La Audiencia Nacional ya acumula tres denuncias contra la antigua cúpula de la CAM

ALICANTE.- El rosario judicial de los antiguos gestores de Caja Mediterráneo (CAM) no ha hecho más que empezar. El Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional ya acumula tres denuncias distintas interpuestas contra la anterior cúpula de la entidad financiera. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska admitió a trámite el pasado mes de noviembre la querella presentada por el abogado Diego de Ramón contra la ex directora general María Dolores Amorós por presunta estafa, delito societario y falsedad documental.

A través de la Plataforma CAM, a esta querella ya se han adherido como acusación particular cerca de 500 clientes de la caja que perdieron sus ahorros en productos financieros como las cuotas participativas, cuyo valor ha quedado reducido a cero tras la intervención. Del medio millar de demandantes, un centenar son extranjeros: fundamentalmente británicos, pero también algunos alemanes, italianos y suizos.

Por su parte, los sindicatos que representan a la plantilla de la caja, agrupados en la Plataforma Unidad Sindical de CAM, presentaron el pasado 26 de diciembre ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante una denuncia contra el ex presidente Modesto Crespo y los ex directores generales Dolores Amorós y Roberto López Abad. En su denuncia, que la Fiscalía ya ha remitido a la Audiencia Nacional, los sindicatos piden que se investiguen las pensiones vitalicias que se asignaron los miembros de la comisión ejecutiva de CAM. 

También la Asociación por la Preeminencia del Derecho, representada por el abogado José Luis Mazón, ha presentado una denuncia contra la antigua cúpula de Caja Mediterráneo, por presuntos delitos societarios, de falseamiento de cuentas y acuerdos abusivos con ánimo de lucro.

Tras ser nombrado presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el juez Grande-Marlaska ha abandonado el Juzgado Central de Instrucción nº 3. Actuando como sustituto, el juez Eloy Velasco dictó el pasado día 9 un auto en el que acumula las tres denuncias en una misma causa e insta al Banco de España a paralizar, hasta que se resuelva el proceso judicial que puede prolongarse durante varios años, el expediente disciplinario abierto a 49 exconsejeros y directivos de la caja.

 Por su parte, el administrador del FROB José Antonio Iturriaga ha anunciado que la entidad presentará otra denuncia para anular las pensiones vitalicias que se asignaron el equipo directivo de la caja. De hecho, el Juzgado de lo Social de Alicante que confirmó el despido de María Dolores Amorós y rechazó todas sus pretensiones ya estableció que el pago de dichas prestaciones sociales es «injusto e ilegal», tal como recuerda 'Abc'.