave para agilizar y ordenar el despliegue de renovables. Si hacemos una buena zonificación previa, podremos autorizar proyectos con más rapidez y con menos conflictos que con el desorden actual».
Desde la coalición han subrayado que defienden un modelo de energías renovables «descentralizado, con implantación prioritaria en cubiertas, zonas industriales degradadas y espacios previamente planificados, con participación de los ayuntamientos, la ciudadanía y el tejido local».
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