VALENCIA.- Las imputaciones de los candidatos de la Comunitat Valenciana no han influido mucho en los resultados electorales, ya que las elecciones autonómicas y municipales del domingo han vuelto a colocar a muchos de los imputados en las instituciones, tanto en las Corts Valencianes como en numerosos ayuntamientos.
El PP ha vuelto a ser el partido más votado para las Corts Valencianes, ampliando su mayoría absoluta con 55 parlamentarios, frente a los 54 escaños que logró en 2007. De este modo, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, continuará al frente del Ejecutivo valenciano, pese al 'caso Gürtel', en el que está implicado por un delito de cohecho.
En este misma causa se encuentra Ricardo Costa, número siete del PP por la lista de Castellón, que volverá a ocupar un escaño en el parlamento valenciano. También repetirá en las Corts el número 13 de la lista 'popular' por Alicante, Pedro Hernández Mateo, imputado por tráfico de influencias a raíz de la compraventa de una finca.
Además de estos imputados, en las listas del PP a las Corts también hay implicados en casos de corrupción como la expresidenta Milagrosa Martínez --que además de ser diputada será alcaldesa de Novelda-- y el vicepresidente del Consell Vicente Rambla, así como David Serra y Yolanda García. Estas cuatro personas están siendo investigadas por el 'caso Gürtel'.
También estará en el parlamento valenciano, la alcaldesa de Alicante y número uno al parlamento valenciano por esta provincia, Sonia Castedo, implicada en la trama de corrupción del 'caso Brugal' en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, junto con su antecesor, el 'popular' Luis Díaz Alperi, también estará en la cámara valenciana.
Respecto al ámbito municipal, el 'popular' Ricardo Cardona, imputado por un delito de prevalircación por paralizar la construcción de un chalé en suelo rústico, repetirá en la Alcaldía de Canals, donde ha obtenido mayoría absoluta.
Tampoco le ha afectado a nivel electoral su imputación por un delito de prevaricación urbanística, omisión de deber de persecución de delitos y desobediencia al socialista Antonio Polo, que volverá a gobernar en Montroi.
También se mantiene en la Alcaldía, en este caso de Loriguilla, el 'popular' José Javier Cervera, imputado por presuntos delitos de actividades prohibidas a funcionarios públicos y contra la Administración Pública. Además, está acusado por un presunto trato de favor a empresas en adjudicación de obra pública.
Entre otros alcaldes que también han revalidado su mayoría, se encuentran el de Zarra, el independiente Juan José Rubio, imputado desde hace años por varios delitos relacionados con la corrupción urbanística y expulsado por ello del PSOE; y el de Riba-roja, el 'popular' Francisco Tarazona, implicado en dos causas por posibles delitos de cohecho y prevaricación.
Por lo que se refiere a las alcaldías alicantinas, la investigación judicial y policial de la llamada 'Operación Brugal' se ha dejado sentir de forma muy desigual en los resultados electorales de algunos de los municipios afectados, especialmente en Orihuela, donde el PP, con la hasta ahora alcaldesa Mónica Lorente, ha perdido la mayoría absoluta.
En Alicante, donde se investiga la ramificación relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aún bajo secreto de sumario, el PP no sólo ha revalidado su mayoría absoluta, sino que ha ganado tres concejales. Por el contrario, el PSOE ha perdido seis y han entrado EU --personada en la investigación de la trama-- y UPyD.
En Calpe, donde se investiga una subtrama relacionada con el pesaje de la basura y los sobrecostes del servicio de la empresa de Ángel Fenoll --principal investigado en la trama-- el PP ha ganado con diez concejales, con el candidato renovado César Sánchez, pero no obtiene mayoría absoluta.
En Albatera, donde el edil Javier Bru, del PP, también es uno de los supuestos colaboradores principales de Fenoll, el PSOE ha perdido cuatro concejales, mientras el PP ha sumado uno y Coalición Valenciana otros dos.
En Algorfa, donde se investiga presunta financiación irregular al alcalde del PP, los 'populares' se mantienen en siete concejales, mientras que en Bigastro, los 'populares' pasan de 12 a seis ediles, y en Callosa del Segura, donde el alcalde Pérez Trigueros está imputado por cohecho, el PP obtiene 12, uno menos que en 2007.
Igualmente, en Jacarilla, donde también se investiga una presunta financiación irregular, el PP se mantiene con cinco concejales pero pierde la mayoría absoluta. En Rafal, donde también se investigaba una presunta financiación irregular gana el PSOE, con seis ediles, uno más; el PP pierde uno y se queda en cinco.
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