ALICANTE.- La Fiscalía de la Audiencia de Alicante estudia descongestionar de trabajo al fiscal Anticorrupción de esta provincia, Felipe Briones, para que éste pueda "centrar" su atención en aquellas diligencias que precisan de una mayor dedicación por su importancia, según ha dicho el responsable del Ministerio Público, José Antonio Romero.
El estudio de esta iniciativa fue adoptado en una reunión de trabajo celebrada entre el propio Romero, Briones y el teniente fiscal, Juan Carlos López Coig.
A lo largo del encuentro de trabajo, los tres fiscales analizaron tanto el volumen como el contenido del trabajo que actualmente tiene la Fiscalía Anticorrupción de Alicante.
Tras la reunión, Romero informó a los periodistas de que la Fiscalía alicantina estudiará una posible descongestión de la labor de Briones con el objeto de que éste concentre su labor en los asuntos más importantes, aunque eludió precisar qué diligencias requerirán una mayor atención por la Fiscalía Anticorrupción.
El importante número de expedientes que acumula esta fiscalía alicantina fue subrayado el pasado 24 de mayo por el propio Romero, quien abogó por la incorporación de un segundo fiscal Anticorrupción para la provincia.
"Está sobrecargado de trabajo con todos los temas que lleva", dijo Romero en alusión a labor de Briones. "Trabaja demasiado y son temas muy importantes, y yo, desde luego, no podría hacer más de lo que está haciendo él", agregó.
Actualmente, Briones (en la fotografía) estudia numerosas denuncias relacionadas con aspectos urbanísticos y políticos en diversos municipios de la provincia, como Orihuela, Alicante, Elda y Torrevieja.
El fiscal alicantino investiga también el contenido de las grabaciones que el industrial oriolano Ángel Fenoll realizó de sus conversaciones con el concejal de Centro Liberal (CL) del Ayuntamiento de Orihuela Jesús Ferrández en relación con la contrata municipal de basura de Orihuela.
Una de las primeras decisiones de este asunto, que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, fue la detención e ingreso en prisión del citado empresario, un hijo de éste y el gerente de la empresa Colsur, Javier Bru, por presuntos delitos de cohecho, extorsión, amenazas y tráfico de influencias.
En Elda, Esquerra Unida denunció a esta Fiscalía ocho actuaciones urbanísticas en las que, presuntamente, y según esta formación política, se han cometido irregularidades y en las que considera que el alcalde, el socialista Juan Pascual Azorín, "es cómplice".
El alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, figura como imputado por Anticorrupción de Alicante por supuestos delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada en relación con la compra y venta de tres fincas rústicas, así como por pagos municipales realizados durante los últimos años mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito.
Otro alcalde, el de Alicante, Luis Díaz Alperi, figura imputado, junto a los concejales de Tráfico y Urbanismo, por su supuesta implicación en unos modificados de presupuesto a favor de la empresa Ortiz e Hijos que, según estima el fiscal, pudieron causar pérdidas al consistorio por 2,26 millones de euros.
Alperi también ha sido denunciado a Anticorrupción por el representante de Vecinos por Alicante, José Luis Valdés, por conceder sin contrato la redacción del Plan General de Ordenación Urbana a dos arquitectos.-(EFE)
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