La
UE no protege adecuadamente la producción citrícola de la Europa
meridional, y en especial la española, que ostenta el liderazgo mundial
en calidad y garantía fitosanitaria basado en un esmerado cultivo y un
excelente y probado control profesional sanitario. La opinión pública ha
sido partícipe en los últimos meses de los perniciosos efectos de
suscribir un tratado comercial comunitario con países terceros
(Comunidad de Estados Sudafricanos), firmado a espalda del sector y sin
un informe de impacto previo.
Las
destructivas consecuencias para los cítricos europeos vienen dadas por:
- el solapamiento de las producciones bilaterales para su venta en
fresco o su procesado industrial en zumos, - una competencia desleal de
costes de producción, medioambientales y sociales, - unas aplicaciones
fiscales desequilibradas, - las nuevas ventajas arancelarias para sus
exportadores, y - la ruptura del manido principio de preferencia
comunitaria.
No aplicar severamente la regulación comunitaria en
materia de control fitosanitario de las importaciones procedentes de
países terceros o hacerlo de manera permisiva con algunos Estados
miembros importadores, con nula o escasa sensibilidad y carentes de
producción que proteger, genera continuos impactos negativos a la
industria española.
A
título de ejemplo, sólo durante el último trimestre, el sector
citrícola nacional ha conocido tres nuevas y graves amenazas foráneas,
como consecuencia de la laxitud del control sanitario en ciertos puertos
de entrada: - en noviembre se confirmó en Mallorca la presencia de una
bacteria, la Xylella fastidiosa, que podría ser letal para los
cítricos, olivos y otros frutales y que sólo dos meses después ya se
considera que está expandida por todo el archipiélago, - en diciembre,
se localizó en Alicante otra peligrosa plaga también desconocida en
estas latitudes, el llamado 'trip del té', y - recientemente,
las autoridades lusas confirmaron a las españolas que el insecto que
porta la enfermedad citrícola más devastadora del planeta, el ‘citrus greening’ (que
ya ha puesto contra las cuerdas a potencias productoras como Florida,
Brasil o China) ha sido detectado en Aveiro (Portugal), a sólo 450 km de
las plantaciones citrícolas de Huelva.
Por efecto directo de la
globalización de los intercambios comerciales -no debidamente
controlados en los puertos de llegada europeos- se estima que cada poco
más de un año se introduce en el sector citrícola español una nueva
plaga o enfermedad. Cualquiera de las que portan recurrentemente los
agrios de Sudáfrica en sus envíos a la UE (como el citado citrus
greening, el hongo 'Citrus black spot' o la polilla C. Leucotreta)
cuestionaría la viabilidad de nuestra citricultura, un sector que cada
año genera un volumen de negocio superior a los 4.000 millones de euros,
más de 3.000 de ellos en exportaciones.
Como en toda actividad
económica que cubra un consumo necesario y que contribuya al crecimiento
del Producto Interior Bruto (PIB) y de la Renta per Cápita (RPC), surge
inevitablemente la competitividad altamente agresiva. Si además, el
sector no solamente crea riqueza sino que contribuye a mejorar la salud
humana y satisfacer la necesidad alimentaria, como es el caso, surge el
"plagio destructivo" y la "ambición especulativa desmedida", ilegal y
creadora de un dumping que exigiría la indemnización compensatoria
jurídicamente indiscutible de una actividad que se desarrolla en una
tierra fértil, un clima único y un agricultor técnicamente preparado,
amante de su oficio y continuador de las experiencias de sus
antepasados; sin olvidar la pérdida de riqueza del Patrimonio Nacional,
del consumo y de nuestra balanza exterior.
En septiembre de 2014,
ante la amenaza de nuevos rechazos - por razones fitosanitarias o
incluso de un nuevo bloqueo de sus exportaciones decidido por Bruselas- ,
Sudáfrica acordó con las autoridades holandesas cómo flexibilizar los
controles en sus puertos. Se pactó con la principal plataforma de
importación hortofrutícola de aquel país una inspección previa a la
comunitaria (la oficial) y se acordaron, según consta en cartas
remitidas por la Citrus Growers Associatión of Southern África
(CGA) a importadores europeos, "protocolos y procedimientos creativos y
flexibles” con la inspección oficial holandesa (la comunitaria).
Nótese
el caso ciertamente cuestionable de Holanda, cuya inspección
fitosanitaria oficial es realizada a través de una concesión del Estado
por la entidad privada Kwaliteits Controle Bureau (KCB), cuyo
consejo de administración está enteramente compuesto por los
importadores de frutas y hortalizas holandeses. Se trata pues de un caso
inédito con respecto al resto de Europa, donde estos controles son
realizados por un cuerpo específico de funcionarios de alta
cualificación.
Es
decir, que los exportadores sudafricanos pudieron negociar y lograron
efectivamente dulcificar el prescriptivo control de plagas y
enfermedades en el principal puerto de entrada europeo con los
principales interesados en evitar tales problemas, los importadores de
los Países Bajos. La decisión posterior para evitar más problemas
fitosanitarios en destino fue sencilla, dirigirse hacia los puertos con
controles más laxos: Rotterdam para los envíos en fresco hacia la Europa
continental, a los puertos ingleses para los destinados,
principalmente, a la transformación en zumos para las islas, o en mucha
menor cantidad al país luso para su posterior distribución a los
mercados españoles y del sur de Francia.
Gracias a la
permisividad de la UE y a la connivencia con la inspección holandesa,
británica y posiblemente la portuguesa (que acumularon el 50, el 24 y el
8 por ciento de las importaciones citrícolas europeas de 2016
procedentes de Sudáfrica), sus exportadores han conseguido reducir
drásticamente los rechazos fitosanitarios en frontera, pero no el riesgo
de poder expandir sus plagas y enfermedades.
No debe olvidarse,
además, que gracias al nuevo acuerdo comercial con la UE han logrado
eliminar bastantes componentes en sus costos, legitimando una
competencia desleal –social y medio ambiental- con la producción
europea. Entre otros cabe destacar: el fraude fiscal en origen, los
costos sociales y de producción insuficientes, y la eliminación de
derechos arancelarios para sus exportaciones a Europa. De seguir así se
arrebatarán los beneficios a nuestros agricultores, llevándoles a la
ruina de sus fincas agrícolas y a la posible quiebra.
SOLUCIONES
Determinados
grupos del sector están reaccionando y estiman la posible necesidad de
acudir a la vía judicial internacional que obligue a los tres miembros
beneficiarios a someterse a la regulación Comunitaria de control
fitosanitario.
Sin embargo, el Comité de Gestión de Cítricos (CGC) propone la siguiente y razonable solución:
1.-
Que la CE haga cumplir los reglamentos de control y medidas preventivas
fitosanitarias que garanticen la misma cualificación e independencia
profesional de forma homogénea en todos los puertos de entrada de la UE
para evitar que las importaciones se concentren en los menos rigurosos.
2.-
Que, siguiendo las recomendaciones científicas de la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria (EFSA), imponga controles y medidas preventivas
a las importaciones se concentren en los menos rigurosos.
3.-
Que, siguiendo las recomendaciones científicas de la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria (EFSA), imponga controles y medidas preventivas
a las , Australia o Japón.
(*) Economista y empresario
