El Supremo revisará el archivo de la queja contra De la Rúa por su supuesta amistad con Camps

MADRID.- Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) y juez amigo de Francisco Camps, se arriesga a un segundo golpe del Supremo tras el infligido el miércoles con la reapertura forzosa del caso de los trajes. Ahora, y tras admitir una demanda del abogado José Luis Mazón, el alto tribunal debe decidir si expedienta al magistrado por intervenir en ese caso y cerrarlo en falso pese a su relación con el principal implicado, según dice hoy 'Público'.

Mazón, en cuyo bagaje se cuenta la imputación de Baltasar Garzón por los cursos impartidos en Nueva York, acudió al Supremo después de que su denuncia contra De la Rúa fuese archivada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces. La admisión de la demanda, cuyo texto aún está pendiente de remisión, se produjo el 12 de abril.

Gracias al voto de De la Rúa y cuando su mandato presidencial ya había expirado, el TSJCV archivó, el 1 de agosto de 2009, el procedimiento contra Camps y otros tres altos cargos valencianos por presunto delito de cohecho (soborno) impropio. Los cuatro aceptaron trajes regalados por la trama Gürtel, cuyas empresas obtuvieron en Valencia más de 14 millones de euros en contratos públicos. Y los cuatro vuelven a estar imputados tras la orden unánime de la Sala de lo Penal del Supremo para reabrir el sumario.

Si el Supremo concluye que De la Rúa violó la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) al no abstenerse de intervenir en el caso, la carrera del juez puede sufrir un revés definitivo. Según Mazón, el jefe del tribunal valenciano incurrió en una falta grave porque participó en el caso de los trajes pese a que Camps lo había definido como más que amigo. El abanico de sanciones previstas por la ley para los jueces infractores oscila entre la mera advertencia y la separación del cuerpo pasando por el traslado forzoso.

El autor de la demanda contra De la Rúa, tramitada por la vía de lo contencioso administrativo, pretende que el Supremo anule el acuerdo por el que el Poder Judicial archivó el 26 de noviembre de 2009 su queja contra De la Rúa. Aun precisando que la actuación de De la Rúa ponía "en cuestión" la apariencia de imparcialidad, la comisión disciplinaria del CGPJ desechó la queja de Mazón. Las indagaciones internas, alegó el Consejo, no hallaron pruebas de que entre Camps y De la Rúa exista una "amistad íntima", que es la que la ley señala como causa de abstención y/o recusación.

Ni la Fiscalía Anticorrupción ni el PSOE valenciano recusaron a De la Rúa cuando, en abril de 2009, el Tribunal Superior de Valencia asumió la investigación sobre los regalos hechos a Camps por Orange Market, la marca valenciana de la red Gürtel.

Fuentes conocedoras del caso aseguran que nadie planteó la recusación porque, primero, se daba por hecho que De la Rúa se abstendría. Y, luego, se daba igualmente por seguro que sería incapaz de dar cerrojazo a las demoledoras conclusiones expuestas por el juez José Flors en el auto donde ordenaba iniciar los trámites para un juicio con jurado. Esa resolución de Flors fue la que tumbó De la Rúa el 1 de agosto de 2009 al aceptar el recurso de los imputados. Ahora, el dictamen de Flors recobra plena vigencia tras la reapertura del caso.

Relevo vacacional

En su denuncia ante el Poder Judicial, Mazón subrayaba un aspecto de la historia sobre el que ni el Tribunal Superior de Valencia ni el Poder Judicial han ofrecido explicaciones: el porqué de la intervención de De la Rúa en la deliberación y votación sobre el recurso de Camps. "Procede investigar decía Mazón en su queja las extraordinarias circunstancias que hicieron intervenir al denunciado en las deliberaciones de la Sala, si las vacaciones del magistrado sustituido pudieron ser inducidas para participar, en su caso, el denunciado, a favor de su más que amigo' Camps".

El ahora demandante se refería así a las noticias sobre cómo la ausencia del magistrado progresista Juan Climent había permitido a De la Rúa ser uno de los tres jueces que debían resolver el recurso de los imputados.

Silencio tras una desautorización de máximo nivel

¿Se siente desautorizado Juan Luis de la Rúa? ¿Se ha planteado dimitir tras el varapalo del Supremo? Ninguna de las dos preguntas tiene respuesta oficial. Fuentes del Tribunal Superior de Valencia remarcaron que De la Rúa ni habla con la prensa ni alberga la menor intención de pronunciarse sobre la reapertura forzosa del ‘caso de los trajes'. Con su mandato expirado desde junio de 2009, De la Rúa se mantiene en el cargo de forma interina, pero no optará a la reelección. La incapacidad del Poder Judicial para alcanzar un acuerdo sobre su sucesor ha sido su gran aliada.