ALICANTE.- El presidente del colectivo de 1.500 personas supuestamente perjudicado por la situación de "Riviera Invest", Miguel Cancela, junto al abogado que los asiste desde el pasado 17 de julio, José Luis Escobar, subrayaron durante un encuentro con los medios de comunicación que «en España, los asuntos económicos no van bien por la vía jurisdiccional penal», según "La Verdad".
Aseguran que, a petición de ellos mismos y a tenor de las diligencias instruidas por la Brigada Central de Policía de Delitos Económicos de Madrid, el fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, reclamó al juez Marlaska prisión incondicional para todos seis detenidos menos para la abogada Susana S. A. y para el responsable financiero de la compañía Luis César D. C.
El asesor legal de los afectados por el caso Riviera no se muestran conformes con el dictamen del juez y ayer desconocían si el empresario de origen francés Roch Claude Tabarot y el consejero delegado, Francisco Fernández, se hallaban ya en libertad: «Suponemos que sí, porque a las ocho de la mañana de ayer ya estaban en la Audiencia Nacional los familiares de Tabarot para depositarla», advirtió ayer el abogado Escobar.
El letrado dijo que «confiaba» en que la Audiencia Nacional y el magistrado Fernando Grande-Marlaska (que tomó declaración a los detenidos en sustitución de Santiago Pedraz, el titular de la plaza por hallarse de viaje) haya tomado todas las medidas oportunas para inmovilizar las cuentas del grupo Riviera allá donde se encuentren.
Según la Asociación de Afectados, la Policía de Delitos Económicos sólo ha encontrado una cuenta con 6 millones de euros en Marruecos, «porque algunas cuentas en España apenas tenían 30 euros», afirmó Escobar. «De no ser así -prosigue el abogado- los afectados no verán ya ni un céntimo, porque hoy es muy fácil hacer transacciones por medio mundo por internet».
Además, los damnificados aseguran que los seis directivos de Riviera tenían poderes mancomunados. Uno solo puede extraer de las cuentas un máximo de 20.000 euros, pero dos mancomunados todo el dinero que quieran, según explica el abogado.
Como ha informado este diario, varias empresas proveedoras de Riviera en Alicante han quebrado o han presentado suspensión de pagos, lo que ha originado un efecto «en cadena» sobre otras muchas pymes más pequeñas, según explica Escobar.
«En Murcia, Granada y Málaga, no ha habido tantas consecuencias empresariales, pero en Alicante sí y muchas sociedades están en situación dramática». Lo achaca a la extensión por parte de Riviera en los últimos meses de avales falsos para garantizar la inversión, a la entrega de pagarés sin fondos y a la escrituración de estudios con numerosas cargas hipotecarias, que ahora reclaman bancos y cajas de ahorros. Estiman en 12 millones de euros esas cargas que los compradores creían liquidadas por la promotora.
El abogado de los afectados también se muestra confiado en que el juez de la Audiencia Nacional acabe citando, en calidad de imputados, a dos notarios y a los representantes de varios bancos (CAM, Caja Rural, CajaMurcia y Banco Popular), que son los principales acreedores de Riviera «y ahora ya están exigiendo el pago de estos créditos a los compradores». Escobar cree que el juez puede citarles «en cualquier momento, porque ya consta su actuación en autos» en la Audiencia Nacional.
Ayer se produjo un incidente en la residencia estudiantil Ulyss de San Vicente. Varios padres fueron a recoger la fianza del año pasado, sin éxito. Cancela y Escobar creen que «todo va a ser abandonado», al aludir a los activos inmobiliarios y de servicios de Riviera Invest.
Aseguran que, a petición de ellos mismos y a tenor de las diligencias instruidas por la Brigada Central de Policía de Delitos Económicos de Madrid, el fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, reclamó al juez Marlaska prisión incondicional para todos seis detenidos menos para la abogada Susana S. A. y para el responsable financiero de la compañía Luis César D. C.
El asesor legal de los afectados por el caso Riviera no se muestran conformes con el dictamen del juez y ayer desconocían si el empresario de origen francés Roch Claude Tabarot y el consejero delegado, Francisco Fernández, se hallaban ya en libertad: «Suponemos que sí, porque a las ocho de la mañana de ayer ya estaban en la Audiencia Nacional los familiares de Tabarot para depositarla», advirtió ayer el abogado Escobar.
El letrado dijo que «confiaba» en que la Audiencia Nacional y el magistrado Fernando Grande-Marlaska (que tomó declaración a los detenidos en sustitución de Santiago Pedraz, el titular de la plaza por hallarse de viaje) haya tomado todas las medidas oportunas para inmovilizar las cuentas del grupo Riviera allá donde se encuentren.
Según la Asociación de Afectados, la Policía de Delitos Económicos sólo ha encontrado una cuenta con 6 millones de euros en Marruecos, «porque algunas cuentas en España apenas tenían 30 euros», afirmó Escobar. «De no ser así -prosigue el abogado- los afectados no verán ya ni un céntimo, porque hoy es muy fácil hacer transacciones por medio mundo por internet».
Además, los damnificados aseguran que los seis directivos de Riviera tenían poderes mancomunados. Uno solo puede extraer de las cuentas un máximo de 20.000 euros, pero dos mancomunados todo el dinero que quieran, según explica el abogado.
Como ha informado este diario, varias empresas proveedoras de Riviera en Alicante han quebrado o han presentado suspensión de pagos, lo que ha originado un efecto «en cadena» sobre otras muchas pymes más pequeñas, según explica Escobar.
«En Murcia, Granada y Málaga, no ha habido tantas consecuencias empresariales, pero en Alicante sí y muchas sociedades están en situación dramática». Lo achaca a la extensión por parte de Riviera en los últimos meses de avales falsos para garantizar la inversión, a la entrega de pagarés sin fondos y a la escrituración de estudios con numerosas cargas hipotecarias, que ahora reclaman bancos y cajas de ahorros. Estiman en 12 millones de euros esas cargas que los compradores creían liquidadas por la promotora.
El abogado de los afectados también se muestra confiado en que el juez de la Audiencia Nacional acabe citando, en calidad de imputados, a dos notarios y a los representantes de varios bancos (CAM, Caja Rural, CajaMurcia y Banco Popular), que son los principales acreedores de Riviera «y ahora ya están exigiendo el pago de estos créditos a los compradores». Escobar cree que el juez puede citarles «en cualquier momento, porque ya consta su actuación en autos» en la Audiencia Nacional.
Ayer se produjo un incidente en la residencia estudiantil Ulyss de San Vicente. Varios padres fueron a recoger la fianza del año pasado, sin éxito. Cancela y Escobar creen que «todo va a ser abandonado», al aludir a los activos inmobiliarios y de servicios de Riviera Invest.
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