La coordinadora La Vega Baja no se Vende ha organizado para el día 24 de este mes una marcha en protesta por la urbanización del último kilómetro virgen de las playas de Orihuela, la ya famosa Cala Mosca.
Esta plataforma también ha aprovechado la aprobación en el Pleno del pasado martes de 1.500 viviendas en ese suelo para exigir a la Generalitat Valenciana que promueva la protección urbanística del terreno «y elimine la actual clasificación como urbanizable», explica el portavoz de La Vega no se Vende, Miguel Ángel Pavón.
Los ecologistas marcharán desde Cala Mosca, donde han quedado el sábado a las once de la mañana, hasta Punta Prima. El recorrido aprovechará el trazado de la vía pecuaria de la Cañada de la Costa, que con un ancho de veinte metros atraviesa el sector que urbanizará el Grupo Gomendio y que ocupa 24.000 metros cuadrados del mismo.
Pavón reivindica la actuación del Consell para que, en primer lugar, «excluya del sector los terrenos de la vía pecuaria de la Cañada de la Costa, que son terrenos públicos propiedad de la Generalitat que no han sido deslindados ni amojonados».
Asimismo, consideran necesario que se tomen medidas para que el medio millón de metros cuadrados que «se pretenden cementar en primera línea de costa ha de integrarse en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) de Cabo Roig», un LIC fundamentalmente marino con el que son colindantes los terrenos del sector.
En el Pleno del martes, la edil de Urbanismo, Eva Ortiz, explicó que el Ayuntamiento cuenta con informes en los que no se establece la protección del terreno como extensión del lugar de interés comunitario de Cabo Roig.
www.laverdad.es
Esta plataforma también ha aprovechado la aprobación en el Pleno del pasado martes de 1.500 viviendas en ese suelo para exigir a la Generalitat Valenciana que promueva la protección urbanística del terreno «y elimine la actual clasificación como urbanizable», explica el portavoz de La Vega no se Vende, Miguel Ángel Pavón.
Los ecologistas marcharán desde Cala Mosca, donde han quedado el sábado a las once de la mañana, hasta Punta Prima. El recorrido aprovechará el trazado de la vía pecuaria de la Cañada de la Costa, que con un ancho de veinte metros atraviesa el sector que urbanizará el Grupo Gomendio y que ocupa 24.000 metros cuadrados del mismo.
Pavón reivindica la actuación del Consell para que, en primer lugar, «excluya del sector los terrenos de la vía pecuaria de la Cañada de la Costa, que son terrenos públicos propiedad de la Generalitat que no han sido deslindados ni amojonados».
Asimismo, consideran necesario que se tomen medidas para que el medio millón de metros cuadrados que «se pretenden cementar en primera línea de costa ha de integrarse en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) de Cabo Roig», un LIC fundamentalmente marino con el que son colindantes los terrenos del sector.
En el Pleno del martes, la edil de Urbanismo, Eva Ortiz, explicó que el Ayuntamiento cuenta con informes en los que no se establece la protección del terreno como extensión del lugar de interés comunitario de Cabo Roig.
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El PSOE de Orihuela a través de su secretaria general, Antonia Moreno, exige la realización de una auditoría externa al Ayuntamiento de Orihuela. Los socialistas piden este estudio del estado en el que se encuentran las arcas municipalees después de que la juez haya llamado a declarar a la edil de Hacienda, Paz Chazarra, acerca del informe de los servicios de Intervención que a finales del 2004 determinaron un descuadre en la contabilidad municipal cercano a los diez millones de euros.
ResponderEliminarAntonia Moreno considera «de vital importancia» que los ciudadanos puedan conocer el estado real de las cuentas municipales, «porque necesitables saber dónde está nuestro dinero y si alguien se ha quedado con lo que no es suyo». La candidata a la Alcaldía por el PSOE añade que «hay que pedir una auditoría externa inmediatamente, pues es la única manera de enfrentarse con valentía al nuevo gobierno municipal de Orihuela». Así, considera que la nueva gestión económica debe esta fundamentada en un plan de viabilidad que parta de datos reales.
