MADRID.- El partido político ‘Soberanía’,
presidido por el célebre abogado oriolano José Luis Mazón Costa, ha denunciado
ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 al ex presidente del
Gobierno, Felipe González Márquez, y al rey Juan Carlos de Borbón y
Borbón
por su cooperación –“ hasta ahora secreta”-, por hechos que pueden ser
constitutivos de cooperación en un delito de rebelión acaecida el 23 de
febrero de 1981, según consta en la denuncia, ahora transformada en
querella, tras la admisión por el juez Santiago Pedraz.
En un auto fechado el pasado 8 de abril, el juez central nº 1 de la Audiencia Nacional,
registró la querella interpuesta por el citado partido politico
contra la trama civil oculta del 23-F; Pedraz, sin entrar a valorar aun los hechos, asegura que por lo
demás la querella reúne los requisitos previstos en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Inicialmente Soberanía presentó denuncia, que
luego transformó en querella, sobre la cual resuelve ordenando su
tramitación el auto del juez Pedraz.
Las diligencias de la querella por la trama oculta del 23-F objeto de
querella han sido registradas bajo el número 28 del año 2014.
La denuncia contra Felipe González lo es por “presunto cooperador
necesario, quien estaba o figuraba en la lista del nuevo gobierno que
iba a salir del golpe militar, en calidad de vicepresidente, según se
publica en la información histórica contenida en el libro de Pilar Urbano, cuyos datos extracta en una entrevista elmundo.es”
Según “las mismas informaciones verosímiles publicadas”, Juan Carlos de
Borbón y Borbón, rey de España, “era el verdadero jefe, el cerebro
visible del golpe militar frustrado que dirigió el general Armada”.
La denuncia agrega que al gozar el rey de inviolabilidad, “será
citado en calidad de testigo, para cooperar en el esclarecimiento de los
hechos. Si no es que se interpreta que la inviolabilidad constitucional
no puede amparar la participación de un jefe de Estado en un golpe de
Estado”.
La circunstancia de ‘Soberanía’ considera que si “el delito podría
estar prescrito no es óbice para la apertura de una investigación para el
esclarecimiento de los hechos. Y se citan como ejemplos el procedimiento
seguido contra Baltasar Garzón Real ante la Sala
Segunda del Tribunal Supremo por los patrocinios de los cursos de Nueva
York, en donde el instructor señor Marchena concluyó una investigación
que luego declaró prescrita por unos hechos que ya estaban establecidos
desde el comienzo de la investigación”.
“La posible implicación de Felipe González Márquez en el golpe militar como cooperador necesario dcl general Armada
a la hora de dar su consentimiento a la integración en la lista del
nuevo gobierno que, como consecuencia del golpe militar, iba a sustituir
al que hasta entonces presidía Adolfo Suárez, reclama
una investigación que impone el principio de legalidad penal en relación
al artículo 23.1 de la Constitución, el cual garantiza la democracia y
el derecho de los ciudadanos a la participación en el poder político, lo
que combinado con el precepto penal del delito de rebelión, exige un
esclarecimiento de los hechos. Y la respuesta a la pregunta ¿dio su
consentimiento el denunciado Felipe González a la participación en el
gobierno opuesto por el general Armada, donde aparecía como vicepresidente?”, se dice en otro de los párrafos de la denuncia.
La denuncia pide que se llame a González a declarar como testigo, “ y
de aparecer evidencias de su colaboración con el golpe militar del 23
F, que ahora son indicios o sospechas, se hiciera en calidad de imputado
con independencia de que de hallarse el delito prescrito acudiría con
la tranquilidad de no poder ser castigado en caso de responsabilidad de
cooperador necesario en los planes del general Armada
quien a su vez ejecutaba según las informaciones publicadas la voluntad
del rey de España, que también debe de prestar su testimonio en calidad
de testigo de no ser posible la interpretación del articulo 56.3 de la
Constitución (inviolabilidad del rey) en el sentido de que dicha
inviolabilidad no le protege frente a actos tan fuera de sus funciones
como planificar un golpe de Estado acabando con un gobierno democrático
para imponer otro de su libre configuración”.
La denuncia se apoya en “una completa credibilidad tanto por provenir de una periodista, Pilar Urbano,
tradicionalmente ligada al Palacio de la Zarzuela, como por el medio
que la publica, el diario ‘El Mundo’. El alegato final de la denuncia de
‘Soberanía’, reza así: “Y si la Justicia de ahora no investiga estos
hechos, otra Justicia vendrá que lo hará, ya liberada de la hipoteca del
régimen monárquico bipartidista que tan gran estafa ha cometido contra
el pueblo. cooperando en un golpe militar del que se nos presentaban
como los salvadores”.
La querella recoge el siguiente párrafo:
"Básicamente el juicio del 23-F fue cerrado en falso y constituyó una
gran estafa al conjunto del pueblo español. Ahora se ha descubierto que
hubo una trama civil que pasó desapercibida y resultó impune, porque la
integraban personajes muy importantes del régimen bipartidista y su
ocultación fue a su vez favorecida por el propio Rey que tenía interés
en que no se supiera que había pasado en realidad en el golpe de Estado
del 23F donde él mismo era uno de los personajes principales ocultos
tras la cortina que se ha caído al cumplir la edad de Cristo, los 33
años, el tiempo máximo que aguanta en España un gran fraude
institucional, una gran mentira al pueblo español".
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