MADRID.- La Audiencia Nacional celebrará los próximos 22, 26, 27, 28
de enero y los días 12 y 16 de febrero, el primer juicio por el saqueo
de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Se sentarán en el
banquillo el expresidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés, y
el exdirector general, Roberto López Abad, que se enfrentan a penas de
hasta 16 años y medio de cárcel por delitos de apropiación indebida,
administración desleal, delito societario y otorgamiento de contrato
simulado en perjuicio de terceros, al haber cobrado supuestamente,
dietas irregulares y créditos indebidos por más de 22 millones de euros.
En su escrito por el que decretó la apertura de juicio oral, el juez
instructor, Javier Gómez Bermúdez, fue más allá que la Fiscalía
Anticorrupción. Atendió la petición del FROB y de la plataforma de
afectados y acusó a López Abad y a Avilés de apropiación indebida, administración desleal y delito societario.
Además, también acusó de un delito de otorgamiento de contrato simulado
en perjuicio de terceros a Avilés, por lo que las penas de cárcel a las
que podrían enfrentarse los acusados oscilan entre los 14 años para
López Abad, y los 16 y medio para Juan Ramón Avilés, frente a los 4 y
los 2.5 años respectivamente, solicitados por Anticorrupción.
El juez también ordenó para ambos el pago de una fianza de responsabilidad civil de 8.500.000 euros.
Un total de 6.600.000 euros para Juan Ramón Avilés, y 1.900.000 euros
de fianza solidaria en su caso junto a los otros directivos que
percibieron dietas irregulares, para Roberto López Abad.
Según la Fiscalía Anticorrupción y el FROB, los dos antiguos dirigentes de la CAM se adjudicaron dietas desorbitadas,
que en el caso de Avilés superaron los 300.000 euros, quien además
recibió créditos de forma indebida por más de 22 millones de euros.
Según la Fiscalía, Roberto López Abad creó la Comisión de Control de
Tenedora de Inversiones -una sociedad participada de la CAM-, como "mero
y burdo instrumento ideado por el acusado para permitir que sus miembros cobraran emolumentos muy superiores a los que tenían derecho".
El fiscal relata que de "una dieta anual única" de 8.200 euros en
2005, se pasó a partir de 2008 a dietas de "80.000 euros anuales para el
presidente, 40.000 para vicepresidente y secretario, y 20.000 para el
resto" del consejo. Y ello a pesar de que durante las 16 reuniones
celebradas hasta la supresión de la Comisión de Control de TI en
septiembre de 2011, la "actitud de los miembros fue pasiva, limitándose a escuchar informaciones del administrador sin una sola aportación sustantiva".
En total, los 21 miembros del consejo de la Comisión de Control de TI percibieron 1.494.029 euros, de los que Juan Ramón Avilés cobró 308.700 euros.
El fiscal propone que todos, salvo dos fallecidos, tengan que
indemnizar con idéntica cantidad al actual propietario de la CAM, el
Banco de Sabadell, quien adquirió la caja alicantina por el precio
simbólico de 1 euro.
El FROB por su parte entiende que la gestión de López Abad y Avilés
provocó un agujero de 4.9 millones y quiere que abonen esa cantidad como
indemnización. Además, al contrario que la Fiscalía, reclama que el dinero no se pague al Sabadell sino al Fondo de Garantía de Depósitos para compensar los 5.249 millones del erario público que fueron necesarios para rescatar la CAM.
La Fiscalía Anticorrupción, al igual que la acusación particular del
FROB, también detalla los créditos supuestamente irregulares obtenidos
por el expresidente de la Comisión de Control de la CAM y de TI. Alrededor de 22 millones de euros, gran parte de los cuales nunca debieron ser concedidos porque eran "dudosos por morosidad",
según el Ministerio Público.
Pero la caja alicantina no solo se los
concedió, sino que lo hizo en "condiciones muy favorables". Recuerda
Anticorrupción que Avilés tenía que haber abandonado sus cargos en la Caja para poder recibir estos créditos y que además, utilizó a su
esposa, a su hijo y a una hermana como testaferros para "evitar el
control externo del Instituto Valenciano de Finanzas" de la Generalitat
valenciana, y obtener de forma supuestamente irregular créditos ICO por
1.160.000 euros. También consiguió un préstamo del ICREF (el ICO de Murcia) por 1.869.479 euros de forma supuestamente irregular.
No hay comentarios:
Publicar un comentario