Los bancos abaratan hipotecas pero niegan al Banco de España estar asumiendo más riesgos

MADRID.- La oferta de créditos hipotecarios da señales de dar un giro en sentido opuesto al volumen de créditos malos acumulados en los balances de los bancos y paralelo al que las entidades bancarias esperan que aplique el Banco Central Europeo (BCE) a los tipos de interés.

El Banco de España ha advertido en su último informe sobre el mercado bancario que las entidades han comenzado a relajar sus políticas de riesgo crediticio en la contratación de estos créditos. Los bancos, sin embargo, han restado importancia al aviso. «No sacrificamos rentabilidad por clientes» fue la respuesta de Banco Santander, Sabadell y Bankinter a la amonestación del supervisor bancario español, según El Mundo.
El único en admitir un giro en su política comercial fue el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres Vila, al subrayar que su capacidad para medir sus propios riesgos es lo que les permite tener «unas ofertas comercialmente muy atractivas», atendiendo «al perfil de cada cliente». Unas palabras en clara alusión a las hipotecas al 100% que comercializa desde marzo.
El límite de riesgo, al contrario que en la época previa a la crisis, parece estar situado unánimemente en el 80% del valor de tasación. Incluso BBVA ve un error que la banca conceda hipotecas con una financiación superior al 80% del valor del inmueble. 

Y aunque el Euribor se sitúa actualmente en un -0,19%, las entidades no pueden disimular su esperanza de que la política monetaria europea se normalice en el próximo año, es decir, que los índices de referencia de sus carteras crediticias sumen al margen de intereses, su principal negocio.
De hecho, más que disimular, señalan que ya están haciendo los preparativos. Así lo indicó Torres Vila cuando reconoció que el grupo ya está variando su estrategia financiera de compra de bonos de cara a una subida de tipos.
Por su parte, Jaime Guardiola, consejero delegado de Banco Sabadell, se muestra convencido de que el BCE ya está allanando el camino y de que la Bolsa premiará generosamente el cambio de perspectivas de negocio en la banca, que ganó 4.586 millones hasta marzo.

A mediados del pasado mes de abril, BBVA dio respuesta a entidades como Bankinter o Santander, que en febrero habían rebajado el diferencial sobre el Euribor en su oferta hipotecaria a un 0,99%. La entidad, que parece decidida a recuperar terreno en el mercado español, no espera a materializar el próximo mes de septiembre su acuerdo para liberar su balance de 13.000 millones de euros y ha rebajado el diferencial hasta el 0,89%.
«No estamos dispuestos a rebajar nuestro listón de riesgo; queremos contratar hipotecas con gente que nos devuelva el crédito», ha señalado, por su parte, María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter.
Si BBVA es capaz de arrastrar al resto de bancos, se verá en las próximas semanas. A las entidades supervivientes de la crisis les ha costado 10 años, la presión constante del BCE y el Banco de España y miles de millones sanear los balances de créditos y activos heredados de la burbuja inmobiliaria. Ahora que desde 2014 se han deshecho de 100.000 millones de euros en créditos dudosos y están cerca de concluir el proceso, no les interesa subir demasiado rápido la tensión en el que es su mayor mercado crediticio.
Mientras agotan su paciencia, los bancos han encontrado el modo de esperar recurriendo a negocios alternativos, como los seguros o los fondos, o recortando los costes.
Así es como Banco Sabadell ha presentado un aumento del 32,8% en comparación con el mismo periodo del año pasado; Caixabank ha hecho lo propio disparándolos un 74% y BBVA, un 11%. Si el margen de intereses, que es el principal negocio, apenas creció un 2%, buena parte de la mejora de los resultados bancarios procedió de reducir a cerca de la mitad las dotaciones para insolvencias.
Por este motivo, todos los grandes bancos cotizados, a excepción de Bankinter, tienen previsto acelerar la venta de carteras improductivas y reducir el «problema inmobiliario» a una cuestión «inmaterial» en sus balances, según han manifestado Santander y BBVA.
Bankinter, por su parte, tiene medido al día lo que supondría un cambio de tendencia en el Euribor: una subida de un punto porcentual en los tipos de interés supondría inyectar 120 millones de euros en su margen de intereses.

Las Autonomías prevén quedarse este año con otros 2.600 millones de las herencias

MADRID.- Los gobiernos autonómicos prevén quedarse este año con más de 2.600 millones de euros de las herencias que reciban los españoles. Es la cifra de conjunto que sale de computar las previsiones de ingresos fiscales recogidas en los presupuestos autonómicos de este 2018 y recopiladas por Abc. A la cabeza se sitúa Cataluña, que aspira a desbancar a Andalucía como la región que más recauda por Sucesiones. 

En cifra neta, el año pasado la Generalitat catalana propinó a las herencias un mordisco fiscal de 458,71 millones de euros. Y este 2018 prevé dar una vuelta de tuerca más y elevar la recaudación por Sucesiones hasta los 483 millones de euros. Andalucía, que en 2017 lideró el «ráking» con 470 millones, este 2018 prevé recaudar algo menos de 400 millones de euros -tras las rebajas tributarias aprobadas finalmente en Andalucía para este impuesto-.
Pese al creciente rechazo social que genera este gravamen, y las movilizaciones ciudadanas que se han emprendido para exigir su supresión, durante el último año el agregado autonómico no solo no redujo la recaudación de Sucesiones sino que la aumentó. Varias regiones han optado por ir reduciemdp la presión fiscal, por aumentar las bonificaciones y exenciones tributarias sobre las herencias. Pero otras mantienen su carga impositiva, en algunos casos después de haberla incrementado en los últimos años.
El resultado de conjunto es que, en 2017, la recaudación global fue un 1% superior a la de 2016. Ascendió a 2.725,5 millones de euros. Y esto sin contar el País Vasco, cuyos tributos son gestionados por las diputaciones forales y el dato no consta en el informe de ejecución presupuestaria autonómica del Ministerio de Hacienda.

De Gürtel a Brugal, pasando por Emarsa o AIDO, en todos los casos se entremezcla el consumo de sexo

VALENCIA.- Como se ha podido observar a lo largo de la serie de reportajes de El Plural dedicados a la corrupción en la Comunitat Valenciana, existen ciertos aspectos que son comunes a todos los casos de corrupción como por ejemplo el robo de dinero público, primeros espadas políticos como protagonistas y un largo etcétera de datos tristemente comunes en estos casos. 

Pero hay un detalle que pocas veces se menciona pero que parece ser una constante en los asuntos de corrupción valencianos, la unión de corruptos y prostitución. Es decir, a la sustracción de dinero público se une uno de los actos más machistas que existe, el consumo de  prostitución.

Aido

Esta semana se hacía público que, el informe independiente encargado en la APCE por presunta corrupción, acusaba al senador del Partido Popular, Pedro Agramunt, de recibir sobornos por parte de Azerbayán que consistían en recibir a prostitutas de tres en tres en hoteles de lujo, sobres con billetes de 500 euros, transferencias digitales de 15.000 euros, regalos de Hermès y, sobre todo, caviar. Pero el caso de Agramunt no es, ni mucho menos, aislado.

En otro caso que se encuentra en instrucción, el que investiga el presunto fraude de subvenciones de la empresa AIDO en Valencia la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional investiga si los responsable de AIDO pagaron servicios sexuales camuflados como facturas de restaurantes. Los investigadores comprobaron que las facturas por supuestas cenas y comidas de los directivos realmente se celebraban en clubes de alterne. Una práctica deplorable pero, por desgracia, para nada aislada.

Emarsa

Dentro del caso Emarsa, en el que supuestamente se desfalcó la depuradora de Pinedo en Valencia y que está a falta de sentencia, se hicieron tristemente famosas las ‘traductoras’ rumanas. Cuando el caso se encontraba todavía en instrucción, el ex gerente de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia S.A. (Emarsa), Esteban Cuesta, declaró ante el titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que Emarsa pagó varias noches de hotel a una mujer procedente de Rumanía para traducir documentos y proyectos.

Pero la sorpresa se produjo cuando se investigó más profundamente esta declaración y se comprobó que la mujer tenía como domicilio un prostíbulo. Es más, con dinero público de esta entidad se pagaron varios viajes a Rumanía en los que, además de trabajo, se gastó el dinero de erario en sexo con prostitutas. Parece una lamentable constante que en los casos de corrupción aparezca siempre algún eslabón de la cadena que tenga que ver con este tipo de servicios que, no solo se costean con dinero público, sino que denigran sobremanera a la mujer.

Brugal

El caso más mediático y llamativo es el relacionado con el empresario alicantino Enrique Órtiz que está imputado dentro del caso Brugal junto a los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luís Díaz Alperi. Tal y como informó El Plural, en las conversaciones grabadas por la Policía en el marco del caso Brugal, se revela que Ortiz y el exdirector general de Bancaja Aurelio Izquierdo disfrutaban de esparcido ocio en el yate del constructor.

En esas grabaciones Ortiz e Izquierdo hablan de manera abierta sobre sus juergas sexuales con prostitutas. En una de ellas, Ortiz propone un viaje en barco por el Mediterráneo junto a dos “paquetes”. El trato que se da a las mujeres es ofensivo y machista.

“Oye, ¿y tu paquete es español o qué?”, pregunta Izquierdo, a lo que Ortiz responde: “Es portugués”. “Qué bueno, oye, qué rico, y es jovencita”, pregunta el entonces directivo de Bancaja. El empresario responde afirmativamente. 

La relación entre Ortiz e Izquierdo era íntima, como desvelan las grabaciones, en las que pueden escucharse frases como: “Venga niño, no te pajees mucho” o “yo lo que quiero es follármela”. Y los favores eran mutuos. El exdirector general de la caja se puso en contacto con el constructor para que intentara “colocar” a una amiga, a "la chiquita esa, de lo que sea... Pero no hace falta ni que le paguen... aunque sea el salario mínimo...".

Gürtel.

