MADRID.- Las comunidades autónomas españolas se verán abocadas a reducir sus estructuras administrativas para adaptarlas a los tiempos de crisis, previsiblemente mediante la centralización de algunos sevicios y la privatización de otros, dijo el presidente de la comisión encargada de reformar las administraciones públicas.
El subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales, que
desde el Palacio de la Moncloa supervisará el trabajo de esta comisión,
se mostró convencido de que se lograrán los consensos necesarios tanto
con las comunidades autónomas (CCAA) como con la oposición para sacar
adelante el proyecto, pese a que podría toparse con la resistencia de
algunos gobiernos regionales.
"Estas cosas siempre cuestan, pero es que hay que hacerlas", dijo
Pérez Renovales en una entrevista con Reuters, recordando que las
regiones tienen unos estrictos objetivos de déficit que cumplir y por
tanto pocas opciones de rechazar potenciales ahorros de gasto.
"A lo mejor es un problema a corto plazo reducir el tamaño de lo
que tienen o juntarlo con lo que tiene el Estado, pero no creo que haya
una resistencia enorme", afirmó.
Tras años de intensa descentralización, los gobiernos regionales
se han convertido en la mayor de las administraciones públicas
españolas, con más de la mitad de su personal y un tercio de su gasto
total, gestionando servicios públicos clave como la sanidad o la
educación.
El deterioro de su calidad de crédito y las estrictas condiciones de los mercados han dejado
además a muchas de las regiones a expensas del Estado, que ha diseñado
un plan de dos años para atender a sus necesidades de liquidez mientras
las 17 comunidades se han comprometido a ahorrar 18.350 millones de
euros en 2012.
Durante las "vacas gordas", las CCAA recibieron ingresos
extraordinarios derivados del 'boom' inmobiliario que pasaron en muchos
casos a ser gastos recurrentes, algo que la crisis ha hecho insostenible
y las ha llevado a aprobar estrictos ajustes presupuestarios.
La comisión de reforma administrativa se enmarca en el plan
reformista del Gobierno español, tras los cambios abordados en el
mercado laboral o el sector financiero, en medio de una profunda
recesión económica mientras el país trata de cumplir los objetivos de
déficit pactados con Bruselas.
Uno de los objetivos de la comisión, que carece de una estimación
de ahorro de gasto público y debe presentar sus conclusiones antes de
mediados de 2013, es reducir la estructura administrativa allí donde se
encuentren funciones duplicadas entre distintos departamentos o niveles
de la administración.
Sin embargo, Pérez Renovales subrayó que en la estructura
estatal, donde hay unos 237.000 empleados públicos, "no hay mucho
margen" de adelgazamiento, por lo que la mayoría de los cambios tendrán
que venir de las CCAA, en cuyas administraciones trabajan alrededor de
1,4 millones de personas.
"Las comunidades autónomas ya están ajustando (...) (pero) Lo que
va a hacer este trabajo es darles muchísima más información y muchas
propuestas para reducir su administración pública o para hacerla más
eficiente", añadió.
El Gobierno insiste en que el objetivo es simplificar los cuerpos
administrativos y no dar marcha atrás en el estado de las autonomías,
aunque Pérez Renovales sí habló de "centralizar en el mejor sentido de
la palabra".
El subsecretario puso como ejemplo la centralización de servicios
como la gestión informática, la confección de nóminas o de selección de
proveedores, al estilo de lo realizado en el ámbito de la sanidad con
los procesos de compras centralizados de medicamentos.
Tampoco descartó que de la evaluación de algunos de los servicios
analizados se concluya que no es necesaria la participación ni de la
Administración central ni de la autonómica, y pudiera encomendarse al
sector privado.
"Seguro que descubrimos que tanto aquí como allí hay funciones
que pueden estar desempeñando dos organismos estatales y de la comunidad
autónoma a la vez y puede que no tenga que desempeñarse por ninguno",
declaró Pérez Renovales.
"Al final se trata de tener una administración que tenga justo el
tamaño para hacer lo que la función pública te exija que hagas",
afirmó.
Aunque las propuestas de la comisión no serán vinculantes,
subrayó que los gobiernos regionales podrían verse "abocados" a
asumirlas para cumplir con sus objetivos de déficit, ya que bajo la
estricta ley orgánica de estabilidad presupuestaria, el Estado dispone
de mecanismos para sancionar a las comunidades incumplidoras, y "hay
total voluntad de aplicar la ley".
La reforma de las estructuras regionales irá de la mano de
cambios en la Administración local, donde se está ultimando un proyecto
de ley que clarificará las competencias de los ayuntamientos y que
aspira a modificar radicalmente la prestación de los servicios
municipales para hacerlos más eficientes.
"Siempre se dice que de las crisis pueden salir grandes proyectos
de reforma, pues este es un ejemplo claro", aseguró Pérez Renovales,
mostrándose convencido de que las reformas emprendidas sentarían las
bases para un buen crecimiento futuro de España.
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