ALICANTE.- En Alicante, un tercio de los titulares de explotaciones agrícolas ha abandonado en los últimos cinco años su actividad. Además, los profesionales con actividad principal con más de sesenta años suponen ya el 67% del total. En el sector pesquero, las cosas no evolucionan mucho mejor, ya que muchos patronos han tenido que recurrir a jóvenes inmigrantes ante la falta de vocaciones de españoles.
«La profesión agrícola y la continuidad de esta actividad ancestral están en estos momentos en serio riesgo», según explica el secretario general de Unió de Llauradors-Coag, Joan Brusca. Esta organización ha elaborado un reciente informe con ocasión de la campaña El campo es vida: hazlo tuyo. «Los actuales datos son como para ponerse a temblar», añade el dirigente agrícola.
Uno de esos primeros datos revela que la pérdida de superficie agrícola cultivada en los últimos quince años se eleva en la provincia a 59.689 hectáreas. La pérdida explotaciones se produce en todo tipo de cultivos, especialmente en los frutales y viñedo y sólo crece en el olivar en el período 1990-2005.
Además, los titulares de explotaciones agrícolas en la provincia menores de 35 años han pasado de representar el 5,86% del total, según el censo agrario del año 1999, a sólo el 3,74%. La caída es prácticamente a la mitad. En los últimos cinco años, se ha pasado de casi 6.000 jóvenes agricultores en activo a sólo 3.300. En porcentaje, hay muchos menos agricultores jóvenes en Alicante que en España o la Unión Europea.
El informe pone de manifiesto unos datos que no tienen contestación, según Coag. El número total de titulares de explotaciones en el año 1999 era de 51.204 y en el año 2003 suman 34.344. La reducción ha sido del 33%, o sea, un tercio de profesionales en activo. La inmensa mayoría de ellos, alrededor de tres cuartas partes, corresponde a titulares con explotaciones de entre 1 y 5 hectáreas de superficie.
Con una hectárea
Los titulares de explotación que en mayor número abandonan la profesión y la actividad principal son los que disponen de diez mil metros cuadrados de superficie cultivable. Han pasado de 20.460 a 9.608 titulares de una hectárea en el período 1999-2003.
«Los datos demuestran que el envejecimiento de los agricultores alicantinos configura una situación preocupante y con graves consecuencias, al mismo tiempo que el recambio generacional es cada vez menor», añade Brusca. Asegura que la distribución geográfica del sector agrario es una pirámide invertida, «justo lo contrario de cómo han de ser las pirámides poblacionales». Mientas que, en la parte alta, los mayores de 60 años han pasado del 46% al 66% en los últimos cinco años, en la zona baja, los menores de 30 años han bajado del 2,4% al 1,7% del total de profesionales con actividad principal.
Esta situación la vincula Unió-Coag con la falta de perspectivas económicas seguras, y la urbanización masiva y salvaje en todas las comarcas, que afecta al agricultor y acaba por disuadirle para vender sus tierras. Otro motivo del abandono es la falta de calidad de vida en zonas rurales respecto a zonas urbanas, los elevados precios de venta y alquiler de terrenos en comparación con las expectativas de renta y los altos costes para el inicio de la actividad (compra de maquinaria).
Joan Brusca llama la atención, en especial, de la Generalitat, para corregir esta disfunción laboral. Para ello, alude a dos artículos del Estatuto de Autonomía, el 49 y el 18. En ellos se pone de manifiesto que la Generalitat tiene la competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería y que «desde el reconocimiento social y cultural del sector agrario valenciano y de su importante labor en la actividad productiva, en el mantenimiento del paisaje, del territorio, del medio ambiente, de la cultura, de las tradiciones y costumbres más definitorias de la identidad valenciana, la Generalitat adoptará las medidas políticas, fiscales, jurídicas y legislativas que garanticen los derechos del sector, el desarrollo y protección, así como de los agricultores y ganaderos». Brusca pide un plan estratégico para el campo de la Comunidad con un «suficiente marco normativo» y considera que el Plan Millorar para agricultura y ganadería no es la solución: «Los planes no tienen suficiente asignación presupuestaria», subraya.
En el sector pesquero, la evolución del mercado laboral no es mucho más positiva. El secretario de la Federación de Cofradías, Rafael Vizcaíno, admite que ha mejorado algo en el último año, tras la incorporación de jóvenes, sobre todo inmigrantes peruanos, en algunos puertos. El último informe del Comité Económico y Social (CES) revela que el sector también alerta del proceso imparable de envejecimiento, como consecuencia, entre otros factores, de que «la incorporación de trabajadores más jóvenes al sector se encuentra obstaculizada por una evidente falta de motivación.