Y como siempre, no podía faltar el perejil de todas las salsas, el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a quien el garganta profunda del caso, José Luis Peñas, le grabó una conversación hablando de una fiesta en casa del alcalde de La Nucia (Alicante). Correa tenía como táctica habitual hacer orgías con prostitutas para cerrar tratos y, sus visitas a la Comunitat Valenciana no iban a ser diferentes.

En las grabaciones se escucha a Correa contarle a Peñas sobre su participación en una fiesta organizada en el chalé de Bernabé Cano, alcalde de La Nucia, y más conocido como 'El Choco' con “cinco tías impresionantes”. En los audios se oye a Correa decir: "Bernabé nos dijo que nos iba a montar una de puta madre con tías en su pueblo. Fuimos a cenar y cuando me quise dar cuenta había cinco tías impresionantes".

Y explica que, en aquella orgía estuvo una chica de "25 añitos, muy discreta, educada, calladita", al parecer de Europa del Este. En la misma ‘fiesta’, el ahora condenado dice que otro de los imputados en el caso, Jacobo Gordón, "se llevó una tía guapísima a la habitación. Todos los demás estaban allí en pelotas, cada uno con una tía".

Además de la constante del uso de prostitutas en este tipo de casos, hay otra cosa habitual, y es el lenguaje despectivo a la hora de hablar sobre el sexo que realizan con estas mujeres a la que, casi todos ellos, consideran meros objetos de placer.

PP y Ciudadanos agitan el miedo al ‘procés’ en Navarra, Valencia y Baleares

MADRID.- PP, Ciudadanos y UPN repiten una consigna que ya es lema para las autonómicas de 2019: en Navarra, Baleares y Comunidad Valenciana hay Gobiernos con partidos nacionalistas que siguen el guion catalán de hace 30 años y aspiran a acabar en un 'procés'. Lo están diciendo incluso en Asturias, donde se está debatiendo la cooficialidad de la lengua asturiana en la próxima legislatura, adelanta hoy El País. 

Para el resto de partidos, incluido el PSOE, que preside en los dos últimos territorios, es puro delirio, una burda estrategia electoral para crear miedo. Rebaten que el independentismo es marginal en esos lugares. 

Pero la derecha subraya precisamente que así era en Cataluña hace diez años, que también estaba ahí el PSC, en teoría para frenarlo, y que este cuadro se puede revertir. Creen que hay una “agenda oculta” y para ello sirven los giros en políticas lingüísticas y educativas. 

En los tres territorios se han dado pasos en estos ámbitos que suponen un cambio respecto a los sistemas consensuados desde hace años.

Del otro lado, acusan a la derecha de querer una polarización similar al de Cataluña. Se repite un diálogo de sordos ya conocido, con referencias al maltrato financiero. Otra pregunta es que, si realmente hay riesgo de deriva soberanista, cuál es el plan del PP y Gobiernos centrales en los próximos años. 

Será un debate creciente, y plantea tensiones de fondo del procés. Emergen discusiones de la Transición y no hay reparos para frases apocalípticas.

Navarra, la pelea de la extensión del euskera

El PP presentó la semana pasada un vídeo con música de thriller que empieza así: “¿Preocupado por la situación en Cataluña? Pues escucha lo que está pasando en Navarra. Desde 2015 el Gobierno está en manos de la izquierda abertzale, que tiene como objetivo que Navarra desaparezca. Está imponiendo un proceso de batasunización”. 

Consistiría en la imposición del euskera, de la ikurriña y la anexión al País Vasco. Para EH Bildu es una “absoluta caricatura”. 

“Aquí no cuela”, opina Bakartxo Ruiz, portavoz de la formación abertzale.

Ana Beltrán, presidenta del PP navarro, no cree que exagere: “Esto pasa totalmente inadvertido, lanzo la alarma”. Opina que Geroa Bai y EH Bildu esperan el momento idóneo para un referéndum de anexión al País Vasco, posible según la Constitución: “Si repiten legislatura, desde luego”. Javier Esparza, presidente de UPN, piensa igual: “Saben que hoy pierden, siembran para el futuro”. El primer pleno monográfico de la legislatura, apuntan, fue para aprobar el derecho a decidir.

Les alarma la ampliación del euskera en administración y en escuelas. Que aparezca primero en papeles oficiales, en carteles viales, cuando solo lo habla un 12,9% de la población, la mayoría en el norte. La reforma para colgar la ikurriña en edificios públicos, si lo aprueba el municipio. La modificación en contratos públicos: las empresas que opten a concursos de atención al público deben tener un plan de euskera para sus empleados. 

“El euskera es una herramienta para la construcción nacional. Para optar a una plaza pública ahora saber euskera vale más que tener un doctorado. Las empresas, y quien quiera ser funcionario, tendrán que ir a La Rioja y aquí vendrán los guipuzcoanos”, acusa Esparza. También alega que se destinan recursos de forma desproporcionada para escuelas con cinco alumnos y además en zonas no vascófonas se les paga transporte y comedor.

El partido socialista comparte las críticas al Gobierno foral, pero acusa al PP y UPN de querer “polarizar con el miedo” a la sociedad. “Este es un Gobierno nacionalista en una comunidad que no lo es, e intenta hacer prevalecer una identidad sobre otra, como hacía UPN”, señala María Chivite, portavoz del PSN. “Deberíamos aprender de lo que ha pasado en Cataluña para no repetir los mismo errores y no alimentar miedos”.

El vasco no es oficial en Navarra, solo en el norte. Una ley socialista de 1986 la dividió en tres zonas: norte, vascófona, la única donde hay obligación de uso en los servicios públicos; centro, mixta; y sur, castellanohablante. Ahora se han abierto ikastolas en el sur. “Nadie está imponiendo nada. Solo hemos dado oportunidad de acudir a la red pública a algunas familias que lo pedían”, replicó la presidenta foral, Uxue Barkos, esta semana en un desayuno en Madrid. 

A preguntas de El País sobre un posible escenario como el catalán respondió: “No hay paralelismo ninguno, por más que se empeñen en buscarlos”. El Gobierno foral alega que con los funcionarios se adapta a la demanda real: de 16.000 solo tenían obligación de hablar euskera 160, con 80.000 hablantes. Argumentan que el salto tras décadas de UPN parece enorme, pero solo es un ajuste a la realidad.

En la Comunidad Valenciana se está volviendo a evocar la batalla de Valencia, un traumático y violento episodio de la Transición, que enfrentó derecha e izquierda por la cuestión lingüística. Lo hace, por ejemplo, Isabel Bonig, la presidenta del PP: "El valenciano nunca ha sido un problema, y están reabriendo una separación, cuando el tema de la lengua se cerró en los ochenta". 

Pero desde el Bloc, el partido soberanista de la coalición Compromís, les acusan a ellos: “Es como entonces, cuando se agitó el fantasma de la lengua para frenar el proceso autonómico. PP y Ciudadanos compiten a ver quién la dice más gorda. Pero el Bloc nunca ha pedido la independencia. Hemos sido extraparlamentarios hasta 2007 y conocemos esta sociedad”, replica Àgueda Micó, secretaria general.

Bonig ve clarísimo que se quiere repetir el esquema catalán: "Están siguiendo los mismos hitos, control de los medios públicos y educación. No hablan de ello porque saben que ese mensaje hoy en Valencia no cala, pero quieren crear un clima". Toni Cantó, de Ciudadanos, valenciano, coicide: "El contagio es obvio. El PSOE no tiene problema en pactar con nacionalistas y ceder competencias, como en Cataluña. Juegan al poli bueno, Mónica Oltra, y el malo, Vicent Marzá, conseller de Educación. 

Están iniciando el camino que nos ha llevado al procés.Tengo sobrinos que solo dan una hora de castellano en su pueblo, y dos de inglés. Y eso lo empezó el PP.En la nueva televisión autonómica tienen más comisarios lingüísticos que realizadores". Se refiere al nuevo canal, À punt, que ha comenzado esta semana sus emisiones cuatro años después del cierre de Canal 9. La directora general, Empar Marco, ha sido 13 años delegada de TV3 en la comunidad.

"Lo que dice Cantó es imposible, que lo denuncie", replica Miguel Soler, socialista, secretario general de Educación. El último conflicto ha sido un nuevo decreto de educación que fue paralizado en julio de 2017 por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad por discriminar el castellano, porque vinculaba el tener más horas de inglés a elegir la línea escolar en valenciano, entre otras cosas. El Gobierno valenciano reculó y rehizo una nueva ley. 

"Cogimos la sentencia del Supremo de Cataluña para aplicarlo. El ministerio de Educación nos ha dado el visto bueno. Lo más curioso es que Ciudadanos y PP piden en Cataluña lo que aquí critican".

El principal argumento del Gobierno valenciano es que el modelo actual del PP, que lleva veinte años, es en la práctica una inmersión -se elige línea en valenciano o en castellano-, que ellos estarían incluso suavizando con un modelo trilingüe. Actualmente hay un 90% de alumnos en línea en valenciano en Castellón, por ejemplo, la provincia donde esta lengua es predominante. 

 "La nueva ley prevé unos márgenes mínimos, 25% de valenciano, 25% de castellano y de un 10 a un 20% de inglés, y el resto, libre elección. El resultado ha sido muy plural: el 58% de las escuelas tiene 40% de valenciano, y el 40%, un 40% de castellano”, comenta Soler.

Pero Ramón López Cabrera, de la Federación de Asociaciones de Padres de Alicante (FAPA), que recurrió el decreto, no lo ve tan inocente: “El decreto era llevar al sistema educativo una propuesta ideológica, no pedagógica. Era una evidente discriminación. La nueva ley también tiene una serie de despropósitos que llevan a pensar que es una política nacionalista. Es un tema político puro y duro”.

Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno valenciano, rechaza de plano la teoría de la agenda oculta: “Es una tesis sin fundamento. Si le preguntas a cualquiera por el independentismo aquí es como muy marciano. Solo está en la agenda de quienes quieren crear caos. Yo me levanto por la mañana y no pienso en Cataluña, sino en el colegio de los niños, en la sanidad, en la vida real de la gente". 

