El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que está sufriendo un verdadero "calvario" desde el pasado mes de febrero, ha declarado que "está muy contento" porque "quedan uno o dos escaloncitos para que ésta absurda situación sea pasado".La absurda situación a la que se refiere, que ha calificado además de "extraña y estrafalaria", es la que le llevará el próximo día 15 de julio a una especie de vistilla según establece la Ley del Jurado para que acusaciones y defensas, en una audiencia preeliminar, presenten todo tipo de alegaciones, pidan, si quieren, nuevas pruebas, y se aborde por parte del juez instructor, José Flors, un archivo del procedimiento, a la vista de los recursos presentados.
Ésta es la nueva estrategia de la defensa de Camps, que el archivo se produzca el mismo día 15, en tanto fuentes jurídicas conocedoras del proceso señalan que es difícil esa decisión, visto el auto hecho público el lunes, en el que el juez instructor refleja claros indicios de criminalidad contra los cuatro aforados de la Comunidad Valenciana que pueden sentarse en el banquillo por un delito de "cohecho impropio" (artículo 426 del Código Penal) una vez que, a lo largo de varias semanas, ha conocido las declaraciones de los imputados y de los testigos, e incluso los argumentos jurídicos de los abogados defensores.
Enrocado en una estrategia equivocada desde el principio, e insistiendo en el pago de los trajes por los que ahora es acusado de "cohecho impropio" (algo que no ha podido demostrar en su comparecencia ante el juez, ya que no ha aportado ningún tipo de pruebas), el presidente valenciano sigue metido en un laberinto del que le va a ser difícil salir, porque al final lo único que quedará claro es que ha mentido ante los tribunales, que ha mentido en las Cortes valencianas, donde se ha negado a dar todo tipo de explicaciones, que ha mentido a sus electores, que han confiado en su palabra y le han vuelto a votar en las últimas elecciones europeas, y que finalmente ha mentido a todos los valencianos, que pueden creer en sus palabras pero que tienen derecho a conocer la verdad.
No es posible que la reacción de un presidente acosado políticamente y a punto de sentarse en el banquillo ante un jurado popular diga, en estos momentos, que se siente "muy contento". O esta fingiendo, algo muy probable, o ha perdido el sentido de la realidad, animado, además, por sus compañeros de partido, que se niegan a afrontar una de las situaciones más complicadas por las que ha atravesado un presidente de Comunidad en los últimos veinte años.
El último cartucho que le queda es que se admita su recurso contra el auto que da por cerrada las diligencias previas 2/09 y no se llegue al juicio oral, aunque un sobreseimiento es recurrible ante la Audiencia Provincial.
Pero, desde ya, Camps debe ponerse en lo peor aunque todo se ciña a un "comportamiento impropio" y se haya descartado cualquier posible delito de tráfico de influencias, de ilegalidad en los contratos adjudicados a Orange Market o financiación ilegal del partido.
Y lo peor es que, rechazado el recurso, el presidente de la Generalitat no tenga más remedio que presentar su dimisión y nombrar un posible sucesor, como ha hecho Manuel Chaves en Andalucía o, por el contrario, como exigirá probablemente la oposición, convocar nuevas elecciones con Rita Barberá, actual alcaldesa de Valencia, como candidata.
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