sábado, 9 de noviembre de 2013

Expertos jurídicos advierten de que el cierre de RTVV será "complejo" y que habrá que "justificar" para que sea válido

VALENCIA.- Expertos en derecho administrativo consultados han advertido hoy que el proceso de cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV) será un proceso legal "complejo" y que habrá que "justificar" para evitar que, en caso de ser recurrido ante el Tribunal Constitucional, sea anulado, al igual que habrá que justificar la ausencia del fundamento del interés general con el que se creó la sociedad.

   De esta manera, han apuntado que será el TC la última baza para los trabajadores de la sociedad pública cuando se haga efectiva la ley por la que se apruebe la liquidación de RTVV. Será este órgano el único que pueda controlar si la nueva legislación contempla alguna infracción o si, por contra, es constitucional.
   De este modo, el profesor Derecho Administrativo de la Universitat de València, Juan Antonio Ureña, considera que "no es tan fácil" proceder a la liquidación de una sociedad pública como es RTVV porque "una cosa tan compleja como ha acabado siendo Canal Nou no puede acabar deshaciéndose de un día para otro porque hay personas, hay valores y servicios". También han indicado que el procedimiento legislativo no es como el reglamentario y, aunque se tenga mayoría en el Parlamento para llevarlo a cabo, "hay que justificarlo".
   En esta línea, el profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València, Andrés Boix, ha destacado la "dificultad" y la "complejidad" de este proceso, --que "será largo", han dicho--, porque no hay antecedentes de casos similares, así que "no hay posibilidad de copia y siempre hay más flecos abiertos".
   Así, en relación a la situación administrativa de la sociedad, expertos consultados han puntualizado que "Canal 9 es un complejo de personas públicas y sociedades mercantiles y no es tan sencillo cerrarlo porque no solo se trata de una personalidad, sino de muchas personificaciones públicas y privadas". Además, han indicado que se tendrá que justificar la desaparición del fundamento del interés general con el que se creó la sociedad.
   Un especialista ha añadido: "una cosa son las personas jurídicas que hay que extinguir, pero vinculado a la extinción están los contratos y las personas que prestan servicios. De modo que si es una decisión sin justificar, aunque el legislador lo puede casi todo, si causa un daño tiene que pagarlo".
   El legislador, ha apuntado Ureña, "tal y como decían los clásicos, puede todo menos convertir a un hombre en mujer, porque tiene un peso importante, pero el procedimiento legislativo no es como el reglamentario, y aunque tenga mayoría, hay que justificarlo", ha apostillado.
   En cualquier caso, ha apuntado Boix, del mismo modo, la "única" forma de ejecutar el cierre de RTVV es recurrir a la ley. O bien mediante la aprobación de un decreto ley, o bien por medio de una modificación, derogación o aprobación de una nueva normativa.
   La diferencia, ha señalado, es que si se opta por la primera medida, "todo es más rápido aunque más difícil de justificar"; mientras que si se elige la segunda, el procedimiento "será más complicado" echarlo para atrás porque está "más blindado", ha indicado.
   En cualquier caso, la ley tendrá que establecer unos mecanismos de funcionamiento diferentes para la televisión valenciana, nombrar a unos gestores y establecer cómo va a ser el cierre. Uno de los especialistas ha matizado que para poder cerrar la sociedad hay que hacer "muchas cosas", cómo el hecho de resolver qué se va a hacer con las deudas, con los compromisos, los activos o los proveedores. "Es un proceso que habrá que ordenar", ha dicho.
   Esta ley también podría ser recurrida ante el TC, organismo que es el "único" que puede controlarla, que puede determinar si es o no constitucional. "Si la ley está bien hecha, que no es difícil, el Constitucional rechazará el recurso. Para decir que está mal hecha tendría que haber una barbaridad", ha apostillado uno de los especialistas.
   Aquellos que podrían recurrir al TC la ley del Gobierno valenciano son: los afectados, en vía de amparo; o el presidente del Ejecutivo, el Defensor del Pueblo, y 50 diputados y 50 senadores de los partidos que estén en contra, han señalado las mismas fuentes. También podría hacerlo la Asamblea de la comunidad autonómica, "pero contra tu propia ley no lo vas a hacer", han aseverado. Pero no hay tiempo para que luego se pronuncie el TC, y mientras tanto, RTVV estará cerrada.

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