¿Compromís es independentista? "Rotundamente no. No está en su ideario ni en el pacto de gobierno. El valencianismo es defender los intereses de los valencianos en un proyecto de Estado común. No queremos ser españoles de segunda. Fuimos los últimos en inversión estatal en 2017 y los penúltimos en 2018. España se rompe por los Presupuestos”.

“La derecha saca este argumento por dos razones”, opina Enric Bataller, diputado de Compromís en el Congreso. “Una, da votos en el resto de España, y es una línea muy peligrosa, abandonar el consenso para solo imponer mayorías numéricas, para la convivencia es fatal, así empezó Yugoslavia. Y dos, crea un frente interno en cada territorio, como en Cataluña, como Inglaterra con el unionismo en Irlanda del Norte, y tú sacas rédito político”. 

Bataller advierte que esto se puede combinar con una sensación de maltrato que se agudiza con los años, por la cuestión de la financiación: “Y eso sí moviliza a la gente”.

“Ahí tienen razón. Lo triste es que el Gobierno central no reacciona”, apunta Mikel Arteta, doctor en Filosofía Política y autor de La construcción nacional valenciana. “Los frutos de tener partido propio en el Parlamento nacional son evidentes. Ves a Coalición Canaria condicionando los Presupuestos. Basta exacerbar el victimismo y te votan. Es el fin del parlamentarismo”, lamenta. 

Sostiene que está en marcha una silenciosa imposición de la agenda nacionalista, copiada del plan de catalanización de Pujol de los noventa. Ve una “estrategia de la distorsión” con la lengua: “Solo el 30% habla valenciano. Pero si todo está en valenciano, la administración, la tele, los carteles, da la impresión de que es lo que tienes que hablar. Han ganado el terreno de lo políticamente correcto. Van tocando teclas, es cuestión de tiempo y lo saben”.

En esa supuesta agenda oculta estaría Acció Cultural del País Valencià (ACPV), asociación para la difusión de la lengua y la cultura valencianas fundada en 1978. Sería un equivalente de Òmnium, la entidad catalana con la que está asociada, y recibe subvenciones de la Generalitat. “Somos una entidad que difunde la lengua y la cultura, nada más”, rebate su presidente, Toni Gisbert. “Òmnium dio un salto que no hemos dado. No somos independentistas ni nos pronunciamos sobre política. Aquí nadie se cree el independentismo, hay algunos, pero igual que hay gente que cree en marcianos, hay de todo”. 

Considera las acusaciones de PP y Ciudadanos como “una campaña que juega con la verdad, como Donald Trump”. “Las mayorías absolutas se han acabado y los márgenes se juegan en zonas urbanas, votos que la derecha intenta movilizar con el miedo. No estamos en una fase similar a Cataluña ni de lejos, pero sí hay un sentimiento de discriminación que hace diez años no existía. Cada vez más valencianos dicen que hay que crear un problema valenciano para que nos hagan caso. Cuidado con jugar con fuego, porque a base de repetir mentiras puede pasar lo que dijo Montilla en Cataluña, que se cree desafección y sectores se sientan desamparados por Gobierno central”.

Baleares, conflicto en la sanidad

Mariano Rajoy visitó Baleares el pasado 21 de abril y el titular fue que alertaba del riesgo de contagio catalán. “Esperábamos qué venía a anunciar, quizá el descuento del 75% en el transporte para los residentes, y nos dice eso. ¿Hay algo más en este país que las amenazas, algún plan?", reprocha Guillem Balboa, uno de los coordinadores de MÉS Mallorca. 

Este partido, con nueve diputados y en el Gobierno insular, es el origen de la alarma de Rajoy. Es soberanista y tras el referéndum del 1-O anunció que su objetivo era realizar uno igual en 2030, propuesta que luego no prosperó en su congreso.

Balboa, alcalde de Alaró y el primero de raza negra de las islas, cree que “es mucho suponer esta agenda oculta. Al PP le viene muy bien Cataluña como excusa. MÉS Mallorca es un partido soberanista, hay unos independentistas y otros no. Reivindica el máximo de autodeterminación, el máximo que la población quiera alcanzar. Ahora no existe un sentimiento mayoritario de independentismo”.

“No estamos incómodos con ellos. Nuestra hoja de ruta es social, no de autogobierno”, explica Iago Negueruelas, portavoz del partido socialista balear, PSIB. En el PP no se lo creen: “En el MÉS luego se callaron, y así van, a la chita callando. Saben que necesitan tiempo. Son una minoría, pero sus políticas van entrando en la sociedad”, afirma el presidente popular, Biel Company.

El punto más polémico ha sido el decreto de marzo que introduce el catalán en la sanidad. Da dos años para obtener el nivel básico, y sin certificado no se puede optar a traslados ni promociones. Es requisito, no mérito. 

“Esto no es una cuestión sanitaria, la gente no piensa en el idioma cuando va al médico, y nunca había sido un problema, hay muchos médicos de fuera pero todos entienden catalán. En 2017, de 7.000 quejas solo hubo cinco por la lengua”, explica Miguel Lázaro, presidente de Sindicato Médico, central mayoritaria y la única que se opone.

Apunta que es muy importante el contexto: “Somos una comunidad importadora de médicos, con diez años sin oferta pública con niveles de interinidad del 35%. En Ibiza y Menorca hay una gran rotación, también los alquileres influyen. Los ocho gerentes de los hospitales de atención primaria de Baleares enviaron una carta en la que se oponían por razones técnicas: impide captar y fidelizar médicos”. 

Ya se han ido unos 20 facultativos y especialistas, aunque no solo por esta razón, pero ha contribuido a que hicieran las maletas. Han ido saliendo en la prensa: la única neuropediatra de Ibiza; un psiquiatra, un anestesista y una ginecóloga de Menorca… Se da además una circunstancia llamativa: a los médicos de otros países de la UE no les puede exigir el catalán, porque no es cooficial en Europa.

El decreto causó una sorprendente protesta de la nada, el movimiento Mos Movem. “Empezó en una cena, con un amigo médico que se desespera porque traen médicos de Perú, de Argentina, y tratamos de integrarlos para que no se escapen. Si se echan novia menorquina hacemos una fiesta”, relata Úrsula Mascaró, conocida empresaria de calzado, que se ha puesto al frente. Al final, el 17 de diciembre convocaron una manifestación. "Pensamos que seríamos cuatro gatos y según la prensa fueron 2.500, aunque eran más”. Ahora tienen 14.000 seguidores en la red social. segura que son apolíticos. “Yo tengo amigos en todo el mundo y esto es una cosa tan de pueblo… Con la educación tragamos, pero ahora la Sanidad, la orquesta sinfónica de Baleares, hasta los taxistas, no puede ser”. El 5 de mayo es la próxima manifestación, en Ibiza.

“No es un problema real, no ha habido concentraciones de personal sanitario. Si fuera así tendríamos un problema gordísimo. La alarma no cala porque no es verdad, los médicos están tranquilos”, replica Negueruela. Lo cierto es que las mayores protestas que recuerdan las islas se produjeron contra el anterior gobierno del PP, de José Ramón Bauzá. Rompió décadas de tranquilidad al modificar las normas educativas y lingüísticas, del propio PP. Lo pagó en las urnas -de 35 a 20 escaños- y el actual Gobierno ha restablecido el sistema anterior.

En el mismo PP fue derrotado por el ala más regionalista de Company. Por el camino perdió, por ejemplo, a Jaume Font, un histórico del partido que acabó fundando su propia formación, Proposta per les Illes (PI), un centro derecha moderado con tres escaños. “No veo nada de lo que dice Rajoy. Con la situación tan delicada que tenemos en España debería ser más responsable”, dice Font. 

"Los únicos que hablan de soberanismo son MÉS, nueve diputados de 59, y dentro de esos nueve hay de todo, ecologistas, gente que viene de IU…”. Sí cree que crece el malestar por el trato a Baleares: “Llevamos veinte años esperando el régimen especial para las islas. El Estado debería cuidar esto, todos somos españoles y debemos ser iguales”.

Pero a la derecha también le inquieta el PSOE. “El de aquí no es el de Madrid, pregúntale a Joan Mesquida”, dice Company. Se refiere al veterano socialista balear, exdirector general de la Guardia Civil y Policía Nacional, que acaba de dejar el partido. 

Al preguntarle, Mesquida da la razón a Rajoy: “Hay un evidente denominador común con Cataluña. Hay que estar muy vigilantes. El independentismo está permeabilizando puestos de responsabilidad del PSOE en Baleares. Hace diez años en Cataluña estaban con el Madrid nos roba. Estamos ya en esa fase”.

Expertos del CSIC temen un verano masificado de medusas

BARCELONA.- Hace dos semanas la Costa Brava amanecía completamente teñida de azul, algo muy parecido a lo que ha ocurrido durante las últimas horas en los litorales de Barcelona y Tarragona. Las velella velella, una especie de medusa de pequeñas dimensiones y de color azul intenso, se cuentan por cientos de miles –o quizás por millones– varadas en nuestras playas. Un fenómeno sin muchos precedentes que no deja de sorprender a la comunidad científica, que ve excepcional la gran cantidad de ejemplares que han llegado arrastradas por corrientes de aire, según recoge hoy La Vanguardia.

Se trata de unos hidrozoos que cumplen en la costa su ciclo de vida. A varias millas mar adentro, estos animales suben por las noches del fondo marino para alimentarse en la superficie y es ahí donde, debido a su característica veleta, son transportadas por las brisas hacia la costa, donde mueren varadas en la playa. 

Según Josep Maria Gili, profesor investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas del Mar de Barcelona, nunca antes se había registrado una llegada tan masiva de estos ejemplares, “algo excepcional que demuestra el desequilibrio que se está produciendo en los océanos, debido especialmente a la sobrepesca”. 

Para este experto, la falta de depredadores naturales, como las tortugas, atunes y demás peces de grandes dimensiones, propician la superpoblación de esta especie que, además, no cuenta con competidores a la hora de comer plancton, por la reducción de la población de peces de pequeño tamaño. 

