ALICANTE.- El fiscal Anticorrupción de la provincia de Alicante, Felipe Briones, considera que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, presuntamente ha cometido hechos dentro del caso Brugal que pueden ser "constitutivos, al menos, de los delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad y funcionario, de tráfico de influencias y de cohecho, así como "en relación concursal y en continuidad delictiva".
En el sumario de la pieza separada del caso Brugal, cuyo secreto ha sido levantado este viernes, el fiscal considera que la actual alcaldesa y diputada electa de las Corts Valencianes, Sonia Castedo, presuntamente ha facilitado "información privilegiada" al constructor Enrique Ortiz, y la acusa de "diseñar y resolver a la medida" del empresario el plan general, con la supuesta ayuda del equipo redactor del plan.
A este respecto, hace referencia a una llamada en la que presuntamente informa a Ortiz del "apaño" de la zona existente entre el AP-9, Lomas de Garbinet y la zona del Rico Pérez.
Así mismo, considera también que es presuntamente responsable de "pactar veladamente con Enrique Ortiz un acuerdo lucrativo para el empresario relacionado con la remodelación del estadio 'José Rico Pérez'.
También consta en el sumario que la alcaldesa ha recibido "dádivas de distinta índole" por parte de Enrique Ortiz "coincidentes en el tiempo con las distintas gestiones efectuadas a favor suyo, relativas a la redacción del nuevo plan general".
Igualmente, aduce que la alcaldesa decidió "desposeer de competencias a Pablo Suárez, delegado no concejal miembro de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante y responsable de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes en el momento de los hechos, en razón a amenaza efectuada hacia él por el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi.
Respecto al constructor Enrique Ortiz, según se desprende del sumario, el fiscal le atribuye la presunta comisión de hechos que pueden ser "constitutivos, al menos, de los delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad y funcionario, de tráfico de influencias y de cohecho, así como "en relación concursal y en contunuidad delictiva".
El fiscal apunta que Ortiz podría haber sido presunta responsable de la comisión de varias infracciones penales, entre ellas, la de ser "solicitante y receptor de información privilegiada relacionada con la nueva redacción del PGOU, de manera repetida" y que por "norma general los que le proporcionan la información Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi".
También considera que presuntamente podría haber "influenciado, diseñado y conseguido resolver a su medida aspectos relevantes de la redacción del plan general" y comprado terrenos valiosos por su futura recalificación y revalorización dentro del plan general, en base a la información privilegiada recibida". A este respecto, se precisa en el sumario que estas zonas serían las de Aguamarga, Foncalent y La Condomina, entre otras.
Igualmente, lo señala como presunto responsable de "pactar veladamente con Sonia Castedo un acuerdo lucrativo para él relacionado con la remodelación del estadio 'José Rico Pérez', así como de realizar "dádivas coincidentes en el tiempo con las gestiones irregulares relacionadas con el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, a favor de varias personas", entre ellas a la propia Castedo; a Luis Díaz Alperi, al hijo de éste, Otto Luis Díaz González, entre otros.
Además, el fiscal considera que Ortiz ha cooperado en "la pérdida de competencias a Pablo Suárez (...) en razón de amenaza efectuada por Díaz Alperi, por no favorecer determinado negocio relacionado con la contratación de una sociedad de su hijo". Hace constar el fiscal que esta "amenaza es finalmente cumplida por Sonia Castedo mediante decreto".
En cuanto a Díaz Alperi, el fiscal lo acusa de "asesorar y facilitar información privilegiada a Enrique Ortiz Selfa sobre la tramitación del nuevo plan general" y apunta que de "ello queda constancia en distintas reuniones y conversaciones intervenidas". En la misma línea, considera que con su actuación "diseñaba y resolvía a la medida de Enrique Ortiz el plan general", con la supuesta ayuda del equipo redactor del plan.
Supuestamente también intercedió en "la gestión de compra y venta de terrenos a favor de los intereses de Enrique Ortiz y conocidos suyos, como Bernardo Campos y Aurelio González Villarejo".
Según el fiscal, Díaz Alperi y Sonia Castedo son responsables de "diseñar un plan, en el cual, tras abandonar la alcaldía", el exalcalde pudiera "permanecer controlando veladamente la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante".
Otros hechos destacados por el fiscal son la "solicitud de favores a Enrique Ortiz y la obtención de los mismos, de distinta índole, coincidentes en el tiempo a las diferentes gestiones efectuadas por Díaz Alperi para que consiga el empresario sus objetivos en cuanto a la nueva redacción del plan general".
Así, cita la gestión y posible pago de un viaje a Grecia en jet privado, la creación de una sociedad a nombre del hijo de Alperi, con aportación de la cuota de constitución societaria; la finalización de forma gratuita de viviendas iniciadas por Otto Luis Díaz González; contratación de personas a su solicitud ; y pago en palco para seis personas en el estadio.
Díaz Alperi presuntamente recibió "pagos de distinta índole coincidentes en el tiempo con la labor consistente en aportarle todas las facilidades para materializar sus intereses respecto a la nueva redacción del PGOU de Alicante".
Entre ellos, "el posible pago de determinadas viviendas de los hijos del exalcalde, en connivencia y con la gestión de Aurelio González Villarejo y Vicente Pérez Cañas", así como "la posible entrega por parte de la esposa de Enrique Ortiz, Maleles Carratalá, de una cantidad grande de dinero no determinada".
Lo acusa también de "amenazar con desposeer de competencias a Pablo Suárez por no favorecer determinado negocio relacionado con la contratación de una sociedad de su hijo".
Por ello, lo considera autor de "al menos de los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias u de cohecho". Todos ellos pueden serlo, además, "en relación concursal y en continuidad delictiva".
La mujer de Ortiz, Maleles Carratalá, también figura en el sumario por "apoyar a su esposo en la gestión de la obtención de dinero necesario para posterior reparto de presunto pagos; reparto de documentación con información privilegiada referida a la nueva redacción del plan general". Estos hechos "pueden ser constitutivos, al menos, de un delito de aprovechamiento de información privilegiada".
Otros de los investigados es el jefe redactor de la nueva tramitación y confección del plan, Jesús Quesada; al exconcejal socialista, Javier Gutiérrez, y su socio, hermano de Sonia Castedo, José Luis Castedo; Vicente Sala, expresidente de Caja Mediterráneo; Javier Llorens Alentado y José Gregorio Bernabé, empleados de Ortiz; José Cortina, José Zurita y Aurelio Izquierdo, de Bancaja y Daniel Gil, de Caja Mediterráneo.
Figuran como investigados Carlos Parodi, empleado de Ortiz e hijo de la edil Oti García-Pertusa; los empresarios y amigos de Díaz Alperi, Bernardo Campos y Aurelio González Villarejo; el consejero delegado del Grupo Inmobiliario GV, Vicente Pérez Cañas; Ramón Salvador Águeda, propietario de multitud de empresas relacionadas con la construcción y promoción de viviendas; y Jorge Yacobi Strasser, letrado de inversores armenios; y los empresarios mancomunados de Dreamview SL, José Juan Climent y José Francisco Javier León Barahona.
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