miércoles, 23 de febrero de 2011

El Gobierno debe dejar caer algunas cajas para evitar los errores de Irlanda, según The Financial Times

LONDRES.- El Gobierno español debe dejar caer a algunas cajas de ahorros para evitar los errores cometidos por Irlanda, que ha dado cheques en blanco a las entidades a costa de los contribuyentes, según un artículo de opinión del 'Financial Times'.

   Esta medida supondría un paso adelante en las medidas que el Gobierno español está dispensando "al obsoleto mundo de las cajas de ahorros bajo control político", considera el diario británico.
   Además, "podría servir de ejemplo para otros países europeos" con sectores financieros parecidos y para dejar que los acreedores compartan las pérdidas, dice.
   El 'FT' alaba las medidas adoptadas por el Gobierno en materia financiera, como el reciente decreto ley de Reforzamiento Financiero, por considerar que sus esfuerzos para enderezar el sector "lo sitúan por delate del resto de Europa y están comenzando a dar resultados".
   Al igual que Irlanda, el error económico en España fue dejar que el capital extranjero barato espoleara el 'boom' inmobiliario, y al igual que en dicho país, el riesgo se apiló en los bancos, "especialmente en el opaco y politizado sector de las cajas", dice.
   No obstante, 'FT' destaca que los reguladores españoles "nunca abdicaron de sus responsabilidades" como hicieron sus homólogos irlandeses, y sostiene que los colchones contracíclicos para afrontar pérdidas y las provisiones en general evitaron "la corrosión tóxica" de los balances de las entidades.
   "El Gobierno acaba de dar otro paso para limpiar cualquier podredumbre en las cajas de ahorros", incide el diario. Después de elevar los requisitos de transparencia, España aprobó un decreto que fuerza a las cajas a recapitalizarse por su cuenta antes de que acabe el año hasta ratios de capital del 10%, "lo que supone endurecer y adelantar las exigencias de la regulación internacional de Basilea III", indica.
   A su parecer, "más capital es la mejor medicina contra las pérdidas", pero "el caso es encontrarlo". En este sentido, recalca que el Banco de España tiene instrumentos para forzar a las cajas  a elevar su capital y someterlas a mayor control, pero avisa de que si los inversores privados no aparecen, el Estado deberá inyectar capital.
   El pronóstico tanto para las cajas de ahorros como para el bolsillo público dependerá de cómo de malas resultan las pérdidas al final, dice el diario.
   El Banco de España "está realizando un valiente esfuerzo para calmar los nervios de los mercados" con un reflejo de la situación de las cajas, dice el diario, partidario de que los gobiernos se den cuenta de la necesidad de decir la verdad a los mercados.
   No obstante, el artículo considera que "hay lugar para el escepticismo", porque las estimaciones de pérdidas potenciales del instituto emisor español descansan sobre los "laxos" test de estrés realizados en Europa.

Once cajas en riesgo

Once cajas de ahorros, incluidas las que ya han recibido apoyos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), pueden necesitar capital adicional para cumplir con los nuevos requisitos legales, según Standard & Poor's (S&P), que pronostica nacionalizaciones y cifra los activos problemáticos del conjunto del sistema financiero español en 230.000 millones de euros.
   La estimación de necesidades de capital del sistema financiero español que hace la firma se sustenta únicamente en si las entidades cuentan con presencia de inversores privados en al menos la quinta parte de su capital. Este es uno de los requisitos para entrar en el grupo al que se exige un 8% de capital sobre los activos ponderados de riesgo, en vez del 10%.
   S&P prevé que, a la luz de las dificultades de salir a bolsa en el plazo máximo establecido por el Gobierno, hasta marzo de 2012, y de recapitalizarse, algunas entidades financieras "no lograrán cumplir con las exigencias regulatorias y necesitarán recursos públicos".
   En su informe sobre la reestructuración de las cajas de ahorros, S&P considera que algunas entidades no lograrán elevar el capital por sus propios medios, por lo que contempla la posibilidad de que el Estado entre en el capital de "una porción del sistema financiero".
   Tras destacar los potenciales beneficios a corto plazo de la nueva norma de capital sobre la confianza del mercado, S&P advierte de que convertir al Estado en accionista de la banca "puede introducir distorsiones en las dinámicas del mercado y resultar negativo para el conjunto del sistema financiero español".
   La firma indica que la estimación de capital adicional necesario de menos de 20.000 millones de euros -realizada por el Gobierno a partir de cálculos del Banco de España- para cumplir con los nuevos requisitos de capital establecidos "es razonable" y coincide con la suya.
   Concretamente, los cálculos de S&P elevan las necesidades de capital del sistema financiero español a 35.000 millones de euros, pero esta cifra incorpora los 11.500 millones de euros que ya han recibido algunas entidades a través del FROB, por lo que encaja con la del Ejecutivo.
   La presión para elevar el capital que introduce el decreto ley de Reforzamiento del Sistema Financiero provocará más consolidación en el sector, proceso que podría englobar tanto a entidades financieras españolas como extranjeras, subraya.
   La norma que fija mayores requisitos de capital llevará la transformación del sistema financiero español un paso más allá y conducirá a una remodelación aún más profunda del sector, ya que acelerará la conversión de cajas en bancos y su cotización, estima.
   Aunque la consolidación será beneficiosa para el sector en su conjunto, ya que limará el exceso de capacidad instalada y permite a las cajas captar capital, "el reto de estas entidades será emerger como jugadores eficientes y competitivos" en el nuevo terreno de juego, dice.
   A su parecer, la concentración del negocio y el mayor enfoque en la reducción de costes llevará a una reducción del exceso de capacidad, lo que resulta esencial tanto para las cajas como para el conjunto del sistema financiero español ante las perspectivas de un menor crecimiento a medio plazo.
   En otro informe sobre las perspectivas del sector financiero, S&P advierte de que la morosidad tocará su nivel más alto antes del final del ejercicio, y cifra en 230.000 millones de euros los activos potencialmente problemáticos del sistema financiero a finales de 2010. Según el Banco de España, los activos problemáticos se elevan a 181.000 millones al cierre del primer semestre. 

2011, difícil

   La firma advierte de que 2011 será un año difícil para el sistema financiero español, que "deberá saltar muchas vallas", por lo que mantiene la perspectiva negativa sobre los rating a largo plazo de las entidades españolas, si bien apunta a que el panorama mejorará de forma gradual en 2012 al calor de la recuperación económica.
   S&P detecta frágiles niveles de confianza de los inversores internacionales y, en consecuencia, aventura un acceso caro y limitado a los mercados de financiación mayorista que solo lograrán capear las entidades más grandes y eficientes, que aprovecharán las ventanas que se abran en el mercado.
   Estas dificultades de acceso a la financiación y liquidez para muchas entidades españolas no dispararán las solicitudes de préstamos al Banco Central Europeo (BCE) o la emisión de deuda con aval del Estado, sino que más bien provocarán la venta de activos y la oferta de depósitos atractivos, aventura.
   Las entidades españolas también deberán encarar este año el descenso de los volúmenes de crédito, lo que pesará en sus resultados, así como la débil rentabilidad operativa a causa del esfuerzo en provisiones en costes de financiación.

No hay comentarios:

Publicar un comentario