Las particulares condiciones climáticas que se registran también podrían haber favorecido su proliferación, ya que incluso se habría detectado un avance en la época de reproducción y eclosión de estos animales. Por este motivo, Gili cree que “no se debe descartar la llegada de más concentraciones”, al menos durante los próximos 15 días.

Aunque parezca alarmante y preocupante el aspecto que ofrecen las playas tras la llegada de estos animales, su presencia es inofensiva para las personas. Posee baja capacidad urticante y por lo tanto con muy poco o ningún efecto sobre los humanos. 

Por este motivo, las autoridades no han tomado medidas excepcionales para su limpieza, “ya que la naturaleza hará su curso con estas medusas y en cuestión de unos días habrán desaparecido de las playas”, explica el biólogo Eduard Marqués. 

“Su descomposición y erosión servirán de alimento para otras especies animales”, añade.

Las velella velella o las barquitas de San Pedro, nombre popular que recibe esta especie, frecuenta la costa catalana, así como buena parte de la cuenca mediterránea. Son muy frecuentes especialmente entre los meses de marzo y mayo. No se trata de una medusa libre, sino de una colonia flotante de pólipos especializados. Está compuesta por un disco ovalado azul y una vela triangular o semicircular perpendicular al disco, que es lo que guiará a cada ejemplar hacia tierra. Estos ejemplares pueden alcanzar los ocho centímetros de diámetro.

Desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas prevén que, si las circunstancias no cambian, “si las medusas de la primavera han llegado en abundancia a nuestras playas, también lo hagan así las medusas del verano”. 

De modo que las precauciones que deberán tomarse de cara a la temporada de baño tendrán que ser más importantes. De hecho, las estadísticas que recogen los expertos reflejan que la presencia de medusas en verano en la costa “es muy fluctuante porque varía en función de muchos factores”, pero que en líneas generales “podría decirse que va en aumento”. 

Una observación que va en concordancia con los factores ambientales que les son favorables, muchos de ellos resultantes del cambio climático, como los inviernos suaves, las primaveras poco lluviosas y los veranos cálidos, según reza en el Tercer informe sobre el cambio climático en Catalunya, elaborado por la Generalitat de Catalunya y l’Institut d’Estudis Catalans.

Desde el Instituto de Ciencias del Mar pueden presumir de desarrollar uno de los proyectos científicos más importantes del Mediterráneo, un exhaustivo programa que trata la problemática de las proliferaciones de medusas en las playas y los efectos en la salud humana. 

Por ello, junto a la Obra Social de la Caixa, han impulsado una interesante herramienta que facilitará el baño a miles de personas durante el próximo verano. Se trata de una página web (medjelly.com) y de una aplicación para dispositivos móviles (iMedJelly) con información a tiempo real donde se advertirá de la presencia de medusas en nuestro litoral, su abundancia y si es recomendable el baño en su presencia. 

Además de advertencias, la ficha técnica de las principales medusas mediterráneas y ciertos consejos ante la picada de una de ellas. 

El negocio bancario en España sería una ruina sin comisiones

MADRID.- Los cinco grandes bancos es­pañoles ga­naron 1.923 mi­llones de euros por su ne­gocio ban­cario en España du­rante el primer tri­mestre de este año. Sin los 2.265 mi­llones de co­mi­siones netas que re­cau­daron de sus clien­tes, ha­brían te­nido que dar pér­di­das. La caída de los már­genes de in­tere­ses, por los bajos ti­pos, se com­pensa con un peso cada vez mayor de las co­mi­siones que co­bran por co­mer­cia­lizar pro­ductos no ban­ca­rios, ya que las pro­ce­dentes de ser­vi­cios si­guen ba­jando por la com­pe­tencia entre en­ti­da­des, según recoge hoy Capitalmadrid. 

Que 28 de cada 100 euros de margen bruto obtenido en España por los cinco grandes bancos (Santander, CaixaBank, BBVA, Bankia y Sabadell) provenga ya de las comisiones, supone, ni más ni menos, que el negocio bancario clásico sigue tocado. Pero es que aún hay más. Si se desgaja la cuenta de ingresos se ve cómo por cada 100 euros de margen de intereses, estas entidades recaudan otros 52 por comisiones. Y esto es lo que provoca que sin esta partida los bancos estarían en pérdidas.

Pero para lograr todo esto sin que los clientes se enfaden y cambien de banco, las entidades financieras han ideado sistemas de lo más variopinto para cobrar comisiones y mantener a salvo la cuota de mercado. El que mejor les ha salido ha sido el de mantener fuera del balance los productos que más rentables son por la vía de las comisiones, lo que infla la recaudación sin dañar la relación con la clientela. ¿Cómo se consigue esto? Pues comercializando fondos de inversión, fondos de pensiones y gestión de carteras o sociedades Sicav. Ninguna de estas cosas es negocio bancario, pero los bancos se las ofrecen a los clientes para asegurarse el nivel de ingresos.

Entre los cinco grandes bancos, al finalizar el primer trimestre de este año manejaban 1,2 billones de euros de recursos de clientes. De ellos, 872.536 millones de euros eran recursos que podrían denominarse bancarios (cuentas corrientes y depósitos a plazo, fundamentalmente) y los 318.824 millones restantes estaban fuera de los balances. Aunque aquí también hay distintas formas de contabilizar las cosas, ya que, por ejemplo, CaixaBank considera recursos de clientes dentro de balance los pasivos por contratos de seguro, mientras que el Santander hace lo propio con los fondos de inversión.

En cualquier caso, y para unificar las cuentas evitando distorsiones, si consideramos como recursos de la clientela puramente bancarios la cuenta de depósitos, se ve cómo la entidad que gana por goleada en la búsqueda de productos que le den comisiones es CaixaBank, que tiene el 34% de los recursos totales de clientes fuera de balance. Le sigue el Sabadell, con el 32%, y a continuación se sitúan Santander y BBVA (27%). Cierra la lista Bankia con un 18%. La media de estos cinco grandes es del 28%.

En cuanto a lo que suponen las comisiones sobre el margen bruto, y siempre según las cuentas oficiales del negocio bancario en España de estas entidades a 31 de marzo último, quien gana aquí es el Santander, que por cada 100 euros de margen bruto, un total de 33 proceden del cobro de comisiones. Le siguen CaixaBank y Bankia (28% en ambos casos), y cierran la lista BBVA y Sabadell, con un 26% y un 25%, respectivamente. La media de los cinco grandes es, como en el caso de los recursos fuera de balance, del 28%.

El caso del Santander, sin embargo, es algo especial. Según señalan fuentes del sector a Capitalmadrid, la introducción de la Cuenta 1,2,3 en su negocio de depósitos, ha modificado la estructura de ingresos. Esta cuenta cobra unas comisiones fijas de mantenimiento a todos los clientes, aunque después estos pueden compensarlas a través de ingresos por intereses, dependiendo del saldo medio que mantengan en ella. Esa estrategia comercial asegura el cobro de comisiones que con el tiempo va compensando la caída inicial que se produce en el margen de intereses cuando se implanta la cuenta y los clientes migran hacia ella.

Regresando a las cifras globales, los bancos no suelen desglosar de dónde proceden las comisiones que se apuntan en sus cuentas de resultados. La entidad que más pormenores ofrece es CaixaBank, pero tampoco en este caso se puede ver el grado de detalle que aclare cuánta parte de estos ingresos proceden de productos de dentro y fuera de balance. O para ser más exactos, qué parte viene del negocio bancario puro y duro. Sin embargo, el Banco de España sí tiene los datos, extraídos de las cuentas que supervisa, y que llevan mucho más grado de detalle.

La última estadística oficial de la autoridad supervisora española a estos efectos es la del 31 de diciembre de 2017. Según sus datos, y con cifras medias del año 2017, el 37,8% de los ingresos por comisiones de la banca española en su conjunto procedían de comercializaciones de productos. La cifra es 7 puntos superior al 31,7% que recaudaron las comisiones por servicios bancarios en el conjunto del año pasado, y se encuentra a años luz del 7,3% que supusieron las de gestión de acciones en Bolsa. El resto de las comisiones (23,2%) provienen de gestión, depósitos y mantenimiento de activos de clientes, fundamentalmente.

Las fuentes consultadas por Capitalmadrid afirman, a este respecto, que la entrada de España en el euro supuso un antes y un después en el negocio bancario. “Los tipos de interés en mínimos históricos -señalan- han provocado cambios profundos en la estructura de ingresos de las entidades financieras, que ven cómo es imposible aumentar el margen entre lo que se cobra por los créditos y lo que se paga por los depósitos, que es de lo que vive el margen de intereses”. De esta manera, el cobro de comisiones, no sólo se ha convertido en algo fundamental, sino que también ha sufrido una evolución profunda.

Una vez más, los datos son los que más luz pueden arrojar sobre estos cambios. En el año 2000, con el euro recién estrenado como moneda de curso legal, los ingresos por servicios bancarios suponían el 52,7% de las comisiones cobradas (21 puntos más que ahora), mientras que las comercializaciones de productos se quedaban en el 24% (casi 14 puntos menos que ahora).

Las comisiones por operar en Bolsa en nombre de los clientes suponían el 15,2% de las comisiones totales cobradas (algo más del doble que ahora) y el resto era infinitamente menor, ya que se quedaba en un exiguo 8% frente al 23,2% actual. Puede comprobarse, pues, cómo el cambio de las circunstancias del negocio bancario ha variado también notablemente de dónde viene el dinero que los bancos cobran por comisiones.

La crisis y las prohibiciones reducen a su mínimo histórico los festejos taurinos en España

MADRID.- Los festejos taurinos que se celebran en España caen un 60% desde el año 2007. Diez provincias han dejado de celebrarlos. El 9,5% de los españoles declara haber ido a los toros: el 40% dice no tener ningún interés en la materia y un 20%, que no entiende la fiesta.

