VALENCIA.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) seguirá investigando a la cúpula del PPCV --entre los que figuran los diputados Ricardo Costa, Vicente Rambla y Milagrosa Martínez-- por presunta financiación irregular, por un delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007 y por falsedad mercantil en los comicios de 2008. Por este motivo, el magistrado instructor, José Ceres, ha pedido nuevas diligencias.
De esta manera, el tribunal valenciano ha desestimado los recursos interpuestos por algunas partes contra el auto dictado por la Sala el pasado 25 de mayo de 2011, que acordaba la inhibición parcial planteada por el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, dentro del 'caso Gürtel'. En ese mismo escrito la Sala acordó "en principio, y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción" no incluir al ya expresidente de la Generalitat, Francisco Camps.
Tras este paso, el magistrado instructor de esta causa, José Francisco Ceres, ha dictado este miércoles un auto --contra el que también cabe recurso de reforma en el plazo de tres días-- en el que acuerda la continuación de las diligencias previas. Una de las primeras cosas que solicita es que se compruebe el aforamiento de algunos de los denunciados en esta causa --entre los que figuran varios dirigentes populares en la Comunitat-- puesto que podría haber variado tras las elecciones del 22 de mayo.
En concreto, en esta causa se están investigando, entre otros, a los diputados Vicente Rambla --exvicepresidente primero del Consell y exconseller de Presidencia y de Industria--, Ricardo Costa, David Serra, Milagrosa Martínez --ex presidenta de las Corts-- y Yolanda García.
Asimismo, Ceres ha pedido al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura que certifiquen su examen de las cuentas del PP sobre las elecciones municipales y autonómicas celebradas en mayo de 2007, y que envíen una copia del informe que realizaron y de la contabilidad aportada por la formación política. Y ha solicitado al secretario de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana la certificación de la identidad de las posibles personas nombradas por el PPCV como administradores de la candidatura en las respectivas circunscripciones provinciales en las elecciones.
El magistrado ha pedido también a la Sindicatura información sobre la fiscalización de contratos de la Agencia Valenciana de Turismo de los ejercicios 2005 a 2009 y, en concreto, sobre la revisión de la contratación, gestión contractual y su adjudicación conforme a la legalidad en relación con las ferias de Fitur.
Junto a ello, ha acordado oficiar a la dirección nacional del PP para que informe del modo de funcionamiento de la contabilidad del partido en la Comunitat y, en concreto, de las personas responsables de la misa, el grado de autonomía económico-financiero y contable de la organización política, el modo de fiscalización y control sobre la organización territorial y especialmente la electoral.
Además, ha solicitado a la Sala los soportes informáticos, informes y documentación que obra en la causa; testimonios o certificaciones de los secretarios de las Juntas Electorales. También ha pedido la impresión de algunas actuaciones documentadas en soportes informáticos: las declaraciones policiales y judiciales realizadas por los presuntos cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, entre otros; autos de entrada y registro en varios inmuebles; y autos en los que se autorizan intervenciones telefónicas.
Al magistrado del TSJM le solicita que remita los autos originales y piezas de convicción que afectan exclusivamente a los hechos de inhibición aceptados por el tribunal valenciano, entre ellos, los que hacían referencia a la presunta falsedad documental del año 2008; y la relación de los distintos cargos públicos que pudieron haber intervenido en la contratación administrativa de Fitur.
Ceres también alude a otras actuaciones pendientes posteriores a la inhibición, que también debe valorar: testimonios de la UDEF; y otros informes del mismo órgano sobre supuesta posesión de pliegos del concurso de Fitur 2005 por parte de Orange Market antes de su publicación inicial; sobre la contratación de esta empresa y la Agencia Valencia de Turismo; y sobre la presunta entrega de regalos a cargos públicos.
Asimismo, ha reclamado a la UDEF un informe sobre el avance y el estado de la investigación, y específicamente sobre si de sus averiguaciones ha podido identificarse a las personas denominadas 'El príncipe' y 'El cantante' y, en su caso, quienes son; y si ha podido averiguar la identidad del titular o de las personas autorizadas de la cuenta o cuentas corrientes que pudieran tener el PPCV, desde donde podrían haberse abonado cantidades económicas para el pago de actos encargados por la formación a Orange Market.
Por otro lado, ha pedido a Presidencia de la Generalitat la remisión íntegra de los expedientes de contratación y obras menores realizados por la Conselleria de Turismo y adjudicados a Orange Market entre 2005 y 2009; que aporte la normativa reguladora de la competencia sobre la Agencia Valenciana de Turismo y de las funciones de sus distintos cargos; y que se certifique los cargos y funciones desempeñadas por Salvadora Ibars.
Ceres ha acordado, para la "debida ordenación del procedimiento", formar piezas separadas en función a los tres hechos delictivos a los que se refiere la asunción de competencias de la Sala: una por el presunto delito electoral por las elecciones municipales y autonómicas de 2007; otra relativa al presunto delito de falsedad en 2008; y una última por presuntos delitos de prevaricación y cohecho derivados de la contratación administrativa de Fitur entre la Generalitat y Orange Market.
El magistrado establece que las notificaciones que se vayan realizando en cada pieza, en principio y en aras para el mejor conocimiento y la defensa de sus derechos, se notificarán a todas las partes. Y las personas que se vayan produciendo se realizarán en la respectiva pieza.
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