miércoles, 30 de marzo de 2011

El PSPV dice que el préstamo pedido por RTVV es un ejercicio "ilegal" de "ingeniería contable"

VALENCIA.- El consejero socialista en Radiotelevisión Valenciana (RTVV), Miguel Mazón, ha asegurado este miércoles que la propuesta del Consejo de Administración del ente público de suscribir un préstamo a largo plazo de 32,48 millones para gasto corriente es un ejercicio "ilegal" de "ingeniería contable" cuyo objetivo es "enmarañar" las cuentas.

   La solicitud de autorización de préstamo de RTVV explica que el ente no incrementará su deuda de forma que el saldo vivo de ésta a 31 de diciembre de 2011 sea superior al del ejercicio de 2010, por lo que los créditos solicitados no podrán superar la cuantía de las cuotas de amortización.
   Con este crédito, RTVV pretende pagar a las dos entidades financieras alemanas cuyos préstamos vencen en 2011 (11,8 millones a Dresdner Bank y 20,6 a Dekabank Deutsche Girozentrales). El escrito también plantea la posibilidad de que la Generalitat asuma la deuda de las cuotas de amortización de préstamo.
   Mazón ha señalado que esta propuesta es una "locura" porque RTVV "no se puede endeudar", ya que los presupuestos de RTVV no contemplan una partida para amortizar este préstamo y ha asegurado que "en el acuerdo no aparece la Generalitat como avalista".
   Ante esta situación, el consejero socialista ha exigido al Consejo de Administración del ente público que "retire la solicitud del préstamo a largo plazo, que la Generalitat asuma la deuda de RTVV y se ponga en marcha un plan de viabilidad".
   Por otro lado, los consejeros del PP en RTVV han presentado un escrito con una iniciativa para que el Consejo de Administración de RTVV "condene taxativamente" la actitud de los representantes socialistas "por denigrar constantemente el ente público".
   Los dirigentes 'populares' han mostrado su "malestar e indignación" por el "ataque sistemático" que ha llevado a cabo el PSPV durante esta legislatura "contra la imagen y el buen nombre del Grup RTVV", han opinado.
   Por su parte, la portavoz del Comité Electoral de los Socialistas Valencianos, Carmen Ninet, ha denunciado, en un comunicado, "el cortijo de la mentira, el despilfarro, la manipulación y la corrupción en el que el PPCV ha convertido al ente público".
   En su opinión, "la iniciativa que han presentado los representantes del PP en el Consejo de Administración de RTVV degrada el ente, esa RTVV a la que pertenecen, porque los miembros de ese consejo no están para ser portavoces de Jaraba, Sanz o Pedro García". "Están para preocuparse de la economía del ente público, de la sostenibilidad de los empleos y la calidad de los programas que emiten", ha señalado.
   La responsable socialista ha subrayado que "lo que auténticamente  desprestigia el canal son los escándalos de corrupción y acoso sexual  que se han producido mientras ellos guardaban silencio y desprestigia  también la inmensa deuda que acarrea su gestión en RTVV y que seguirán pagando nuestros nietos".
   Ninet ha asegurado que el desprestigio también viene propiciado por "la pésima calidad de la información que acarrea niveles de audiencia inéditos colocándolos en los más bajos de toda España y que han destruido la credibilidad del canal ante la audiencia, ante la banca y antes sus múltiples acreedores".
   Por su parte, el consejero de EUPV en RTVV, Amadeu Sanchis, ha exigido la "dimisión" de los directores de Ràdio 9 y Canal 9, Lola Johnson y Lluís Motes, respectivamente, por la "censura" de estos medios de comunicación a la manifestación del pasado sábado contra la corrupción.
   En un comunicado, Sanchis también ha lamentado que RTVV "obvie" la denuncia que su grupo presentó ante la Fiscalía Anticorrupción por los contratos que la Generalitat suscribió con el arquitecto valenciano Santiago Calatrava.
   En este sentido, Sanchis ha exigido al director general del ente público, José López Jaraba, durante el Consejo de Administración, una "rectificación en tota línea de la política informativa" de RTVV y adecuarse a la Ley de Creación de RTVV y a los aspectos legales a los que obliga la nueva Ley Electoral para salvaguardar la "equidad, pluralidad y proporcionalidad a la hora de informar".

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