BARCELONA.- Los sindicatos independientes de las cajas de ahorros, agrupados en la Confederación Intersindical de Cajas (CIC), han abierto una ofensiva legal contra la bancarización de las cajas de ahorro, con actuaciones ante el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y la Comisión Europea.
El vicepresidente de la CIC, Gonzalo Postigo, dijo que el objetivo de esta batalla legal, que se hará evidente el próximo mes de septiembre, es «conseguir la derogación del decreto ley de modificación de la Ley Orgánica de Cajas de Ahorro (LORCA)».
La CIC entiende que este decreto abre dos vías de bancarización de las cajas: la emisión de cuotas participativas con derechos políticos y la creación de los Sistemas Institucionales de Protección (SIP), que en realidad son bancos.
La batería de recursos legales planteados por la CIC cuenta con el apoyo de los 16 sindicatos independientes de cajas que hay en España, y por ahora no se han sumado ni UGT ni CC OO. Este último en Cataluña también se ha mostrado muy crítico con las medidas legales para la reforma de la LORCA.
Gonzalo Postigo señala que uno de los principales objetivos de estas acciones en los tribunales es conseguir «la verdadera regulación de los SIP, cuyo Establecimiento de Crédito Financiero tiene que ser una caja de ahorros y no un banco, como está regulado actualmente en una ley de rango inferior a la LORCA».
«También esperamos que el Tribunal Constitucional acabe revisando el Real Decreto 11/2010 -el que regula la modificación de la LORCA- y lo derogue, tal como ya hizo en su momento con la primera reforma laboral que llevó a cabo el Gobierno de José María Aznar», manifestó Postigo.
La CIC ha presentado dos impugnaciones ante el Tribunal Supremo: una contra el decreto de reforma de la LORCA y otra contra el Real Decreto 6/2010, que en su artículo 25 recogía por primera vez la figura de las SIP.
Con el mismo objetivo, el CIC ha presentado una demanda ante el Defensor del Pueblo para que eleve al TC las modificaciones de la LORCA que suponen una 'bancarización' del sistema español de cajas y otro recurso frente a la Audiencia Nacional contra la forma legal que han de adoptar las SIP.
También se ha trasladado dos demandas ante la Comisión Europea, tanto ante el comisario de Competencia como al de Asuntos Monetarios y Económicos, que sí han dado respuesta a la petición y se ha anunciado que en septiembre se llevará a cabo una revisión del proceso español.
También se ha trasladado dos demandas ante la Comisión Europea, tanto ante el comisario de Competencia como al de Asuntos Monetarios y Económicos, que sí han dado respuesta a la petición y se ha anunciado que en septiembre se llevará a cabo una revisión del proceso español.
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