ALICANTE.- Los antiguos consejeros de Caja Mediterráneo que han sido expedientados por el Banco de España preparan con sus abogados una defensa común ante las graves acusaciones que se vierten en el informe remitido por el órgano supervisor. Algunos de los que fueron integrantes del máximo órgano de gobierno de la entidad alicantina presentarán las actas de los consejos de administración para argumentar que «fueron engañados», de acuerdo con las fuentes consultadas por el periódico 'Abc'.
El medio centenar de exconsejeros dispone, al igual que la anterior cúpula de la CAM que ha sido objeto del expediente informativo, de un plazo de veinte días que comenzó a contar el pasado lunes para presentar sus alegaciones. Con tal fin han comenzado a recabar las actas de las sesiones. Uno de los consejeros involucrados explicó a este periódico que en la última sesión a la que asistió, los directivos presentes expusieron unos resultados en los que se atribuían beneficios a la entidad cuando, en realidad, acumula pérdidas millonarias, como ha revelado la documentación que afloró tras la intervención de la caja por parte del Banco de España el 22 de julio del pasado año.
Entre las irregularidades plasmadas en el expediente elaborado por el organismo que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez figuran los préstamos concedidos por la propia entidad a miembros de su consejo a intereses irrisorios. Algunos de los implicados preparan la documentación que demuestra que sus préstamos fueron devueltos a precios de mercado. Algunos exconsejeros señalan, además, que su retribución mensual como tales apenas alcanzaba los 1.000 euros anuales en concepto de dietas.
Los miembros del consejo de administración destituido el pasado 22 de julio por el Banco de España mantuvieron ayer una reunión con abogados del despacho Cuatrecasas para preparar el contenido de las alegaciones que presentarán al expediente disciplinario.
Entre los expedientados se encuentran también los actuales miembros de la comisión de control de la CAM— presidida por el empresario murciano Juan Ramón Avilés Olmos—, que no han sido relevados en sus funciones. Con el fin de preparar su defensa, los miembros de la comisión aprobaron el pasado lunes un requerimiento en el que piden a los administradores designados por el FROB que les faciliten abundante documentación interna de la caja, incluyendo todas las actas de la asamblea general, del consejo de administración, del comité de dirección y de las distintas comisiones desde el ejercicio 2007. Del mismo modo, la comisión de control ha requerido a los administradores designados por el Banco de España los resultados de todas las auditorías de la CAM y de sus sociedades participadas, desde ese mismo año.
La comisión de control sigue ejerciendo sus funciones de supervisión de la caja por lo que, según las fuentes consultadas, los administradores del FROB no le pueden negar el acceso a esta documentación.
El presidente de la comisión de control de la entidad indicó declaró a 'Abc' que el expediente disciplinario elaborado por el Banco de España contiene «graves inexactitudes, que en un informe elaborado por funcionarios públicos pueden constituir un presunto delito de falsedad documental», por lo que en sus alegaciones exigirá al órgano regulador que rectifique las acusaciones, que considera infundadas.
Avilés añadió que emprenderá acciones penales contra los responsables del Banco de España o contra los autores del expediente disciplinario para defender su honor si la institución que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez no accede a esta petición.
El expediente disciplinario acusa a los miembros de la comisión de control de haber cobrado de dietas como consejeros de sociedades participadas por CAM, sin haber informado de ello a la asamblea general. Al respeto, Avilés explicó que él mismo informó personalmente a la asamblea sobre el cobro de estas dietas —aunque sin especificar su cuantía— en la sesión celebrada en diciembre de 2007, tal como consta en el acta de la reunión, a la que ha tenido el periódico 'Abc'.
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