El letrado Diego de Ramón pide al juez Gómez Bermúdez que encarcele a la cúpula de la CAM

MURCIA.- El letrado murciano Diego de Ramón ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Gómez Bermúdez, la modificación de las medidas cautelares para que los cinco miembros imputados de la antigua cúpula de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) ingresen en prisión o satisfagan una fianza de 35 millones de euros por cabeza, además de la fianza impuesta para cubrir responsabilidades civiles, de otros 35 millones de euros, por el quebranto económico al Estado (a través del Fondo de Garantía de Depositos) y a los casi 55.000 afectados clientes de la CAM, para beneficio propio.

Este abogado adjunta escrito dejado en su bufete por un antiguo empleado de la CAM, don Ramón López Gil, que se presento el pasado día 20 de diciembre, donde revela la trama organizada y generalizada en dicha entidad con el dinero que gestionaban en operaciones de préstamos económicos, pymes, hipotecarios y fraudes a la Hacienda Pública.

De Ramón (en la imagen) se halla personado en su condición de querellante como Acusación Popular y acusaciones particulares, contra los  exmiembros directivos de la CAM, y subsidiariamente contra dicha entidad, por un presunto delito de estafa.

A su juicio, justificaría el ingreso en prisión, que el Fondo de Garantía de Depósitos ha analizado los números rojos mediante un nuevo informe de expertos independientes fechado a 31 de diciembre del año pasado, quedando un quebranto de 3.707 millones hasta el año 2021, donde el 80% de esta cantidad será asumida por el F.G.D., 2.965 millones de euros, "es decir, más del doble de lo estimado (1.340 millones de euros) cuando la entidad del Sabadell se quedó la CAM en diciembre del año 2011. Y a este dinero habría que sumar una cifra de 5.250 millones de euros que inyecto el FGD en el capital de la CAM, de forma que el rescate total llega hasta ahora a los 8.215 millones de euros, siendo culpables los imputados".

Pero De Ramón en su escrito al juez justifica su petición, además, en:

"a).-Por la falta de constitución de la fianza económica decretada el año pasado, en el cual amparándose en los recursos planteados no CONSTITUYO NINGUN TIPO ECONOMICO DE GARANTIA POR LOS INDICIOS CRIMINALES QUE EXISTEN EN LA CAUSA.

b).-Por la fuerte presencia de cerca de CIEN SOCIEDADES participadas en la cartera industrial de la CAM, que crearon los directivos imputados, para burlar el control y fiscalización de los créditos que se dieron y no se han cobrado. Tenemos el ejemplo en esta causa de las dos sociedades que a continuación exponemos (Polaris World y Hansa Urbana) y que el Instituto de Finanzas Valenciano, no auditaba ni se enteraba.

c).-La entidad concedió créditos sin pasar por la central de riesgos o Central de Información de Riesgos (Cirbe) del Banco de España, ver contestación ultima del Banco de España.

d).-La fianza económica de 35 millones de euros, puesto que ha transcurrido EL TERMINO DE AUDIENCIA DE UN DIA, pese a interponer recursos, no suspende dicha medida de embargo, lo cual tiene que realizarse el siguiente paso, el embargo INMEDIATO DE TODOS LOS BIENES, PROPIEDADES, DERECHOS, ACCIONES TITULOS EN BOLSA, BONOS QUE TENGA EN ENTIDADES FINANCIERAS, PARA QUE CON DICHA MEDIDA SIRVA GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURIDICA QUE EN SU DIA SE DICTE Y CALMAR LA FALTA DE TUTELA Y PROTECCION DE TODAS LAS VICTIMAS que han sido objeto por parte de los imputados en el quebranto económico de los ahorros particulares, LOS CUALES FUERON INDEMNIZADOS EN CUANTIA DE CERCA DE SEIS MILLONES DE EUROS (d. Roberto López Abad) y el resto en mas de 1.500.000 de euros, aparte el plan de pensiones millonario.

g) Otra modificación de la medida cautelar, las declaraciones del exgobernador del Banco de España, el pasado 6 de junio del año 2012, ante las Cortes Valencianas, donde culpa a los exconsejeros y gestores (ahora imputados) de la CAM en su caída y bancarrota, y al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia y Murcia, que fueron quienes los nombraron.

h).-El expresidentes de la CNMV, Sr. Segura, en su declaraciones ante las Cortes Valencianas, el día 14 de mayo pasado, asegura que cuando se emitieron preferente es y cuotas, se timo a los inversores con estos productos, donde hubieron en su gestión y comercialización “diversas deficiencias” donde un gran porcentaje el 72% de las operaciones consideradas idóneas “no lo serian”, ya que el test preceptivo para comercializar este producto era “complejo” teniendo un marcado sesgo para dar resultado positivo. Y el 26% de los casos no se evaluó al cliente la idoneidad de la operación. TODO ESTO LO REALIZARON EN INGENIERA FINANCIERA LOS IMPUTADOS".