ALICANTE.- Compromís en Les Corts Valencianes ha presentado una proposición no de
ley, de tramitación especial de urgencia, para aprobar una comisión de
investigación sobre la adjudicación de la promoción de vivienda
protegida de la cooperativa residencial Les Naus de Alicante, así como
el resto de este tipo adjudicadas en la legislatura, y que se publiquen
los criterios, baremos, puntuaciones, listas de espera, informes de
verificación y mecanismos de control, así como el retorno social real
del suelo público, tras la polémica suscitada en torno a este caso.
La coalición pide también modificar la normativa actual en materia de
vivienda de protección pública de manera que se garantice el acceso
"preferente" de las ventas bajas; las mismas condiciones de acceso a
viviendas protegidas de promoción pública y privada; la calificación
permanente y su desmercantilización; la adecuación de los precios al
poder adquisitivo de la ciudadanía o impulsar un "cambio profundo" del
modelo que promueve el Plan VIVE, dotando a las políticas públicas de
vivienda de una financiación adecuada de manera que la construcción de
pisos en suelo público --tanto de la Generalitat Valenciana o
municipal-- tenga como prioridad la ampliación efectiva del parque
público.
En la proposición también se exige al PP que asuma
"todas las responsabilidades políticas derivadas de este escándalo",
incluyendo "explicaciones públiques completas y medidas para ningún
cargo o entorno público vuelva a beneficiarse directa o indirectamente,
de políticas destinadas a la ciudadanía con necesidad residencial".
En una rueda de prensa en Alicante, la portavoz adjunta de Compromís
en Les Corts, Aitana Mas, ha denunciado que lo sucedido en Les Naus es
"una práctica habitual del PP: abrirle la puerta a la empresa privada
para que expolie los recursos públicos contra aquellas personas que, de
verdad, necesitan VPO", en lo que ha denominado "una perversión de un
sistema que se creó para personas que realmente necesitan una vivienda".
A su juicio, el Partido Popular "sigue utilizando las instituciones
para hacer chanchullos" y considera que, en este caso, el alcalde de
Alicante, Luis Barcala, es "títere de una trama supuestamente corrupta
en cuanto a la adjudicación de estas viviendas y que además no solo el
Ayuntamiento está implicado, sino también la Generalitat Valenciana".
"Nosotros evidentemente vamos a pedir responsabilidades pero lo que
está claro es que falta también una política de transparencia y de lucha
contra la corrupción en este sistema. No puede ser que la gente no
llegue a final de mes, que no pueda pagar el alquiler y que no pueda dar
de comer a sus hijos con dignidad y que mientras tanto los gobernantes
del Partido Popular estén haciendo chanchullos para poder darle a los
amigos y a las amigas de turno una vivienda en una urbanización de lujo
cerca de la playa para que estas personas puedan vivir especulando
además" con ella, ha reprochado.
Por ello, ha indicado que en los próximos días presentarán una batería
de propuestas "para que esto no vuelva a ocurrir y que la gente tenga
luz y taquígrafos en la adjudicación de viviendas públicas, que además
son una de las emergencias principales que hay hoy en día en nuestra
sociedad".
Sobre el funcionario expedientado por la
Generalitat por el caso de Alicante, Mas ha señalado que cuando un
empleado público no cumple "el régimen mínimo ético al que se compromete
cuando opta a la plaza, da igual en qué departamento esté o qué
gobierno esté gobernando. No es un problema de una persona única o un
problema individual de un funcionario; es que estaba dentro de una trama
muy grande en colaboración con el Partido Popular y con el Ayuntamiento
de Alicante. No es un caso aislado", ha sostenido.
Al
respecto, ha apuntado "lo que está pasando ahora es precisamente que
están generando esas actitudes que son propias de un pasado, son propias
del Partido Popular y de una etapa que es la más oscura que hemos
vivido en esta Comunidad", y ha lamentado que "ahora volvemos, de la
mano del Partido Popular a priorizar las empresas frente a las personas
que necesiten un lugar donde vivir".
Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Compromís en Alicante,
Rafa Mas, ha pedido "llamar las cosas por su nombre" porque "esto es una
trama criminal organizada para traficar con pisos de protección
pública" y se ha preguntado si el alcalde Barcala conocía un informe de
patrimonio municipal, antes de que se hiciera público el caso, "que
hablaba de incompatibilidades" y si abrió una investigación.
Asimismo, se pregunta por qué seguía manteniendo a la concejala de
Urbanismo si sabía previamente que tenía un piso de protección pública y
si conocía que directora general dimitida también tenía familiares
"agraciados".
"Mande hoy mismo a la Policía Local o, en su
defecto, a la Nacional piso a piso para saber si allí está viviendo la
gente que ha sido adjudicataria o lo están alquilando. Estamos
recibiendo anuncios de todo tipo diciendo que esos pisos se están
alquilando por 1.200, 1.300 euros... porque obviamente son viviendas de
lujo", ha instado, y ha pedido que inicie una investigación "piso a
piso" y que reclame a Aguas de Alicante o al padrón que verifiquen que
estas viviendas "están siendo ocupadas como vivienda habitual" o si
están vacías.
"No está haciendo absolutamente nada porque
obviamente es el presunto cabecilla de esta trama criminal organizada o
responsable de manera directa o indirecta porque él eligió a la
concejala del Urbanismo cuando había sido adjudicataria", ha mantenido y
él "puso a dedo a la directora general junto con el apoyo de Vox" y "la
puso como secretaria de la mesa de contratación".
El edil ha
recalcado que el suelo público donde se encuentra la promoción "se
vendió por 6,6 millones de euros", por debajo del precio del mercado,
para construir vivienda pública.
"¿Dónde están esos 6,6 millones de
euros de la generación de suelo a esta cooperativa que tenía que haber
sido destinada para vivienda social?", se ha preguntado, y cree que
Barcala debe dar "muchas explicaciones".
Por su parte, Ximo
Perles, portavoz en la Diputación de Alicante, ha anunciado una moción
al pleno y en los ayuntamientos de la provincia "para ver hasta qué
punto el Partido Popular está de acuerdo o no en este modus operandi.
Así al final no estamos hablando de derecha o izquierda, estamos
hablando de ladrones u honrados".
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