¿Qué tienen en común Gerona, Lérida, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona y Ceuta? Ninguna de estas provincias celebra festejo taurino alguno. Al menos no lo hacen desde el año 2011, cuando el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte comenzó a elaborar las estadísticas de asuntos taurinos con datos desagregados a nivel provincial. A este listado se sumaron un año más tarde, en 2012, Barcelona y Orense. Y en 2016, el último del que se ofrecen datos oficiales, tampoco se organizaron eventos relacionados con la tauromaquia ni en La Coruña ni en Lugo.

En total son una decena las provincias que han dicho adiós a este tipo de festejos en los últimos siete años. Ni ha habido corridas de toros o corridas mixtas con rejones, ni becerradas, ni festivales (lidia de reses despuntadas), ni novilladas, ni rejoneo, ni toreo cómico, ni festejos mixtos (espectáculos que incluyen al menos dos de los mencionados anteriormente). Estas son todas las categorías que contempla la estadística estatal y en todas ellas, para las provincias citadas, el dato es el mismo: cero.

La despedida a la tauromaquia en estos puntos geográficos, sumado al descenso generalizado de los espectáculos taurinos en el resto del país, ha provocado una caída de más del 60% de los festejos taurinos desde el 2007. En aquel año se celebraron 3.651 y en 2016 bajaron hasta los 1.598.

Esto supone que, mientras en el año 2007 tuvieron lugar más de 10 festejos taurinos al día, en 2016 solo fueron cuatro. La mayoría, 386, fueron corridas de toros; seguidas de novilladas sin picadores (262), festivales (215) y novilladas con picadores (200).

El secretario de la asociación Unión de Toreros (UT), Iñigo Fraile, achaca el descenso a la crisis económica. En este sentido, aclara que "el descenso se debe, principalmente a que se celebran menos festejos fuera de feria, que eran mucho más numerosos en épocas de bonanza".

De las 52 provincias que existen en España, diez han roto su relación con la tauromaquia. De las 42 restantes, dos son las que concentra la mayor parte de los festejos taurinos: Madrid con 251 y Toledo con 128. Entre ambas representan el 24% del total de espectáculos taurinos celebrados en España. 

Junto a Salamanca (92), Ávila (82) y Cuenca (79) aglutinan casi el 80% de todos los festejos del país. Castilla La Mancha y Castilla y León se posicionan como las dos comunidades autónomas en las que más eventos de este tipo se celebran. A nivel autonómico les siguen Andalucía, Madrid y Extremadura. La distribución se ha mantenido inalterable desde que existen estadísticas oficiales.

En plena caída de los festejos taurinos, el Gobierno aprobó la Ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural en el año 2013. Sin embargo, en el preámbulo del propio texto legislativo se matiza el apoyo social a la decisión estatal en los siguientes términos: "La sociedad española es muy diversa y dentro de esa diversidad encontramos grandes aficionados y a su vez muchos ciudadanos que han manifestado su preocupación por el trato que reciben los animales durante los espectáculos taurinos".

Uno de los efectos inmediatos que tuvo la entrada en vigor de esta norma fue la inclusión de los festejos taurino en las encuestas de hábitos y prácticas culturales en España, que realiza cada cuatro años el Ministerio de Educación Cultura y Deporte. La primera, y hasta el momento única, en la que aparece esta materia corresponde a la serie 2014-2015 (en noviembre se publicará la nueva). 

En ella se constata el escaso público que respalda estos eventos, pues solo el 9,5% de los encuestados dijeron haber acudido a un espectáculo taurino en el último año. Para Fraile no se trata, ni mucho menos, de un dato preocupante. "Creo que es un porcentaje positivo tratándose de una actividad de ocio y teniendo en cuenta que son estas actividades las que primero se reducen en épocas de crisis", comenta.

En la encuesta también llama la atención que 2 de cada 10 personas que sí presenciaron un espectáculo de este tipo reconocieron haberlo hecho con entrada gratuita. Una información a la que el secretario de UT no da mucha credibilidad.

Frente al 9,5% que sí asistió a festejos taurinos, hay un 90,5% que no lo hizo. Entre los motivos que exponen para no hacerlo, el 40% adujo no tener interés alguno en la materia y el 20% que, directamente, no lo entendía.

El apoyo gubernamental es una de los argumentos que explican el crecimiento del número de escuelas taurinas y de profesionales mientras se produce un descenso generalizado de los festejos en todo el país. En el caso de las escuelas se percibe un notable incremento a partir del año 2013, cuando se aprueba la Ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural y el Plan PENTAURO que incluye, entre otras medidas, apoyar la capacitación de profesionales taurinos. 

Una causalidad que admite Iñigo Fraile, secretario de la asociación Unión de Toreros (UT), quien añade otro motivo: "Ha habido un fomento de las escuelas taurinas, pero creo que el aumento también se debe vincular a la organización de clases prácticas. Resultan más baratas de organizar que un festejo en sí mismo en el que puedan practicar y enfrentarse a un escenario real los jóvenes que se inician".

Los (pocos) casos en los que el autónomo sí puede prejubilarse

MADRID.- La jubilación anticipada para los trabajadores por cuenta propia también existe, aunque no es muy común. En este artículo de Cinco Días se explica cuáles son los casos en los que un autónomo puede prejubilarse.

Según explica la empresa Plus Ultra Seguros la primera condición que hay que cumplir para poder realizar esta gestión es ser “mutualista”. Además de cumplir una serie de requisitos comunes

• Pueden solicitarlo dos años antes de la edad que reglamentariamente sea de aplicación, que actualmente es de 65 años y 6 meses. No obstante, en unos años la edad de jubilación se fijará en los 67 años, por lo que los autónomos podrían prejubilarse a los 65.
• Estos profesionales por cuenta propia deberán acreditar un periodo de cotización efectiva de, al menos, 35 años; siendo dos de ellos correspondientes al periodo de 15 años inmediatamente anteriores a la solicitud o al momento de cese.

Una vez se aceptada la jubilación anticipada, estos autónomos experimentarán una reducción en la cuantía a percibir que va del 2% por trimestre para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses hasta el 1,625% por trimestre para aquellos que hayan cotizado más de 44 años y medio.

Eso sí, según explica la empresa anteriormente citada hay excepciones en lo que respecta al periodo de cotización de algunos colectivos, como son los del sector agrario o los autónomos contratados a tiempo parcial.

También podrán acogerse quienes se hallen en uno de estos dos grupos, ambos con una edad de 60 años.

• Profesionales que se acogieron al Régimen Especial de la Minería del Carbón a día 1 de abril de 1969 y cotizasen a alguna de las Mutualidades Laborales del Carbón a día de 31 de enero de 1969 o con anterioridad.
• Quienes estuvieran en el campo de aplicación del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar a día de 1 de agosto de 1970.

Los jóvenes y las clases medias vuelven a adquirir viviendas

BARCELONA.- La recuperación económica y las subidas de los precios inmobiliarios han disparado el interés de los españoles por cambiar de vivienda: un 37% se plantea mudarse a corto o medio plazo, para emanciparse, para pasar del alquiler a la propiedad o para buscar una vivienda mejor o más grande, según publica hoy La Vanguardia. 

Sin embargo, según un estudio sobre la demanda de vivienda realizado por la inmobiliaria Casaktua, lo más destacado es la vuelta de las clases medias y de los más jóvenes a la compra de vivienda: el presupuesto de los nuevos compradores ha bajado un 7%, hasta los 172.000 euros, en el conjunto del estado, y aún más, un 22%, en Catalunya, donde ahora el presupuesto de quienes buscan vivienda es de 185.000 euros, frente a los 237.000 euros del año pasado.

“Es una buena noticia: en los ­últimos años los compradores han sido familias de alto poder adqui­sitivo, que buscaban una vivienda de mejora, o inversores, mientras que ahora la percepción de que la economía va mejor ha hecho llegar a nuevos compradores, con pre­supuestos más bajos”, señala Chus de Miguel, directora de inmuebles de Casaktua. 

Además, destaca, “la mitad de quienes buscan vivienda han empezado a hacerlo este año y sólo un 22% lleva más de un año buscando”.

Casaktua destaca que frente a los años anteriores se ha producido un giro de las preferencias de quienes buscan vivienda a favor de la compra. “Parecía que había habido un cambio de mentalidad a favor del alquiler, pero realmente la cultura de la compra es muy fuerte, y ha sido impulsada por años de ayudas fiscales. Además, el parque de pisos en alquiler es de mala calidad y los pisos buenos suelen ser caro”, añade.

El motivo decisivo en el cambio de preferencia hacia el alquiler, sin embargo, es que con las últimas subidas las rentas en Madrid y Barcelona se han superado ya los precios de 2008, por lo que la cuota de una hipoteca media es más baja que un alquiler: según Casaktua, el alquiler medio en España es de 469 euros mensuales, mientras que una hipoteca media es de solo 442 euros, un 6% inferior. 

En Catalunya, sin embargo, la diferencia llega al 18% a favor de la hipoteca: cuesta de media 491 euros frente a una renta media de 581 euros. Además, el 22% de los inquilinos de Catalunya señalan que les han subido la renta. “El 73% de los encuestados considera ahora que comprar es mejor que alquilar”, señala de Miguel.

La entrada, sin embargo, es el gran freno en estos momentos en el acceso a la propiedad: el 58% de quienes buscan una vivienda en alquiler reconoce que lo hace por motivos económicos. “Las entidades financieras están más abiertas a dar hipotecas, pero muy raramente superan el 80% del valor de tasación, y eso con avales, con muchos avales”, señala de Miguel. 

A su juicio ahora “sólo es posible conseguir una hipoteca por el 100% si el piso es del banco”. Sin embargo, el 44% de quienes buscan comprar una vivienda tienen menos de 30.000 euros de ahorro, y otro 21% entre 30.000 y 60.000 euros. “Existe una brecha entre los ahorros acumulados y la cantidad que se necesita para dar una entrada”, reconoce de Miguel.

En el otro extremo, sigue siendo fuerte el deseo de los particulares de comprar vivienda como in­versión (un 10% de quienes buscan comprar lo hará por este motivo). El perfil de estos inversores es tra­bajadores por cuenta ajena, de entre 45 y 54 años y con unos ingresos familiares de entre 3.000 y 4.500 euros mensuales. 

