A veces, la actualidad es tan rica, y variada en
acontecimientos que unas noticias ocultan a otras, unos acontecimientos
obscurecen a otros, y sucesos, que en circunstancias normales ocuparían
las primaras páginas de los periódicos, o los principales espacios
informativos en otros medios, permanecen difuminadas y, sepultados,
por otros más inmediatos.
Esta semana es lo que ha ocurrido con un personaje que no debe pasar
desapercibido para la opinión pública, porque es uno de los causantes
de la quiebra de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), la caja
alicantina a la que se inyectaron, en su momento, 5.249 millones de
euros (el mayor rescate financiero de la historia de España, superior ,
incluso, al de Banesto en 1993), para posteriormente, venderla por un
euro, al Banco Sabadell, que con esta operación, se convirtió en la
cuarta entidad española por activos.
El personaje , al que se refería recientemente nuestro compañero
Fernando González Urbaneja en su crónica sobre lo mal que funciona este
país, es Juan Ramón Avilés, ex concejal del Partido Popular,
y promotor inmobiliario que, no se sabe muy bien con que méritos,
aunque se sabe por qué vía, la política, llegó a ser nada menos que
presidente de la Comisión de Control de la CAM, y uno de los que
aparecieron brindando con champán en la Bolsa de Madrid cuando en el año
2008, salieron a Bolsa las cuotas participativas de la Caja quebrada.
El tal Avilés, que tendrá que comparecer la semana que viene en la
Audiencia Nacional ante el juez Javier Gómez Bermúdez, que tiene
imputados por estafa a la plana mayor de la CAM, desde su peculiar
presidente, el concesionario de automóviles, a Roberto López Abad o a la
célebre directora general de la entidad, María Dolores Amorós, la que se
auto impuso una pensión vitalicia de 370.000 euros anuales, ha sido
denunciado por el FROB (Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada) e,
imputado por apropiarse “indebidamente” de nada más y nada menos, que
de 17 millones de euros. Y todo eso, según la denuncia, “a través de
múltiples presiones a múltiples niveles de la CAM, haciendo uso de su
dominio organizacional y de modo ventajista”.
El tal Avilés, José Ramón, obtuvo créditos de su propia Caja en
condiciones ventajosísimas para sus empresas inmobiliarias, cobró dietas
irregulares de 300.000 euros e, incluso, usó a su hermana de
testaferro para una sociedad en dificultades que tenia créditos
pendientes con la Caja por un total de 14 millones de euros. Según el
informe elaborado por el FROB “el señor Avilés estaba ocultando
financiación recibida de la CAM, cuando existe la obligación de
informar al Banco de España de todas las facilidades crediticias
otorgadas por la Caja a los altos cargos de la entidad o a sus
empresas”.
Ya el señor Avilés durante su comparecencia en la Comisión de
Investigación que se formó en las Cortes Valencianas, puso de manifiesto
que él no controlaba nada, sino en todo caso “supervisaba” y cuidaba
que se cumpliesen las directrices marcadas por la Asamblea y “supervisar
la legalidad”.
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