Esta circunstancia tiene su origen en la falta de remuneración, las condiciones de las tareas pesqueras a bordo, las largas jornadas de trabajo, el desarraigo familiar y las dificultades para incorporarse por primera vez a bordo al tener que superar determinados cursos y requisitos legales.
www.laverdad.es
«La profesión agrícola y la continuidad de esta actividad ancestral están en estos momentos en serio riesgo», según explica el secretario general de Unió de Llauradors-Coag, Joan Brusca. Esta organización ha elaborado un reciente informe con ocasión de la campaña El campo es vida: hazlo tuyo. «Los actuales datos son como para ponerse a temblar», añade el dirigente agrícola.
Uno de esos primeros datos revela que la pérdida de superficie agrícola cultivada en los últimos quince años se eleva en la provincia a 59.689 hectáreas. La pérdida explotaciones se produce en todo tipo de cultivos, especialmente en los frutales y viñedo y sólo crece en el olivar en el período 1990-2005.
Además, los titulares de explotaciones agrícolas en la provincia menores de 35 años han pasado de representar el 5,86% del total, según el censo agrario del año 1999, a sólo el 3,74%. La caída es prácticamente a la mitad. En los últimos cinco años, se ha pasado de casi 6.000 jóvenes agricultores en activo a sólo 3.300. En porcentaje, hay muchos menos agricultores jóvenes en Alicante que en España o la Unión Europea.
El informe pone de manifiesto unos datos que no tienen contestación, según Coag. El número total de titulares de explotaciones en el año 1999 era de 51.204 y en el año 2003 suman 34.344. La reducción ha sido del 33%, o sea, un tercio de profesionales en activo. La inmensa mayoría de ellos, alrededor de tres cuartas partes, corresponde a titulares con explotaciones de entre 1 y 5 hectáreas de superficie.
Con una hectárea
Los titulares de explotación que en mayor número abandonan la profesión y la actividad principal son los que disponen de diez mil metros cuadrados de superficie cultivable. Han pasado de 20.460 a 9.608 titulares de una hectárea en el período 1999-2003.
«Los datos demuestran que el envejecimiento de los agricultores alicantinos configura una situación preocupante y con graves consecuencias, al mismo tiempo que el recambio generacional es cada vez menor», añade Brusca. Asegura que la distribución geográfica del sector agrario es una pirámide invertida, «justo lo contrario de cómo han de ser las pirámides poblacionales». Mientas que, en la parte alta, los mayores de 60 años han pasado del 46% al 66% en los últimos cinco años, en la zona baja, los menores de 30 años han bajado del 2,4% al 1,7% del total de profesionales con actividad principal.
Esta situación la vincula Unió-Coag con la falta de perspectivas económicas seguras, y la urbanización masiva y salvaje en todas las comarcas, que afecta al agricultor y acaba por disuadirle para vender sus tierras. Otro motivo del abandono es la falta de calidad de vida en zonas rurales respecto a zonas urbanas, los elevados precios de venta y alquiler de terrenos en comparación con las expectativas de renta y los altos costes para el inicio de la actividad (compra de maquinaria).
Joan Brusca llama la atención, en especial, de la Generalitat, para corregir esta disfunción laboral. Para ello, alude a dos artículos del Estatuto de Autonomía, el 49 y el 18. En ellos se pone de manifiesto que la Generalitat tiene la competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería y que «desde el reconocimiento social y cultural del sector agrario valenciano y de su importante labor en la actividad productiva, en el mantenimiento del paisaje, del territorio, del medio ambiente, de la cultura, de las tradiciones y costumbres más definitorias de la identidad valenciana, la Generalitat adoptará las medidas políticas, fiscales, jurídicas y legislativas que garanticen los derechos del sector, el desarrollo y protección, así como de los agricultores y ganaderos». Brusca pide un plan estratégico para el campo de la Comunidad con un «suficiente marco normativo» y considera que el Plan Millorar para agricultura y ganadería no es la solución: «Los planes no tienen suficiente asignación presupuestaria», subraya.
En el sector pesquero, la evolución del mercado laboral no es mucho más positiva. El secretario de la Federación de Cofradías, Rafael Vizcaíno, admite que ha mejorado algo en el último año, tras la incorporación de jóvenes, sobre todo inmigrantes peruanos, en algunos puertos. El último informe del Comité Económico y Social (CES) revela que el sector también alerta del proceso imparable de envejecimiento, como consecuencia, entre otros factores, de que «la incorporación de trabajadores más jóvenes al sector se encuentra obstaculizada por una evidente falta de motivación.