Estos inversores, señala Casaktua, tienen entre 100.000 y 150.000 euros de ahorro disponible y buscan viviendas de hasta 150.000 euros, para no haber de endeudarse. Su principal propósito es alquilar la vivienda (33%) aunque un 14% busca ponerla en alquiler turístico y otro 12% espera reformarla y revenderla.

Tener una vivienda no requiere sólo pagar la hipoteca o el alquiler: los gastos de suministros y similares suponen para los propietarios una carga media de 371 euros mensuales, y algo menos (286 euros) para los inquilinos.

Según el estudio realizado por Casaktua, los propietarios españoles gastan al mes de media 104 euros en energía (gas y electricidad), 41 en agua y basuras, 66 en gastos de comunidad, 72 en telecomunicaciones, 20 en el seguro del hogar, 30 en el IBI y 36 en pequeñas reparaciones y mantenimiento. 

Para los inquilinos la factura es inferior, porque en general sus viviendas son más pequeñas y porque no tiene que pagar el seguro ni el IBI. En grandes capitales como Barcelona estos gastos son aún mayores: el seguro es más caro para viviendas más caras, y el IBI y las tasas de basura son también más altas.

El tercer consejero con más acciones de Sabadell se refuerza en el banco

MADRID.- José Ramón Sufrategui es uno de los consejeros de la banca española más activos en Bolsa, uno de los que más se suelen mover en plena temporada de resultados o cuándo Banco Sabadell experimenta movimientos bruscos en Bolsa.

Los primeros resultados trimestrales no han sido una excepción. Sufrategui ha comprado 30.000 títulos de Sabadell a un precio de 1,62 euros cada uno y se consolida como el tercer miembro del máximo órgano de administración con más acciones del banco, segun dice hoy Expansión.
Tras las últimas compras, Sufrategui ha elevado su participación hasta el 0,053% del capital. Solo Josep Oliu y José Luis Negro tienen más peso en el capital entre los consejeros de la entidad.
La nueva apuesta compradora del consejero se produjo inmediatamente después de la publicación de los resultados del primer trimestre, el pasado 26 de abril. La entidad catalana ganó 259,3 millones en el primer trimestre, un 32,7% más que el pasado año. El beneficio superó lo previsto por el mercado, que descontaba un resultado de 213 millones.
Sin embargo, el mercado hizo una lectura cauta de los números de Sabadell, ya que la mejora del beneficio de los tres primeros meses del año se sustentó principalmente en el descenso de los de los saneamientos. Por el contrario, los ingresos cayeron y los costes crecieron provocando un recorte del margen neto del 20%.
Sabadell, que acabó en rojo en las cuatro últimas sesiones de la semana pasada, despide abril en plena batalla por mantener el soporte clave de los 1,60 euros por acción. Sólo un poco más abajo, en los 1,56 euros, están los mínimos intradía marcados a lo largo de 2018.

Maíllo asegura que el acuerdo del PP sobre el agua llegará "muy pronto" y "con trasvases"

MURCIA.- El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha anunciado que "muy pronto" el Partido Popular presentará el acuerdo interno que han alcanzando para llegar a un pacto del agua que, según ha dicho, incluirá los trasvases. Dicho esto, ha recalcado que su formación tiene "claros" dos conceptos: solidaridad y consenso.

En una entrevista en el Canal 7 de la televisión murciana, Maillo ha señalado que es "imprescindible" garantizar el agua para el conjunto de los españoles. Tras asegurar que el agua es un "bien escaso", ha indicado que hay que "aplicar la solidaridad" y el "trasvase forma parte de la realidad para garantizar el agua a los regantes" en territorios como el de Murcia.

El 'número tres' del PP ha afirmado que ese "acuerdo interno" dentro de su formación está "muy cerca", en el "99,9 por ciento", porque solo está a expensas de la firma y, después se lo trasladarán al PSOE porque es "un tema de Estado". Aunque no ha querido poner una fecha concreta, no ha descartado que puedan presentarlo públicamente en un gran acto en el mes de mayo o junio.

"Es un pacto a nivel interno que estamos muy cerca de alcanzar y donde aparece claramente la realidad de Murcia. Esa realidad que tiene que ser en forma de trasvase", ha afirmado, para añadir que su partido tiende "la mano" al PSOE para llegar a un acuerdo porque "el futuro" en zonas como Murcia o Almería está "en juego".

Además, ha recordado que el PP ya puso en marcha en su día el Plan Hidrológico Nacional (PHN) que derogó el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. "Siempre hemos tenido un planteamiento a nivel nacional", ha aseverado, para añadir que es el líder del PSOE, Pedro Sánchez, el que dice "una cosa" en Murcia y "otra" en Albacete, algo que, a su entender, provoca "incertidumbre".
También ha criticado que el secretario general del PSOE se centre principalmente en las desaladoras y ha añadido que "no se puede hacer descansar ahí" todo el "problema" porque es "ineficiente y no sirve". Por eso, ha llamado a llegar a un acuerdo porque "no es un tema de un solo territorio" sino de "todos".

Antonio inolvidable / Luis Herrero *

Aún humeaban las ruinas del partido que había acumulado más parcelas de poder en la historia democrática de España. La corrupción había convertido la política en un campo de sal. Las empresas periodísticas, a través de redacciones partisanas subvencionadas con dinero público, habían generado la más burda y perversa instrumentalización informativa de la prensa europea.

Jóvenes periodistas se dejaban llevar a diario al abrevadero donde se ventilaban ajustes de cuentas y batallas de poder. Proliferó una nueva raza de extraños y bufos debates televisivos que reinventaban obsesivamente la actualidad. Muchos informadores se hicieron cortesanos y los quioscos se atiborraron de propaganda.

Entre los estertores agónicos de aquel fin de ciclo, la izquierda más radical acunó el anhelo del sorpasso y la derecha emergente horadó el butrón que le daba acceso al Gobierno.

Así recuerdo la España de hace veinte años, cuando el siglo XX boqueaba su último aliento y Antonio Herrero se ahogó de repente. Ocurrió el 2 de mayo de 1998. Ahora, dos décadas después, con motivo de este doloroso aniversario, algunos amigos me han preguntado cómo estaría narrando él, si siguiera en el micrófono, la crónica de este tiempo que nos toca vivir. No hace falta imaginar la respuesta. Basta sencillamente con recordar cómo se enfrentó al desafío de su época, a la vez tan lejana y tan parecida a la actual.

Antonio fue, ante todo, un periodista valiente que jamás se puso al servicio de una causa que no estuviera dictada por su conciencia. Fue un hombre libre y luchó hasta el límite de sus fuerzas para que los demás lo fuéramos cada vez un poco más. Ese fue el proyecto, en lo personal y en lo profesional, que inspiró su vida. Y nunca lo prostituyó. 

Ni ante el halago de quienes se arrimaron a él por el confort de su sombra, ni ante la insidia de quienes se la tenían jurada desde el principio, ni ante las amenazas de quienes se la juraron nada más completar el trayecto que les condujo a la Moncloa. Tenía tanta hambre de libertad y de independencia que toda ración le parecía pequeña. Por eso combatió siempre en el límite mismo del exceso. En lo bueno y en lo menos bueno, pero sobre todo en lo bueno: en la entrega, en la pasión, en el ideal y en la lealtad a su jerarquía de valores.

No se rindió nunca. Ni siquiera en los instantes terribles de su último forcejeo, cuando todo el soplo de vida que cabía en sus pulmones se anegó de agua mientras buceaba en el mar de Marbella. Diga lo que diga la ciencia forense, estoy convencido de que la úlcera sangrante no fue la causa de aquel accidente, sino la consecuencia de la última batalla por sobrevivir. 

Antonio debió aferrarse a la vida con tanta ansiedad, incluso en el lance de la muerte, que a su cuerpo de luchador infatigable se le descosieron las costuras de las entrañas. Y ahí se acabó todo. Creo firmemente que murió tal y como había vivido: tratando de asomarse a la superficie, de ganar altura, de levantar la cabeza por encima de la adversidad en busca de bocanadas de aire que le permitieran vivir a chorros, con aquella intensidad exagerada que no he encontrado, ni antes ni después, en ningún otro ser humano.

Le echo de menos todos los días de mi vida, por mucho que su recuerdo me devuelva siempre a la exigencia de la lucha. He nacido con la innata inclinación a escurrirme del lío. Por eso era Antonio, a la vez, amigo y complementario. Nunca dejó que mi vocación por el sosiego se saliera con la suya. Cuando le miraba de reojo, honradamente convencido de que ya habíamos llegado al final de la carrera, me arrancaba con el gesto -y con el ejemplo- una zancada más. Y luego otra. Y otra después de la última. Tanto fue así que viví los últimos años a su lado con la permanente sensación de estar siempre en tiempo de prórroga. A su lado aprendí que el combate no acaba nunca.

Hace veinte años se nos prometió que el triunfo electoral del PP, cimentado sobre las cenizas de la corrupción del felipismo, traería un nuevo orden -principios y regeneración democrática- a la vida política española. Pocas cosas duelen más, a la luz del legado de Rajoy, que aquel amargo recuerdo. Los nuevos gobernantes también nos dijeron que serían capaces de aceptar con naturalidad un combate limpio entre las dos pes que más veces han acabado a tortas en la historia: política y periodismo. 

Demasiado bonito para ser verdad. No podía serlo. Ni siquiera me dio tiempo a decirle a Antonio -lo supe la noche antes de su muerte- que el instinto liberticida de los recién llegados había puesto precio a su cabeza. Pero no hacía falta. Él lo supo antes que nadie. Por eso murió cargado de juventud, apretando en el puño lo que fue su asignatura más querida: la dignidad.

Aquella tarde del 2 de mayo no tuvo suficiente aire en los pulmones para resistir, pero entregó su voz como una espada limpia y desnuda. Durante 25 años su voz insobornable estuvo en la calle, en las ondas, en el monte, en los quirófanos, en los desfiles, en las guerras, en los goles, en las matanzas y en la vida. Sobre todo en la vida. Así le recordaré mientras viva, aunque su recuerdo me devuelva a la fatigosa convicción de que nunca hay paz para los guerreros.

