Entre los nuevos imputados, en una de las más de 20 ramificaciones del caso Brugal, destaca la actual alcaldesa, Mónica Lorente, así como el ex alcalde José Manuel Medina, también del PP. El juez del caso pidió hace días a través de un escrito a la policía que se informase a los 39 nuevos imputados de su condición, según explicaron a este periódico fuentes judiciales.
En esta nueva lista de imputados figuran nueve políticos, entre los que hay tres de la oposición, y el resto son empresarios y gerentes de empresas de la zona, relacionadas con la adjudicación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en Orihuela por valor de 190 millones de euros y por 20 años. La génesis del caso son los presuntos sobornos que ofrecieron algunas empresas, que pugnaban por la suculenta contrata, a políticos.
Hasta la fecha se había hablado de la imputación en el caso Brugal de 15 personas, entre ellas el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y tres ediles del PP en Orihuela, así como de los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Pero ahora el titular del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, en función de distintos informes que obran en la causa, ha decidido imputar a otras 39 personas.
La imputación más relevante es la de la actual alcaldesa, Mónica Lorente, que fue concejal de Fomento y Turismo durante la legislatura 2003-2007, además de asumir el cargo de portavoz del PP. Pero también figura como imputado José Manuel Medina, que fue alcalde de Orihuela desde 1995 hasta 2007.
En la lista de nuevos ediles imputados por este nuevo caso figuran David Costa, actual concejal de Contratación; Antonio Lidón, edil delegado de Hacienda, y José Manuel Cutillas, concejal de Juventud, Agricultura, Agua y Mercados, y alcalde pedáneo de La Murada.
El escándalo también salpica a políticos de la legislatura anterior, como Antonio Francisco Franco Andreu, ex edil de Personal del PP, o los concejales en la oposición Joaquín Ezcurra Gilabert, del Centro Liberal Renovador, fallecido en 2009, y Jesús Fernández Peñalver, edil durante la legislatura 2003-2007 del Grupo Centro Liberal.
Por último, entre los políticos implicados está Francisco García Ortuño, concejal durante la legislatura 2003-2007 por el PSOE, del que fue expulsado, y candidato del Partido Socialdemócrata en los comicios del año 2007, aunque no salió elegido.
El Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP con mayoría absoluta, cerró en septiembre de 2008 el escándalo de la contrata de basura por un supuesto soborno a ediles de la Corporación de uno de los grupos aspirantes en el primer concurso con la adjudicación del servicio a la UTE integrada por Sufi, Liasur y Gobancast.
El contrato está valorado en 190 millones de euros por un periodo de 20 años. El grupo adjudicatario fue el mejor puntuado por los técnicos de la mesa de contratación. En segundo y tercer lugar quedaron las propuestas de los dos grupos protagonistas del escándalo del soborno, que acabó por frustrar el primer concurso: Colsur, del empresario Ángel Fenoll, y Urbaser, respectivamente.
El supuesto intento de soborno fue difundido en marzo de 2006 por el empresario Fenoll. Éste, según una cinta grabada, sostenía que Urbaser llegó a ofrecer tres millones de euros a varios concejales, entre ellos el ex alcalde popular José Manuel Medina, por hacerse con el contrato.
La difusión de la cinta obligó al entonces regidor a declarar desierto el concurso y convocar un nuevo pliego, cuyo proceso acabó dos años más tarde con la adjudicación a la oferta de Sufi.
La grabación de Fenoll provocó, a su vez, una investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, cuya primera consecuencia fue el arresto del industrial y cuatro miembros de su entramado empresarial. Ahora, el caso se reactiva.
Basura, corrupción y compra de partidos
- El caso Brugal investiga una trama de corrupción vinculada a la recogida de basuras en el sur de Alicante. Comenzó en mayo de 2007 con el arresto del industrial afín al PP Ángel Fenoll, al que también se le acusa de enterrar deshechos de forma ilegal.
- En julio fue detenido el líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, junto a tres ediles de Orihuela. Al presidente de la Diputación de Alicante se le imputa, entre otros delitos, fraude, cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos.
- La fiscalía pide al juez que pase a la administración deportiva las escuchas a uno de los detenidos, el promotor Enrique Ortiz, que desvelan posibles pagos a equipos para lograr el ascenso a Primera del Hércules, del que es el primer accionista. El juez se niega; la Federación Española de Fútbol abre una investigación.
El PP le quita importancia
La vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular de Alicante, Gema Amor, ha asegurado que en el 'caso Brugal' no hay "absolutamente ninguna" novedad y que no existen nuevas imputaciones por parte del juez de Orihuela sino "un oficio que se remite desde el juzgado para que determinadas personas que han tenido responsabilidades en la legislatura anterior dieran a conocer su domicilio oficial".
Gema Amor ha indicado que en estos momentos "no hablamos de imputaciones", sino de "un oficio que se remite desde el juzgado para que determinadas personas que han tenido responsabilidades en la legislatura anterior dieran a conocer su domicilio oficial".
"Ésta es la única noticia, a pesar de los titulares más llamativos", ha recalcado, y ha añadido que no conoce "absolutamente ninguna" novedad en relación con esta causa.
Según la dirigente 'popular', este oficio es una "solicitación de domicilios a efectos de notificaciones que se hagan oficiales", y ha indicado que "eso es lo que sabemos hasta ahora".
Sin embargo, el concejal del PSPV en el consistorio oriolano José Antonio Sáez ha explicado que en las notificaciones que el juez hizo llegar a los involucrados en el 'caso Brugal' les explicaba que éstos "tenían que ir a declarar asistidos de abogado y procurador", hecho que, según ha indicado, significa que éstos están "imputados" en el marco de la causa.
En este sentido, José Antonio Sáez ha opinado que es "lamentable que el hecho más importante de la legislatura que ahora acaba sea que medio Gobierno municipal se tenga que ver ante un juez como imputado" y ha recriminado a la alcaldesa de Orihuela que esté "escondida" y "no dé la cara" por el 'caso Brugal'.
Finalmente, el concejal del Centro Liberal Renovador (CLR) en el Ayuntamiento de Orihuela, Pedro Mancebo, ha asegurado que las notificaciones de imputación a seis ediles del consistorio y a la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, "han sido notificadas" y "se han producido por delitos muy graves".
En concreto, el edil se ha referido al concejal de Hacienda y Deportes, Antonio Lidón, al de Juventud, Agricultura, Agua y Mercados, José Manuel Cutillas, y al de Recursos Humanos, Contratación y Calidad y Modernización de la Administración, David Costa, así como a los tres ediles oriolanos detenidos e imputados en el marco de esta causa, Antonio Rodríguez Murcia, Ginés Sánchez y Manuel Abadía.
El edil del CLR ha señalado que el 50 por ciento del equipo de Gobierno está imputado, mientras "manejan el dinero de todos los oriolanos y deciden a quién se le paga y por qué".
"Conozco que han sido notificadas --las imputaciones-- y que se han producido por delitos muy graves", ha dicho Mancebo.
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