ALICANTE.- Dos
multinacionales, la aseguradora holandesa Aegon y el grupo
norteamericano General Electric (GE), reclaman cerca de 1.100 millones
de euros para ejecutar la cláusula de rescisión de los contratos que
mantenían con la antigua caja de ahorros, según publica 'Abc'.
CAM
constituyó en 2004 una alianza estratégica con Aegon para desarrollar
el negocio de los seguros y, en 2005, con GE para ofrecer financiación a
los clientes de la eléctrica. En ambos contratos se introdujo una
cláusula según la cual si en algún momento se producían cambios en la
titularidad de CAM la relación quedaría disuelta y la caja se vería
obligada a abonar indemnizaciones millonarias a sus socios.
Un
supuesto que ya se planteó cuando Caja Mediterráneo pactó constituirse
como Banco junto a Cajastur y otras dos cajas de ahorros, y que
finalmente se ha concretado con el desembarco del FROB como accionista
único del Banco Base.
Según
un informe elaborado por el Banco de España el pasado mes de julio
—escasas horas antes de que acordara intervenir la caja— el cambio de
titularidad de CAM obligará a la entidad financiera alicantina a pagar a
Aegon una cifra que ronda los 736 millones de euros, mientras que la
ruptura con General Electric supondrá otros 384 millones.
Las fuentes
consultadas por Abc indicaron que ambas multinacionales ya han planteado
su demanda ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de
Comercio Internacional, que todavía no ha emitido su dictamen.
La
alianza con la aseguradora se llevó a cabo mediante la creación de un
holding —en forma de sociedad tenedora de cartera— al que CAM aportó la
totalidad de las acciones de su filial Mediterráneo Visa, mientras que
Aegón realizó dos aportaciones: una dineraria de 150 millones de euros y
otra en especie, en forma de valores de renta fija por un importe de
250 millones de euros.
En
aplicación de la cláusula de rescisión de contrato, CAM debe devolver a
Aegon los valores de renta fija aportados —o activos por un valor
equivalente— y recomprarle sus acciones en el holding, cuyo precio
deberá ser estimado por un experto independiente. Un informe elaborado
por Tower Watson en diciembre de 2010 estimó en 736 millones el coste
que tendría para CAM la ruptura del contrato: 383 millones por la compra
de las acciones del holding y 353 por los bonos que Aegon aportó a la
alianza. En el consejo de administración de CAM celebrado el pasado 30
de junio —tres semanas antes de la intervención—, la directora general,
María Dolores Amorós, informó a los consejeros de que Aegon había
presentado ante la Corte Internacional de Arbitraje una demanda para
ejecutar la cláusula de rescisión de su contrato con la caja, que se
encontraba inmersa en el proceso para transformarse en Banco CAM. La
entidad financiera alicantina encargó al despacho de abogados Uría y
Menéndez su representación en el litigio, mientras que Aegon contrató
los servicios de Garrigues.
Tras conocer estos
datos, uno de los consejeros preguntó a Dolores Amorós cuánto reclamaba
Aegon como indemnización en el conflicto. Significativamente, la
directora general afirmó que «lo que se discute en el arbitraje es la
ruptura del acuerdo exclusivamente» y, por tanto, dio a entender a los
consejeros que la operación no iba a tener ningún coste para la caja. Un
coste que el Banco de España cifra en más de 700 millones de euros.
Pero
Aegon sólo es la mitad del problema. Según las fuentes consultadas,
también General Electric ha presentado ante el Tribunal de Arbitraje una
demanda para ejecutar la cláusula de rescisión del contrato que firmó
con CAM en 2005.
En
este caso, la ruptura del contrato provocada por la quiebra y cambio de
titularidad de la caja tendría un coste de 384 millones de euros para
CAM, según las estimaciones del Banco de España. Caja Mediterráneo
deberá recomprar las acciones de la sociedad conjunta Camge que posee
General Electric, por un importe estimado de 295 millones de euros,
además de comprarle participaciones preferentes por un valor de 89
millones, según el informe elaborado por el regulador.
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