Se han opuesto a la reforma, que necesitaba 176 apoyos por ser de carácter orgánica, el PNV, UpyD, ERC, IU-ICV y Nafarroa Bai, mientras que el BNG ha optado por la abstención.
Al debate en el Congreso de los Diputados, ha asistido el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que la ha definido como "una buena ley porque corrige elementos que discriminaban" y ha asegurado que "mejora los procesos para conseguir el objetivo de que la inmigración sea legal y ordenada y potencia los elementos de la integración".
A su juicio, España tiene dos retos, por un lado apostar por una inmigración legal y por otro lado, apostar "decididamente" por un proyecto de integración para construir una sociedad "rica y plural".
La cuarta reforma de la ley de Extranjería, que incorpora directivas europeas y sentencias del Constitucional, ofrece protección a las extranjeras maltratadas, acota la reagrupación, incorpora nuevas infracciones como los matrimonios fraudulentos y amplía el plazo máximo de internamiento de cuarenta a sesenta días.
La nueva ley permite a las ONG y a las entidades privadas asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados y otorga a las Comunidades Autónomas competencias para conceder permisos iniciales de trabajo y de residencia circunscrita a su propio territorio, entre otros asuntos.
El diputado socialista Óscar Seco Revilla ha lamentado el uso por parte del PP de una "retórica xenófoba" en esta materia, así como el rechazo de IU-IcV-ERC al proyecto, porque "les ha dado vértigo aproximarse a un partido de Gobierno".
Ha opinado que la nueva ley es la más garantista de toda la democracia y que construye un nuevo modelo de convivencia e integración.
Carles Campuzano, de CiU, ha opinado que se mejora la regulación de extranjería, lo que justifica el apoyo de su grupo, a pesar de que mantenga algunas discrepancias en aspectos de reagrupación familiar y respecto a la ampliación del internamiento.
También ha defendido la ley, la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, quien ha destacado "el avance" en la regulación de la situación de los menores extranjeros no acompañados, porque lo aborda como "un tema de estado".
Frente a ella se ha posicionado el diputado popular, Rafael Hernando, quien ha considerado que se trata de una "reforma parcial y chapucera".
Ha opinado que la tramitación de urgencia ha sido "una auténtica chapuza", ya que de las 38 enmiendas aprobadas en el Senado, 30 han sido reformas técnicas y ha lamentado que no se hayan admitido ninguna de las 73 propuestas del PP.
Hernando ha aprovechado este debate para exigir al Gobierno que resuelva la situación de la activista saharaui Aminatu Haidar, que permanece en el aeropuerto de Lanzarote desde el pasado día 14.
Para el diputado de IU-ICV Joan Herrera, "la ley es mala, mantiene el discurso de la dureza y da pasos atrás", además de "abrir la puerta a la privatización en la tutela del menor".
Desde el PNV, Emilio Olabarría, ha dicho que su grupo combate la ley porque, entre otros motivos, "puede contravenir el contenido de determinados derechos de la Constitución".
El BNG se ha abstenido, ya que, según ha explicado la diputada Olaia Fernández, su formación considera "discriminatoria" la ampliación del plazo de internamiento de los extranjeros.
Fuera del hemiciclo, miembros de unas sesenta asociaciones y ONG, disfrazados con los monos naranjas de los presos de Guantánamo, han tachado la ley de "inhumana" e "injusta" y han entregado una carta abierta a los diputados donde detallan su rechazo y piden el cierre de los centros de internamiento.
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