La Asociación de Vecino San Miguel Arcángel se ha cansado de esperar una respuesta a las numerosas denuncias y alegaciones que han presentado sobre diversos temas, principalmente urbanísticos, en el municipio de San Miguel de Salinas. Ayer, el presidente de este colectivo, Manuel Gómez, anunció que ya han solicitado entrevistarse con la delegación de parlamentarios de la Unión Europea que tienen previsto acudir a la comarca a finales de mes para investigar el urbanismo en la Vega.
ResponderEliminarEl colectivo vecinal ha decidido denunciar ante la Unión Europea temas que aquí han denunciado en reiteradas ocasiones sin obtener solución alguna. Así, Gómez señala algunos como el suministro de agua contaminada por nitratos en la urbanización Blue Lagoon de la localidad salinera, el Plan General de Ordenación Urbana y el plan parcial de Los Invernaderos.
« El Plan General prevé la construcción de 40.128 viviendas, un aumento de población de 100.320 habitantes, recursos hídricos procedentes del derogado Trasvase del Ebro y 46.147 toneladas de basura», explica el presidente de los vecinos. La queja que tienen de este proyecto es el fuerte impacto social y paisajístico del mismo, así como la falta de infraestructuras para atender a toda esta población. Más aún cuando, tal y como afirman, en el suministro actual de agua para la población de 7.000 habitantes «que se duplicará en breve por el desarrollo de dos planes urbanísticos aprobados carece del pertinente suministro de agua potable».
Se trata, una vez más, de las 3.000 viviendas de la urbanización Blue Lagoon, «que reciben agua contaminada por nitratos». Los otros dos son La Balsa con 750 viviendas y Los Invernaderos con 2.000 casas, «que carecen de cupo de agua asignado por la Confederación Hidrográfica».
Sin depuradora
Los vecinos añaden a sus críticas que las viviendas de San Miguel, «presentes y futuras», carecen de una depuradora de aguas residuales y «tampoco existe vertedero alguno donde evacuar potenciales residuos».
A juicio del colectivo vecinal, «con ejemplos como estos causa verdadero pavor, una auténtica amenaza, poner en manos de nuestros munícipes un Plan General de tal magnitud». Hace apenas dos meses la Conselleria le dio el visto bueno al documento presentado por el Ayuntamiento, aunque para la Asociación San Miguel Arcángel «sin lugar a dudas, los potenciales beneficios de estas actuaciones urbanísticas serían insuficientes para paliar las enormes carencias, presentes y futuras, como lo ha sido hasta ahora el enorme crecimiento experimentado por San Miguel en los últimos años», concluyen.
De La Verdad
La Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU) ha denunciado que la mayoría de los planes parciales de la costa de Orihuela no cumplen con la obligación legal de destinar el 10% a zonas verdes y de cesión obligatoria de aprovechamiento y de terrenos para el patrimonio municipal de suelo. Esta entidad impulsó la investigación judicial por la masiva construcción de casas en suelo no urbanizable en Catral.
ResponderEliminarLa crítica de AECU se produce a raíz de la decisión del Ayuntamiento oriolano, gobernado por el PP, de urbanizar el último tramo aún a salvo de las edificaciones, la cala de la Mosca, un tramo de 2 kilómetros entre el mar y la N-332. "Todo lo demás está ya edificado. Más aún, está en su mayoría masificado con las características distintivas de los vampiros del urbanismo oriolano: el ex alcalde Luis Fernando Cartagena, con José Manuel Medina como edil de Urbanismo y luego con éste como alcalde", afirma Honorio Fernández, presidente de AECU.
El colectivo pone como ejemplo de esas irregularidades las urbanizaciones de la Zenia y Villamartín. En la primera, hay carencias de zonas verdes y espacios públicos en la proporción que exige la ley -10% del total de superficie ordenada por cada plan parcial-. "Peor aún, parte de esa recortada zona verde pública fue posteriormente revendida y edificada", precisa Fernández. Y en cuanto a Villamartín, subraya que la avenida que discurre entre la N-332 hasta la urbanización debía tener 12 metros de calzada y dos metros de acera a cada lado. "Y no los tiene. Han privatizado las calles para ganar terreno en venta", asevera Fernández.
El colectivo de usuarios de urbanismo pide a los fiscales que investiguen la evolución del patrimonio de los concejales del PP de Orihuela, "así como la evolución del patrimonio del secretario y del arquitecto municipal".
De EL PAÍS-CV