La Audiencia Nacional fija fecha para el primer juicio por el saqueo de la CAM

MADRID.- La Audiencia Nacional celebrará los próximos 22, 26, 27, 28 de enero y los días 12 y 16 de febrero, el primer juicio por el saqueo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. 

Se sentarán en el banquillo el expresidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés, y el exdirector general, Roberto López Abad, que se enfrentan a penas de hasta 16 años y medio de cárcel por delitos de apropiación indebida, administración desleal, delito societario y otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de terceros, al haber cobrado supuestamente, dietas irregulares y créditos indebidos por más de 22 millones de euros.

En su escrito por el que decretó la apertura de juicio oral, el juez instructor, Javier Gómez Bermúdez, fue más allá que la Fiscalía Anticorrupción. Atendió la petición del FROB y de la plataforma de afectados y acusó a López Abad y a Avilés de apropiación indebida, administración desleal y delito societario. 

Además, también acusó de un delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de terceros a Avilés, por lo que las penas de cárcel a las que podrían enfrentarse los acusados oscilan entre los 14 años para López Abad, y los 16 y medio para Juan Ramón Avilés, frente a los 4 y los 2.5 años respectivamente, solicitados por Anticorrupción.

El juez también ordenó para ambos el pago de una fianza de responsabilidad civil de 8.500.000 euros. Un total de 6.600.000 euros para Juan Ramón Avilés, y 1.900.000 euros de fianza solidaria en su caso junto a los otros directivos que percibieron dietas irregulares, para Roberto López Abad.

Según la Fiscalía Anticorrupción y el FROB, los dos antiguos dirigentes de la CAM se adjudicaron dietas desorbitadas, que en el caso de Avilés superaron los 300.000 euros, quien además recibió créditos de forma indebida por más de 22 millones de euros.

Según la Fiscalía, Roberto López Abad creó la Comisión de Control de Tenedora de Inversiones -una sociedad participada de la CAM-, como "mero y burdo instrumento ideado por el acusado para permitir que sus miembros cobraran emolumentos muy superiores a los que tenían derecho".

El fiscal relata que de "una dieta anual única" de 8.200 euros en 2005, se pasó a partir de 2008 a dietas de "80.000 euros anuales para el presidente, 40.000 para vicepresidente y secretario, y 20.000 para el resto" del consejo. Y ello a pesar de que durante las 16 reuniones celebradas hasta la supresión de la Comisión de Control de TI en septiembre de 2011, la "actitud de los miembros fue pasiva, limitándose a escuchar informaciones del administrador sin una sola aportación sustantiva".

En total, los 21 miembros del consejo de la Comisión de Control de TI percibieron 1.494.029 euros, de los que Juan Ramón Avilés cobró 308.700 euros. El fiscal propone que todos, salvo dos fallecidos, tengan que indemnizar con idéntica cantidad al actual propietario de la CAM, el Banco de Sabadell, quien adquirió la caja alicantina por el precio simbólico de 1 euro.

El FROB por su parte entiende que la gestión de López Abad y Avilés provocó un agujero de 4.9 millones y quiere que abonen esa cantidad como indemnización. Además, al contrario que la Fiscalía, reclama que el dinero no se pague al Sabadell sino al Fondo de Garantía de Depósitos para compensar los 5.249 millones del erario público que fueron necesarios para rescatar la CAM.

La Fiscalía Anticorrupción, al igual que la acusación particular del FROB, también detalla los créditos supuestamente irregulares obtenidos por el expresidente de la Comisión de Control de la CAM y de TI. Alrededor de 22 millones de euros, gran parte de los cuales nunca debieron ser concedidos porque eran "dudosos por morosidad", según el Ministerio Público. 

Pero la caja alicantina no solo se los concedió, sino que lo hizo en "condiciones muy favorables". Recuerda Anticorrupción que Avilés tenía que haber abandonado sus cargos en la Caja para poder recibir estos créditos y que además, utilizó a su esposa, a su hijo y a una hermana como testaferros para "evitar el control externo del Instituto Valenciano de Finanzas" de la Generalitat valenciana, y obtener de forma supuestamente irregular créditos ICO por 1.160.000 euros. También consiguió un préstamo del ICREF (el ICO de Murcia) por 1.869.479 euros de forma supuestamente irregular.