MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha
decretado la apertura de juicio oral para el exdirector general de la
Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), el alcoyano Roberto López Abad, y el
expresidente de la Comisión de Control de la Caja, el murciano Juan
Ramón Avilés, a los que ha concedido un plazo de 24 horas para depositar
una fianza por responsabilidad civil de 1,9 y 6,6 millones de euros
respectivamente.
En el auto el magistrado acusa a ambos de apropiación
indebida, administración desleal y delito societario y añade, en el caso
de Avilés, un cuarto delito, de otorgamiento de contrato simulado. Los
dos están acusados de fomentar el cobro de dietas abusivas y participar
en la concesión de préstamos irregulares.
López Abad se enfrenta a penas de entre 4 y 14 años de
prisión mientras que Avilés podría ser condenado a entre 2 años y seis
meses y 16 años y seis meses de cárcel, de acuerdo con los escritos de
acusación provisionales presentados por la Fiscalía Anticorrupción y la
propia CAM a través del Fondo de Restructuración Ordenado Bancario
(FROB).
El magistrado designa además, como partícipes a título
lucrativo a 18 miembros de la Comisión de Seguimiento y Control de la
Tenedora de Inversiones, participada por la CAM, a los que acusa de
haber cobrado dietas de entre 9.000 y 308.000 euros. También considera
partícipes a título lucrativo a la mujer, el hermano y dos hijos de
Avilés.
Según precisan Anticorrupción y el FROB en sus escrito a
partir del año 2005, el acusado López Abad , que había sido nombrado
director en 2001, "buscó la fórmula para superar límites retributivos
fijados por la caja y posibilitar que los directivos de CAM cobrasen
mayores emolumentos".
Entre las maniobras que llevó a cabo con la intención de
sobrepasar los límites económicos establecidos por los estatutos de la
caja, López Abad dió los pasos necesarios para la creación de Tenedora
de Inversiones y Participaciones (TI) y que debía funcionar como
Comisión de Control de todas las empresas participadas por la caja.
En opinión de la Fiscalía este órgano "fue un mero y burdo
instrumento ideado por López Abad para permitir que los miembros de la
Comisión de Control de CAM "cobraran unos emolumentos muy superiores a
los que tenían derecho conforme a la normativa sobre Cajas de Ahorro y
los propios estatutos de CAM, sin realizar ningún trabajo adicional para
la entidad que justificara dichas retribuciones".
La Junta General de TI, reunida el 26 de junio de 2006
acordó doblar las anteriores retribuciones y estableció para el segundo
semestre de 2006 una 'dieta' de 16.400 anuales --frente a los 8.200 que
tenía establecida la caja hasta ese momento-- y para los años sucesivos
de 32.800. Un año después ratificó las anteriores retribuciones y
estableció que los "cargos internos" cobrarían el doble.
En 2008 TI acordó elevar la anterior "dieta" a la cantidad
de 80.000 euros anuales para el presidente, cargo que había asumido para
entonces Juan Ramón Avilés, 40.000 anuales para el vicesecretario y el
secretario, y 20.000 anuales para el resto de los miembros. En
septiembre de 2011 la Comisión de Seguimiento y Control de TI fue
suprimida, y todos sus miembros cesados, por decisión de los
administradores provisionales de CAM designados por el FROB.
La Comisión se reunió en 16 ocasiones y en todos estos
encuentros y con excepción de los casos en que procedía hacer algún
nombramiento dentro de la propia estructura, "la actitud de sus miembros
fue meramente pasiva, limitándose a escuchar las informaciones
facilitadas por el administrador de la sociedad, sin que en ninguna de
las actas de estas reuniones conste una sola aportación sustantiva que
los miembros de esta Comisión hicieran para el efectivo seguimiento y
control de la sociedad". Avilés llegó a cobrar en concepto de dietas un
total de 308.700 euros. El y otros 20 integrantes del órgano, dos de
ellos fallecidos, cobraron casi 1,5 millones de euros.
El escrito también recoge la participación de ambos
exdirectivos en una simulación de venta de acciones de la sociedad 'La
Vereda de Sucina', dedicada a inversiones inmobiliarias, por parte de la
esposa de Avilés a la hermana de éste a través de un pago de 90.000
euros que la compradora ficticia había sido ingresado previamente.
Esta operación causó una pérdida de 4,91 millones de euros
al Banco CAM, sucesor del negocio de la caja de ahorros, después de que
la entidad desistiera de solicitar los créditos concedidos a la empresa,
que fueron autorizados por el Consejo de Administración y el Instituto
Valenciano de Finanzas.
El Banco Sabadell, que adquirió la CAM por un euro, informó
el 27 de noviembre de 2013 que los préstamos concedidos a 'La Vereda de
Sucina' fueron refinanciados en abril de 2011 y se encuentran
actualmente "impagados".
La investigación partió de un informe del Banco de España
emitido el 25 de enero de 2012 en el que se apuntaba que Avilés habría
cobrado dietas irregulares entre los años 2007 y 2011 y obtuvo "créditos
en condiciones ventajosas" para empresas vinculadas a su familia.
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