MADRID.- El ex ministro de Defensa Federico Trillo atribuye la responsabilidad de la contratación del avión Yakovlev-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) causando la muerte a 62 militares españoles, al Estado Mayor Conjunto (EMACON), según explicaron fuentes de la Asociación de Víctimas del Yak-42.
En los 23 folios del escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 3, al que hoy tuvieron acceso las partes, Trillo mantiene que la responsabilidad última de la contratación del avión correspondió al EMACON, tal y como defendió en la comparecencia que realizó ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados en junio de 2005.
Trillo remitió su comunicación el pasado día 14 al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que investiga las posibles irregularidades que pudieron cometerse en la contratación del aparato, después de que haberse acogido a su derecho de declarar por escrito tras ser citado como testigo.
La declaración del ex ministro sigue la misma línea que la de los cuatro mandos militares que comparecieron ante el juez el pasado 13 de febrero, que defendieron que antes del accidente no se recibieron quejas sobre la seguridad de los aviones que se habían contratado a países de la ex Unión Soviética.
En este sentido se manifestaron el general Luis Alejandre Sintes, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra en el momento del accidente; el teniente general Juan Luis Ibarreta, jefe del EMACON; y el general Manuel Estellés, responsable del Mando Aéreo de Levante (MALEV) en la fecha en la que se produjo el siniestro.
Tras la declaración de Trillo comparecerá como testigo de la causa su sucesor en el Ministerio de Defensa José Bono, al que el juez citó hoy a declarar para el próximo día 3 de abril.
Además de la comparecencia de Bono está pendiente la declaración de los representantes de la empresa británica Champan Freeborn, a la que la agencia de la OTAN Namsa subcontrató el alquiler del avión. En una comunicación remitida el pasado día 13, su representante legal, Carol Norman, solicitó al juez que le permita testificar en el Reino Unido mediante una comisión rogatoria.
En la causa, que la Sala de lo Penal obligó a reabrir en noviembre de 2007 después de que Grande-Marlaska la archivara, han comparecido el ex secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte, y otros cuatro mandos militares.
Asimismo, testificaron el ex presidente de la Asociación de Familiares de las víctimas, un perito aeronáutico propuesto por la acusación que atribuyó el accidente al cansancio de los pilotos y un comandante que recibió un correo electrónico de un colega en el que le decía que el avión siniestrado había sido contratado a "piratas aéreos"
En los 23 folios del escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 3, al que hoy tuvieron acceso las partes, Trillo mantiene que la responsabilidad última de la contratación del avión correspondió al EMACON, tal y como defendió en la comparecencia que realizó ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados en junio de 2005.
Trillo remitió su comunicación el pasado día 14 al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que investiga las posibles irregularidades que pudieron cometerse en la contratación del aparato, después de que haberse acogido a su derecho de declarar por escrito tras ser citado como testigo.
La declaración del ex ministro sigue la misma línea que la de los cuatro mandos militares que comparecieron ante el juez el pasado 13 de febrero, que defendieron que antes del accidente no se recibieron quejas sobre la seguridad de los aviones que se habían contratado a países de la ex Unión Soviética.
En este sentido se manifestaron el general Luis Alejandre Sintes, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra en el momento del accidente; el teniente general Juan Luis Ibarreta, jefe del EMACON; y el general Manuel Estellés, responsable del Mando Aéreo de Levante (MALEV) en la fecha en la que se produjo el siniestro.
Tras la declaración de Trillo comparecerá como testigo de la causa su sucesor en el Ministerio de Defensa José Bono, al que el juez citó hoy a declarar para el próximo día 3 de abril.
Además de la comparecencia de Bono está pendiente la declaración de los representantes de la empresa británica Champan Freeborn, a la que la agencia de la OTAN Namsa subcontrató el alquiler del avión. En una comunicación remitida el pasado día 13, su representante legal, Carol Norman, solicitó al juez que le permita testificar en el Reino Unido mediante una comisión rogatoria.
En la causa, que la Sala de lo Penal obligó a reabrir en noviembre de 2007 después de que Grande-Marlaska la archivara, han comparecido el ex secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte, y otros cuatro mandos militares.
Asimismo, testificaron el ex presidente de la Asociación de Familiares de las víctimas, un perito aeronáutico propuesto por la acusación que atribuyó el accidente al cansancio de los pilotos y un comandante que recibió un correo electrónico de un colega en el que le decía que el avión siniestrado había sido contratado a "piratas aéreos"
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