SANTA CRUZ DE TENERIFE.- El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado que, en los próximos cinco años, no se podrá ocupar más suelo turístico que el existente en estos momentos en el archipiélago y el Ejecutivo regional “dirige todo el esfuerzo” a incentivar las iniciativas empresariales tendentes a la renovación de la planta alojativa que está “obsoleta”.El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del anteproyecto de ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo para, a partir de ahora, iniciar un “período de contacto y transparencia” con otras instituciones públicas y empresas y, una vez que se alcance el “máximo consenso posible”, se elevará por tramitación urgente al Consejo Consultivo con las alegaciones que se puedan introducir.
Posteriormente regresará al Gobierno para su aprobación definitiva y se trasladará al Parlamento, según explicó el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel, que aclaró que el objeto es tener el proyecto de ley en el Parlamento antes del verano.
Berriel indicó que entre las alternativas para el desarrollo de la economía en un momento de “desaceleración” figura que los empresarios podrán solicitar las desclasificación de suelo turístico y pedir la correspondiente indemnización o solicitar un convenio urbanístico para modificar y sustituir sus derechos urbanísticos turísticos por otros en otro lugar dedicados a suelo industrial o uso residencial, dedicando en este caso un 30% a viviendas de protección oficial.
El consejero apuntó que dicho anteproyecto se ha adoptado “de forma colegiada y además da respuesta de forma rigurosa al documento que sirvió de base para establecer el pacto de gobierno con el PP”, por lo que destacó que “no ha habido ni la más mínima discrepancia en esta cuestión”.
Berriel destacó que con este anteproyecto de ley “se trata de dinamizar la economía y los sectores productivos y retirar las trabas que pueden evitarse y desburocratizar aquello que pueda simplificarse en materia de ordenación del territorio, pensando en la dinamización del sector industrial, agropecuario y del desarrollo del medio rural”.
La nueva ley “supone desatascar bastante el nuevo marco de planeamiento urbanístico de Canarias para posibilitar también disponer de suelo necesario para las actividades productivas y los servicios públicos”, añadió.
El anteproyecto de ley permite que el planeamiento municipal habilite suelos industriales que tengan como ámbito y objetivo el municipio. Además, se mantiene la excepcionalidad para que aquellas iniciativas de interés general el gobierno pueda estudiarlas y permitir su implantación en el territorio.
Asimismo, en materia turística el principal objetivo es la búsqueda de la “modernización y adaptación de la planta que está obsoleta con la reconversión real del sector haciéndolo más competitivo, intentando llegar a la excelencia”.
Así, el Gobierno incentivará las iniciativas empresariales tendentes a conseguir esta transformación del sector, acompañando a ello inversiones públicas y facilidades en el planeamiento para poder llevarlas a cabo “mejorando aquellos lugares que estén sobresaturados y mejorando las reconversiones del modelo de ciudad constreñido”, aseveró el consejero regional.
El segundo “gran objetivo” del proyecto de ley en materia turística consiste en no consumir más suelo turístico que el que existe actualmente, ya que el Gobierno considera que la superficie que hay es “suficiente” y requiere “una mejor gestión”.
“No se puede ocupar más suelo del que ya está clasificado desde el punto de vista turístico y todo el esfuerzo va dirigido a la reconversión y en ésta es donde único se enmarca las posibilidades de crecimiento de nuevas plazas como incentivación o premio a los esfuerzos de modernización en la planta alojativa”, añadió Berriel.
Al entender de Berriel, el sector de la construcción se verá “doblemente beneficiado” a raíz de las medidas que incluye este anteproyecto “son suficientemente incentivadoras para que permitan tener la esperanza de que se va a producir la reactivación del sector a través de la renovación de la planta turística”.
Por tanto, los “proyectos que tengan verdadera solvencia económica no van a tener ningún obstáculo para poderse implantar”.
El consejero indicó que este anteproyecto contempla también la regularización de establecimientos turísticos alojativos que, tras la entrada en vigor de la Ley de Directrices, “cumplían sus parámetros urbanísticos pero estaban en construcción o tenían licencias para construir y no autorizaciones previas” o bien con condicionantes por la normativa de seguridad.
Añadió que la nueva ley “abre un camino a la posibilidad de regularización siempre y cuando se acredite que han cumplido con sus deberes urbanísticos”.
Berriel indicó que los siete cabildos deberán entregar cuanto ante sus planes insulares turísticos en la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias y su posterior elevación al Gobierno, mientras que los que no haya hecho este trámite, como Lanzarote y Fuerteventura, deberán elevar un informe al Ejecutivo para decir en qué punto de tramitación se encuentra y dar un programa de terminación que se establece en un año máximo.
Si ello no se cumple el Gobierno regional se subrogará en las competencias y hará los planes territoriales turísticos correspondientes.
Berriel también se refirió a empresarios afectados por la conocida como moratoria turística como Félix Santiago Melián en Costa Botija y Teo Gerlach en Pasito Blanco, que deben ser indemnizados con importantes cuantías por el Gobierno regional tras sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por las pérdidas que han supuesto en sus proyectos en las zonas citadas en Gran Canaria.
Para el consejero, “la ley que especializa la moratoria turística está pensando no en una paralización ''sine die'', sino que en los próximos tres años el crecimiento venga como consecuencia de la renovación”, al tiempo que recordó que el Gobierno ha recurrido dichas resoluciones judiciales.
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