Esta circunstancia tiene su origen en la falta de remuneración, las condiciones de las tareas pesqueras a bordo, las largas jornadas de trabajo, el desarraigo familiar y las dificultades para incorporarse por primera vez a bordo al tener que superar determinados cursos y requisitos legales.
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El escenario del sector pesquero sigue arrojando muchas más sombras que luces, según admiten los propios empresarios del ramo. La falta de rentabilidad general por la crisis de precios en origen y por el progresivo aumento de los costes de producción ha obligado a los armadores a enviar directamente al desguace a 30 barcos pesqueros en el último año. Es la mayor cifra que se recuerda en el sector, porque viene a ser la mitad de todos los buques arrastreros o de cerco inmovilizados desde que empezó el siglo.
ResponderEliminarDe que «no existe a medio plazo un futuro prometedor» alerta de nuevo la Federación de Cofradías de Pescadores de Alicante en el último informe de balance anual remitido al Comité Económico y Social (CES) de la Comunidad Valenciana. En este análisis, el presidente de la federación, Vicent Català Femenía, informa no sólo de los barcos inutilizados, sino de las capturas y los ingresos del sector, así como de diversos problemas estructurales que abocan a esta actividad primaria a una certera persistencia poco menos que simbólica.
A finales del año 2006, las embarcaciones censadas en los puertos alicantinos desciende a la cifra de 284 unidades, de las que 158 son arrastreros, 11 barcos de cerco y apenas 115 de artes menores. El número de tripulantes ha descendido igualmente por debajo de la barrera de los 1.000. Ahora mismo sólo se enrolan con carácter profesional 953 pescadores. Hace apenas dos años, las tripulaciones superaban las 1.400 personas.
Se ha producido una inmovilización y abandono total de 16 barcos de arrastre, 2 de cerco y 10 de artes menores, de acuerdo con este informe de la Federación de Cofradías. Es la mayor cantidad que recuerden los representantes del sector y supone sólo la mitad que los barcos retirados del mercado en todo el último sexenio.
Vicent Català expone los motivos que han conducido a la situación actual, que no son nuevos, sino agravados: «Las facilidades fijadas por los planes de reconversión de la flota y los problemas añadidos en materia de gestión de recursos, los incrementos de los costes de explotación, las exigencias en materia de seguridad y la falta de una adecuada comercialización».
Ayudas
Según el sector, estos motivos «hacen escasamente rentable la actividad pesquera tanto para los armadores como para las tripulaciones, por lo que cada vez es mayor el número de empresas pesqueras que se acogen a las ayudas establecidas para la paralización definitiva de la actividad al comprobar que no existe un futuro más prometedor a medio plazo».
La rentabilidad del sector no mejora porque la ecuación a más capturas, más ingresos no se cumple ni por asomo. En línea con lo publicado por este diario el pasado verano tras dar a conocerse la última memoria del CES, las capturas desembarcadas crecen mucho menos que los ingresos del sector. En el año 1998 había 20.076 toneladas de pescado desembarcado que valían 51 millones de euros. Diez años después, las cifras son 19.067 Tm y 53,7 millones. Ahora, el último informe enviado por la Federación de Cofradías de Pescadores al CES revela que las toneladas desembarcadas en los puertos alicantinos han aumentado en el año 2007 un 36,4% mientras que el incremento del valor de los ingresos se queda en un 10,14%. Y ello pese a que el sector de cerco fijó, dentro de su política de contención de los precios si no de elevar las cotizaciones, un cupo diario de desembarco de sardina y otro pescado azul de 300 cajas por embarcación.
Vicent Català afirma en su análisis anual: «Advertimos que el sector pesquero alicantino está viviendo una situación muy crítica como consecuencia del incremento de los costes de explotación y de los bajos precios que obtienen de sus productos».
Países terceros
Los pescadores denuncian que los precios de peces, moluscos y crustáceos extraídos de la bahía alicantina no llegan a alcanzar la cotización que merecen las Lonjas y, en momentos o épocas puntuales, el precio que obtienen determinadas especies «es tan bajo que obliga a retirarlo del mercado». Según Vicent Català, «gran parte de la culpa de las bajas cotizaciones la tiene el generalizado descontrol que existe sobre las importaciones de pescado amparadas por los tratados con los países terceros; se llega incluso a recibir importantes partidas de pescado de talla inferior a la permitida a nuestros buques y por cuya contravención son fuertemente sancionados». La crisis de precios sigue obsesionando al sector primario alicantino.
De "La Verdad"