La Diputación niega haber ofrecido a ayuntamientos la gestión del bono consumo a través de Facpyme

 ALICANTE.- La vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante, Ana Serna, del PP, ha negado que la institución provincial ofreciera a los municipios la gestión del bono comercio a través de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme) y ha insistido en que fueron los consistorios los que "con total autonomía y libertad eligieron cómo hacerlo".

Así lo ha indicado Serna en un comunicado, después de que el grupo socialista haya afirmado que la gestión de este programa estaba "completamente articulada y preasignada" a Facpyme "incluso antes de la puesta en marcha oficial del programa".

Todo ello, en un contexto marcado por el hecho de que el presidente de Facpyme, Carlos Baño, quien además preside la Cámara de Comercio de Alicante, figura como único imputado en la causa judicial que investiga posibles irregularidades en la gestión de este programa de la Diputación para municipios de esta provincia durante 2022 y 2023.

La causa está abierta inicialmente por un supuesto delito de estafa y/o fraude en subvenciones que la Policía cifra de forma preliminar en cantidades sin justificar de algo más de 100.000 euros.

Baño comparecerá el próximo 27 de abril en la comisión de investigación sobre este programa que quedó constituida el pasado lunes en la Diputación de Alicante, según confirmó la vicepresidenta primera.

Ante las manifestaciones del PSPV, Serna ha dicho que "es absolutamente falso" que desde la Diputación se hicieran campañas de promoción del bono comercio "incluyendo a Facpyme como entidad colaboradora de la gestión".

La vicepresidenta primera ha defendido el "proceder" de la Diputación de Alicante y ha negado "la existencia de una planificación dirigida a beneficiar a Facpyme o a la Cámara de Comercio como entidades gestoras" del bono.

"En ningún momento las bases de la convocatoria ni la promoción de esta campaña por parte de esta institución contenían ninguna referencia a Facpyme ni a la Cámara de Comercio como entidades gestoras", ha defendido la diputada del PP.

Y ha añadido: "La implicación de estas dos entidades en este proceso se limita a que representan al sector comercial y, por ello, nos trasladaron en su momento las necesidades del mismo por los efectos negativos que la pandemia o la guerra de Ucrania estaba teniendo sobre el consumo en los comercios de la provincia".

En este sentido, ha resaltado que la institución "articuló esta convocatoria siguiendo lo que establece la Ley de Subvenciones".

 "Como con cualquier otra convocatoria, la Diputación se limitó a aprobar las bases y a resolver la misma según establece esta ley", ha agregado.

Serna ha reiterado que los consistorios "percibieron las ayudas" que les correspondían y, "con total autonomía local y libertad", establecieron los mecanismos "que consideraron más oportunos para la gestión del bono consumo".

"Si lo que denuncia la oposición fuera cierto, los ayuntamientos hubieran gestionado esta campaña con alguna de estas entidades, cuando lo cierto es que la mayoría no lo hizo", ha señalado la vicepresidenta primera.

Finalmente, Serna, quien ha indicado "que la tramitación de las ayudas estuvo en todo momento fiscalizada tanto por los servicios municipales como por la propia Diputación", ha acusado al grupo socialista de "querer machar la imagen de esta Diputación a sabiendas de que detrás de esta cuestión no hay nada irregular".