ALICANTE.- La reciente dimisión de Francisco Camps, encausado por haber recibido "cuatro trajes" pagados presuntamente por la red empresarial de Francisco Correa, plantea un antecedente político y judicial nada halagüeño para su compañera de partido en la Comunidad Valenciana, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, según 'El Mundo'.
La regidora, una de las implicadas en el Caso 'Brugal' -que estudia las presuntas irregularidades cometidas en la realización del PGOU-, podría enfrentarse a un escenario similar al de Camps si el caso pasa a ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Una interpretación tan demoledora como la que hizo el juez José Flors de las relaciones entre los altos cargos del Gobierno valenciano y los responsables de Orange Market pondría a Castedo en una situación particularmente incómoda.
Y es que si Camps tuvo que dimitir la semana pasada como presidente de la Generalitat Valenciana fue, en parte, para evitar firmar un escrito de conformidad que le habría convertido en culpable del delito de cohecho impropio. Así definía el auto de apertura de juicio oral, emitido días antes por el instructor del Caso "Gürtel", la aceptación de prendas de vestir por parte de terceros (en este caso, Correa y sus allegados), que buscaban a cambio "contar con la complacencia y el favor nada menos que del Presidente y del Vicepresidente de una Comunidad Autónoma" para obtener contratos en la organización de eventos.
En el caso de Castedo, tanto ella -en calidad de concejal de Urbanismo cuando presuntamente se cometieron los hechos investigados-, como el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, podrían haber incurrido en cohecho, información privilegiada y tráfico de influencias, según el Fiscal Anticorrupción, tras aceptar "dádivas" del empresario Enrique Ortiz a cambio de adecuar aspectos del planteamiento urbanístico a los intereses del constructor.
Esas "dádivas" que, según Fiscalía, recibió la alcaldesa, son varios viajes y un turismo de la marca Mini Cooper, así como la contratación de personal en sociedades de la órbita del constructor.
Castedo no solo ha reconocido haber recibido regalos de Ortiz, (en concreto, una cazadora de Carolina Herrera valorada en 600 euros, que cambió por otras prendas porque la tenía repetida), sino que también los considera algo "normal" y los ha equiparado, incluso, a los que puedan recibir en Navidad los periodistas por parte de empresas o instituciones.
Sin embargo, en el documento del juez Flors se especifica que, en ningún caso, "regalos de tal clase y características [refiriéndose a los trajes del caso Gürtel] pueden, por su propia naturaleza, incardinarse en el marco de la adecuación social". No son, según el magistrado, "los simples regalos de cortesía o de mero reconocimiento, que los usos sociales aceptan como inocuos y admisibles". Tampoco convence al juez la posible relación de amistad existente entre las autoridades públicas y los empresarios que les agasajaron.
En todo caso, la alcaldesa de Alicante todavía no ha sido imputada oficialmente y su condición de aforada, tras haber sido nombrada diputada en las Cortes Valencianas, determina que el órgano competente para juzgar el caso 'Brugal' sea la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Ante esta situación, el juez de la rama alicantina de Brugal debe decidir si se inhibe totalmente a favor del TSJCV (como ha ocurrido con el Caso Gürtel) o si solo remite a Valencia la parte que afecta a los dos implicados que presentan esta condición de aforados: Castedo y Díaz Alperi.
Todo ello, junto a las alegaciones que los abogados presenten, podrían bloquear el caso, al menos, hasta el próximo otoño. Si el juez tiene ya lista entonces la inhibición y el TSJCV la acepta, un ponente será el encargado de estudiar desde cero esta supuesta trama de influencias.
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