(*) Periodista

https://www.libertaddigital.com/opinion/luis-herrero/antonio-inolvidable-84975/amp.html

El PP abre un expediente informativo a Agramunt ante las sospechas de actividades corruptas

MADRID.- El Comité de Derechos y Garantías del PP ha decidido abrir un expediente informativo al senador por Valencia, Pedro Agramunt, tras el informe de investigación encargado por el Consejo de Europa que apunta sospechas de que ha participado en actividades corruptas.

El citado comité, presidido por el también presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reunió y acordó abrir un expediente al senador, a la espera de las explicaciones que dé Agramunt ante el propio Consejo, que mantiene abierto el caso.

La decisión del PP llegó tras aprobar la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa una resolución en la que asume esa investigación –las conclusiones son “ahora indiscutibles”, dice– e insta a Agramunt a dejar el cargo en esta institución, ya que no puede ser cesado.

Tras esta resolución, el responsable de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García Hernández, se limitó a informar de que Agramunt deberá dar explicaciones ante el Consejo dentro de esta investigación, porque el procedimiento interno así lo prevé, y ya anticipó que el partido quedaba a la espera del resultado.

Por la tarde, sin embargo, se reunió el Comité de Garantías y acordó un paso más, abrir expediente informativo a Agramunt a la vista de la resolución aprobada por la Asamblea. En cualquier caso, el PP “queda a la espera de la audiencia a la que se someterá” el senador, que tendrá lugar en mayo en París.

La investigación encargada por el Consejo apunta a que varios miembros y ex miembros de este organismo infringieron el código de conducta para observadores internacionales en las elecciones parlamentarias de 2015 en Azerbaiyán. En el caso de Agramunt, esa investigación señala además que hay “fuertes sospechas” de que fue partícipe de “actividad de naturaleza corrupta”.

La Asamblea reunida este jueves aprobó la citada resolución por 123 votos a favor, nueve en contra y 10 abstenciones, entre ellas la del ‘popular’ Xavier García Albiol. En ella se reclama también a los grupos parlamentarios a los que pertenecen los políticos, así como a los parlamentos nacionales y a los propios gobiernos, que examinen este informe de investigación y que tomen las medidas necesarias porque son casos que “requieren plena atención”.

La Audiencia Nacional reabre el caso sobre los 467 millones que CAM perdió en el 'ladrillo'

MADRID.- Un nuevo caso judicial se cierne sobre la cabeza de los antiguos responsables de la gestión de Caja Mediterráneo (CAM). La Audiencia Nacional ordenó reabrir la causa por la participación de la entidad en once sociedades inmobiliarias, entre ellas varias en Alicante y Valencia, lo que le habría generado pérdidas de 467 millones de euros, al ver indicios de un «plan criminal grupal» para generar «réditos» a sus gestores.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal revoca así el archivo por prescripción decretado el pasado mes de marzo por la juez Carmen Lamela a instancias de la Fiscalía y da la razón al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que inyectó 5.249 millones de dinero público en la caja antes de su venta.

La fiscal Belén Dorremochea entendía prescrita una presunta administración desleal por parte de los investigados, antiguos miembros de la Comisión de Control de la caja y de su participada, la Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP).

Argumentos que ahora rechaza la Sala que preside la juez Ángela Murillo, al valorar que, en virtud del Código Penal vigente entonces, los hechos constituirían una «serie separada de operaciones de deslealtad» en la que también encajaría la apropiación indebida, lo que permitiría ampliar el plazo de las investigaciones.

En este sentido, afirma que es «precipitado» acordar el archivo a falta de nuevas pruebas que podrían mostrar, entre otros descubrimientos, los réditos obtenidos al «trasladar el riesgo de las operaciones especulativas a CAM». 

Según el relato, existen alternativas que permitirían aumentar la duración de las pesquisas, como son la estafa cualificada y la asociación ilícita al tratarse de una «trama grupal que puede superar la mera codelincuencia».

Los magistrados perciben una «mecánica hecha por determinados administradores bancarios en torno a TIP (...) que se reitera en el tiempo, con el objeto de apoderarse de beneficios rápidos en la adquisición de solares mediante urdimientos torticeros». 

Todo ello habría repercutido en la caja «perjudicándola en unas pérdidas irreversibles que superan los 405 millones de euros» y con el «oportuno reparto de roles, entre los que el papel de algunos investigados no es desdeñable ni accesorio».

El tribunal estima, por tanto, que no existe prescripción mientras el delito más grave no haya expirado, pues las operaciones, aunque fueron ejecutadas en diversos años, «exteriorizan una secuencia» en virtud de un plan que afecta siempre a la misma víctima -la entidad-, generando un «enorme perjuicio» a CAM y unos «réditos rápidos a sus gestores».

Las pesquisas se iniciaron en 2015 a instancias del FGD, al que el último informe aportado por el Banco de España señala como único perjudicado por el quebranto.

Se trata de once proyectos inmobiliarios en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, que supusieron una inversión de 594,2 millones y que generaron pérdidas por importe de 467 millones (el 78%), de los cuales 405,6 millones son irreversibles.

Cifras que, critica el escrito del organismo, «reflejan la calidad de la gestión realizada con el agravante de que los socios obtuvieron un lucro injustificado teniendo en cuenta que todos resultaron fallidos».

Detalla además la operativa, por la que el socio le vendía a la sociedad que tenía constituida con la CAM el suelo a desarrollar, «a un precio notoriamente superior al de coste», satisfecho mediante un préstamo concedido por la propia entidad. De este modo, cobraban por el suelo vendido como si se hubiera realizado el proyecto íntegro, obteniendo una ganancia no justificada, dado que los beneficios «eran sólo una mera expectativa».

La Audiencia Nacional obliga investigar la compra de suelo que financió la CAM

ALICANTE.- Las operaciones de compra de suelo financiadas por la CAM para negocios en los que se embarcó con varias mercantiles –entre las que se encuentran Santomera Golf Resort S. L. y La Ermita Resort S. L. (San Javier)– van a seguir investigándose en la Audiencia Nacional después de que un tribunal de la sección Cuarta haya ordenado reabrir la causa que la juez Carmen Lamela cerró el mes pasado por prescripción, según recoge el diario Información.

Entre los investigados en este procedimiento se encuentran el exdirector general de la Caja Roberto López Abad y su hombre de confianza en inversiones inmobiliarias, Daniel Gil, además de todos los miembros de la comisión de control que presidía Juan Ramón Avilés, el órgano encargado de fiscalizar las operaciones en las que la Caja se embarcó a través de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP).

A ellos se suman los responsables de las empresas: Enrique Ballester, José Luis Bartibas y José Miren Garmendia.

Frente a la postura de la juez y de la fiscal, partidarias ambas de la prescripción al considerar los hechos constitutivos de un delito de administración desleal, que caduca a los cinco años, en vez de uno de apropiación indebida, cuyo plazo es de diez, el tribunal, en un auto del que ha sido ponente el magistrado Eloy Velasco, estima el recurso interpuesto por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) al que se adhirió la Fundación CAM y ordena seguir la investigación ampliando además el abanico de posibles cargos.

«Distracción de réditos»

En la resolución, contra la que no cabe recurso, Velasco considera «precipitado» el archivo acordado por Lamela «a la luz de hipotéticos descubrimientos fácticos en las diligencias que quedan aún por practicar», lo que podría aportar «pruebas de la distracción definitiva de los réditos obtenidos al momento de trasladar el riesgo de las operaciones especulativas sobre solares o edificaciones, o de ambos, a la CAM, gran perjudicada de los mismos».

El magistrado apunta que, además de la administración desleal y la apropiación indebida, «cabe calificaciones penales alternativas que conducen a plazos prescriptivos superiores a los manejados por la instructora», entre los que cita la asociación ilícita o la estafa cualificada.

El proceso, denominado TIP-suelo, se abrió en febrero de 2015 como pieza separada de la que investigaba el falseo de la cuentas de la entidad. Su objeto es analizar «si la CAM permitió, a través de unas operaciones bancarias y financieras, que los socios de las mismas obtuvieran grandes beneficios sin tan siquiera iniciarse los proyectos al vender el suelo de reciente adquisición con enormes plusvalías».

Para ello, el socio de la Caja compraba el suelo y en un plazo corto de tiempo se lo vendía a una sociedad creada al efecto incorporando todas las plusvalías que la tasación le permitiera. «Una vez hecho esto, la CAM financiaba la operación adquiriendo posteriormente las participaciones sociales de esas empresas, con lo que el socio no se exponía a riesgo alguno sino que realizaba la mayor parte de su beneficio en el momento de la constitución y de la primera financiación recibida de la CAM por la sociedad participada, y el resto de aportaciones de la CAM agravaban la situación de perjuicio patrimonial de dicha entidad», según el relato de la fiscal que, no obstante, pidió el archivo.

En contra de su interpretación, que hablaba de operaciones aisladas, considera Velasco que no puede descartarse una «continuidad delictiva» y entiende que «la acción debe analizarse en su conjunto al tratarse de una trama grupal que puede superar la mera codelincuencia».

Para apoyar esta idea el magistrado agrega que «indiciariamente se aprecia una mecánica comisiva hecha por determinados administradores bancarios en torno a TIP, que se reitera en el tiempo, con el objeto de apoderarse de beneficios rápidos en la adquisición de solares mediante urdimientos torticeros».

«Investigados no accesorios»

Estas prácticas, concreta Velasco, «se exteriorizan en la creación de empresas ad hoc que trasladaron el riesgo a la CAM, perjudicándola en unas pérdidas irreversibles que superan los 405 millones de euros, con una también pérdida de cartera que supera los 60 millones, con el oportuno reparto de roles, entre los que el papel de algunos investigados no es desdeñable ni accesorio».

