Pedreira aclara al PP que envió parte del caso a Valencia basándose en los argumentos del fiscal

MADRID.- El juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, dictó hoy un auto contestando a la petición de aclaración que le solicitó el PP sobre la existencia de indicios de cohecho impropio y delitos electorales en el Gobierno de Francisco Camps a los que aludió la semana pasada basándose en los informes aportados por la Fiscalía Anticorrupción sobre las relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración valenciana.

El magistrado contesta que, en contra de lo señalado por el PP en su escrito, no considera "oscura" la expresión "hacer suya la argumentación jurídica del Ministerio Fiscal", por cuanto implica "una remisión a los fundamentos de derecho que invoca" la Fiscalía, que hacen referencia a la "cuestión esencial" debatida respecto a este asunto. "Todo ello conduce" a la adopción del acuerdo que adoptó para inhibirse a favor del Tribunal Superior de Valencia (TSJPV), explica el juez.

Añade Pedreira que "no resulta procedente invocar deducciones, apreciaciones y valoraciones que no se concretan para impugnar la 'ratio decidenci' del caso", y le recuerda al PP que no es representante de personas imputadas o no imputadas en la presente causa", sino que ejerce la acusación popular en representación del citado partido político, contra el que "no se ha acreditado hasta el momento ningún reproche punitivo".

Concretamente, el PP quería que el instructor del caso confirmara si asumía o no los postulados y delitos apuntados en los informes aportados la Fiscalía contra la Administración valenciana o simplemente se había limitado a inhibirse de la investigación en favor del TSJPV por afectar a aforados que competen a la jurisdicción de dicha comunidad autónoma.

Según la defensa letrada del PP en esta causa, el auto dictado por Pedreira inhibiendose a favor de los tribunales valencianos "no desarrolla ninguna fundamentación jurídica de la decisión", sino que se limita a afirmar que el magistrado instructor hace suya la argumentación jurídica del Mininisterio Público "sin más matizaciones ni precisiones".

En su auto, Pedreira explicaba que su inhibición estaba dirigida a evitar la prescripción de los supuestos delitos electorales y ante la posibilidad de que haya una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia y los investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La decisión de Pedreira se produjo después de que el Tribunal Supremo acordara reabrir la causa de los trajes contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la Comunidad Valenciana. Pedreira aludía en su auto a un informe de la unidad de auxilio judicial de 13 de abril de 2010 en el que se pone de manifiesto diversas irregularidades en dicha contratación, en cuyos expedientes intervinieron algunos de los imputados en el procedimiento que se sigue en Valencia.

Asimismo, solicitaba la acumulación de los delitos electorales correspondientes a las elecciones celebradas en la Comunidad Valenciana el 27 de mayo de 2007.

En este punto, el juez aludía a un informe de la AEAT de 6 de mayo de 2010 en el que se ponen de manifiesto diversas irregularidades en la contratación, contabilización y facturación entre Orange Market S.L. y el PP de la Comunidad Valenciana.

Según el auto de inhibición, el avance producido en los últimos meses en el análisis de la documentación hallada en los registros practicados y en la documentación remitida por distintos entes públicos, ofrece "nuevos datos y determina una valoración nueva de los hechos objeto de esta causa en orden a la atribución de la competencia".

Así, la resolución resaltaba que "la correcta calificación jurídica de los hechos atribuidos a los imputados en el procedimiento" de Valencia impone "su investigación conjunta con la contratación de Orange Market S.L., tanto con el PP de Valencia como la Administración de dicha comunidad autónoma", a fin de "comprobar la posible relación entre los regalos investigados y los cargos de Rafael Betoret, Víctor Camps, Ricardo Costa y Francisco Camps.