Y va más allá en esa conexión al concretar que todas las operaciones inmobiliarias que se investigan «exteriorizan una secuencia, una serie de acciones homogéneas que aprovechan un plan preconcebido o un patente defecto de control (...) que, aunque fueron ejecutadas en distintos momentos temporales, obedecen a una misma resolución delictiva (...) que siempre abocan en la misma víctima y que ejecutan unos mismos sujetos activos con una clara homogeneidad del modus operandi».

Esta forma de actuar, concreta el ponente, explica «la irracionalidad económica dentro de la racional que supone la idea criminal de trasvasar los riesgos de la CAM y apropiarse de los réditos rápidos de las plusvalías de los solares, previa creación de sociedades a tales fines, generando en una asimetría de riesgos un enorme perjuicio a la CAM y sus propietarios y unos réditos a sus gestores, que responden a un plan criminal grupal».

Rajoy tiene casi despejado el camino hasta 2020, pero total ¿para qué? / José Oneto *

Cuentan que las instrucciones que el miércoles dio Rajoy a María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido, cuando se dirigía a la Puerta del Sol para pactar la salida de Cristina Cifuentes de la Presidencia de la Comunidad, fue tajante: “Dile que la quiero fuera antes de las doce”. 

Y, efectivamente, a las doce menos cuarto, comparecía Cristina Cifuentes, toda vestida de blanco, anunciando su dimisión porque no podía más tras el cerco y la ofensiva a la que estaba siendo sometida, “por tierra mar y aire“, según ella desde que accedió a la Presidencia del PP y de la Comunidad y comenzó a denunciar la corrupción en su propio partido. Después, un máster inexistente y un vídeo comprometedor, hizo el resto…

Ese día, a las doce, Mariano Rajoy quería anunciar que se había llegado a un acuerdo con el PNV para que el partido vasco votase en contra de las seis enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para 2018, primer y decisivo paso para la aprobación final, que a estas alturas, es el gran  desafío político de Rajoy. Un desafío que le permitirá agotar la legislatura. 

Y para ese anuncio feliz, debió pensar que tenía que arreglar “lo de Cifuentes”. Y que tenía que arreglarlo antes del mediodía en que entraría por la puerta principal del Congreso y le preguntarían, no por los Presupuestos, sino por Cifuentes y su posible dimisión, antes de la moción de censura.

El PNV, que tanto había insistido en que no aprobaría los Presupuestos hasta que se levantase el artículo 155, de intervención por el Gobierno central de la Generalitat de Cataluña, se olvidaba del polémico artículo y salvaba al Soldado Rajoy (ver republica.com PNV: Salvar al Soldado Rajoy), como lo salvó hace un año, con los Presupuestos de 2017 gracias al Cupo y a una inversión gigantesca en infraestructuras, como ha ocurrido este año, que el partido vasco ha querido reconciliarse con los pensionistas, y no solamente con los del País Vasco, asumiendo con habilidad, sus reivindicaciones.

Así, este año de nuevo, salvaba hoy al soldado Rajoy (176 votos a favor, y 174 en contra) a cambio de que el soldado de la Moncloa aceptase subir las pensiones de acuerdo con el IPC (algo que, decía que era imposible porque ya el IPC no se utilizaba como referencia en ningún país de Europa) y porque no había fondos económicos suficientes para una revalorización de las pensiones, aplicando ese criterio de subida que era el que han venido reclamando millones de pensionistas que, durante semanas, han salido a las calles de las ciudades españolas (especialmente en Bilbao), exigiendo que la tan traída y llevada recuperación. Llegase también a ellos.

Ante la sorpresa de este nuevo balón de oxígeno de los nacionalistas vascos que le permitirá a Rajoy agotar la legislatura en 2020, después de prorrogar los Presupuestos de ahora, el año que viene, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha aclarado que el pacto con el presidente Rajoy conlleva dos consecuencias políticas: “Ganamos tiempo para Catalunya y evitamos que Ciudadanos llegue a La Moncloa en otoño”, ha señalado. Para el dirigente vasco si no hubiera habido acuerdo sobre los Presupuestos, habría un adelanto electoral en el otoño, que es lo que quiere Ciudadanos “y no le vamos a hacer nunca el caldo gordo a Ciudadanos”. 

“Somos -ha añadido- incompatibles con Ciudadanos y no queremos que lleguen a la Moncloa. Sería un desastre para Euskadi, para el Estado y hasta para Europa. No tengo relación con Rivera, ni buena ni mala”, ha subrayado Ortuzar, el nuevo aliado de Rajoy…

Ahora se abre el periodo de enmiendas parciales que culminará el próximo 24 de mayo. Si entonces se mantiene la votación de este jueves con el voto de Nueva Canarias (hoy también ha votado a favor del Gobierno Pedro Quevedo de Nueva Canarias debido, según ha dicho, a un error) el Gobierno y su Presidente tiene el camino despejado hasta las elecciones municipales, autonómicas, europeas y generales. 

Pero eso, en un panorama de crisis política en el Partido, realmente devastadora, por la corrupción, y por la parálisis. Una parálisis que Rajoy ha conseguido transmitirte a todas las estructuras de poder.

(*) Periodista y economista


https://www.republica.com/viva-la-pepa/2018/04/26/5531/

Hacienda subirá el impuesto a los carburantes y elevará su precio en nueve autonomías (C. Valenciana)

MADRID.- El Ministerio de Hacienda prepara un aumento de los impuestos que gravan los carburantes que amenaza el bolsillo de millones de conductores repartidos en nueve autonomías diferentes. Así consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno y en estos momentos se encuentra en plena tramitación parlamentaria, según El Mundo. 

El cambio consiste en la supresión del tramo autonómico del Impuesto Especial de Hidrocarburos que en estos momentos grava el litro de carburante con hasta 4,8 céntimos por litro, según la voluntad de la autonomía. La crisis de los últimos años y la necesidad de algunas regiones de disminuir sus déficit fiscales llevó a que un total de hasta siete comunidades autónomas -Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Cataluña y Galicia- situaran durante los últimos años el gravamen en su rango máximo de 4,8 céntimos por litro, creando una serie de fronteras fiscales entre las propias regiones que rompe la unidad de mercado.

Sólo el efecto de este impuesto hace que en estas regiones cada repostaje saliera 2,6 euros más caro que en las cinco -Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja- que han aguantado la crisis sin elevar este gravamen a sus habitantes y a los transportistas que aprovechan sus rutas para llenar sus depósitos en estas autonomías. El resto de autonomías ha optado por situar este impuesto en un tramo intermedio que va desde lo 1,7 céntimos por litro en Madrid a los 4 céntimos de Asturias.

Ahora sin embargo serán todos los conductores de estas nueve autonomías quienes verán como el litro de gasolina sube con fuerza en el surtidor si los Presupuestos Generales del Estado salen adelante como están redactados en estos momentos. El plan de Hacienda es «garantizar la unidad de mercado en el ámbito de los combustibles y los carburantes, integrando el tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos en el tipo especial, sin que dicha medida suponga un menoscabo de los recursos de las comunidades autónomas y todo ello dentro del marco normativo comunitario», según consta en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Esta medida se traduce es suprimir el tramo autonómico y sumar esos 4,8 céntimos por litro al tramo estatal del impuesto, tanto en las autonomías donde ahora mismo está vigente como en las que no. Esto elevará hasta 7,2 céntimos por litro el tramo especial del impuesto sobre hidrocarburos, que ahora mismo está situado en 2,4 céntimos. Es decir, se suma de forma generalizada los 4,8 céntimos de tramo autonómico. A esta cantidad se añadirían por otro lado una carga de 43,1 céntimos por litro de gasolina y de 30,7 céntimos de gasóleo. Los nuevos impuestos entrarían en vigor el 1 de enero de 2019 si los Presupuestos son aprobados.

Hacienda justifica el incremento de la presión fiscal sobre los carburantes en el cumplimiento de la normativa europea que prohibe la existencia de fronteras fiscales entre los territorios de un mismo país, explican a este diario fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro. El ministerio argumenta, por otro lado, que el cambio está vinculado al cumplimiento de la Ley General de Unidad de Mercado que busca romper las barreras económicas entre autonomías.

El tema de las fronteras fiscales en el precio de los carburantes viene arrastrándose desde el año 2012, cuando el Gobierno suprimió el conocido como céntimo sanitario para introducir un triple tramo del Impuesto Especial de Hidrocarburos: general, especial y autonómico. Este cambio permitió a las autonomías modificar sus propios tributos sobre los carburantes para estimular sus ingresos públicos durante los peores años de la recesión.

El cambio iba en contra de la directiva europea que prohíbe la «regionalización» del impuesto, si bien España confiaba en que el reglamento comunitario fuera modificado para acoger la excepcionalidad geográfica del país. Sin embargo, las pretensiones españolas se vieron tumbadas por la postura en contra de otros Estados como Alemania, Bélgica y Polonia, explican fuentes jurídicas.

El incremento de presión fiscal sobre los carburantes a nivel autonómico se suma a la propuesta que ha realizado el grupo de expertos nombrado por el Ministerio de Energía para abordar la transición del país hacia un modelo energético menos contaminante. Una de las principales medidas propuestas por este grupo consiste en el aumento de un 28% del precio del gasóleo para automoción para financiar la tarifa de la electricidad y el mantenimiento de las carreteras.

Las grandes petroleras se mostraron ayer muy críticas con la subida de la presión fiscal sobre el gasóleo que proponen los expertos. El presidente de la patronal AOP -que reúne a grupos como Repsol, Cepsa o BP-, Luis Aires, calificó de "chapuza" la propuesta de subir el precio del litro de diésel -acercándolo a los 1,4 euros por litro- y propuso que la reforma fiscal sobre este sector se aborde tras un debate «con criterio».

«Estamos completamente en desacuerdo con la propuesta de subir el gasóleo un 28%. No se pueden hacer chapuzas porque el gasóleo ahora no está de moda», señaló Aires en un encuentro con medios. Las petroleras consideran que en el campo fiscal -el que más ruido ha hecho tras la publicación del informe- tiene un «claro sesgo eléctrico» con respecto a los carburantes.