MADRID.- La mortalidad entre la población sin papeles aumentó una media de un 15%
entre 2012 y 2015, los tres años posteriores a la aplicación de la ley
sobre la reforma sanitaria implementada en España en septiembre de 2012 a
través del Real Decreto 16/2012, que deja sin cobertura a personas en situación administrativa irregular.
Así lo afirma una reciente investigación, la primera de este tipo, del
Instituto de Economía de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Se
titula The deadly effects of losing health insurance (Los
efectos letales de perder la cobertura sanitaria) y ha sido presentada
el 13 de abril en la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid), recoge El País.
En términos absolutos, se corresponde con un incremento de 70 muertes
anuales, y el porcentaje aumenta con el tiempo: en el tercer año de
estudio, el 2015, la mortalidad ascendió un 22,6%. Estos resultados
sugieren que la modificación de la cobertura sanitaria ha tenido "un
gran efecto" en el estado de salud de poblaciones vulnerables con pocas
alternativas de acceso a la atención médica.
Los investigadores han estimado el efecto del Real Decreto en la tasa
de mortalidad de inmigrantes indocumentados al comparar el patrón de
mortalidad entre el grupo de población por cuya nacionalidad tienen más
probabilidades de ser irregulares y el de la población española que no
ha sido afectada por la reforma.
Para ello, se han servido de
información pública obtenida del Instituto Nacional de Estadística (INE),
que registra todas las muertes acaecidas en España: son datos
individuales de los fallecidos de nacionalidades con una mayor
proporción de sin papeles entre 2009 y 2015. Desde 2009 hasta 2012, la
mortalidad en ambos grupos se mantiene o incluso decrece.
En 2012 hay un
punto de inflexión y comienza a aumentar la de los inmigrantes, según
ha explicado a El País Judit Vall, coautora del informe e investigadora
del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) y del Centre de Recerca en
Economia y Salut (CRES-UPF).
La científica advierte que los resultados obtenidos son una
estimación mínima de una realidad que sospechan mayor porque en el
primer grupo de referencia, el de los migrantes en situación irregular,
se han incluido los fallecidos que sí tenían papeles.
"Sabemos que este
grupo incluye personas que no se vieron afectadas; no los podemos
distinguir porque los registros de mortalidad no proporcionan
información sobre el estado administrativo", detalla Vall.
"Y aún así,
encontramos ese aumento del 15%, con lo cual estimamos que el impacto
que hemos hallado es lo mínimo que en realidad debe haber".
El estudio presenta los resultados diferenciados por tres grupos de
edad: de 0 a 19 años, de 20 a 39 y de 40 a 64. Los mayores de 65 no se
han incluido porque hay muy pocas personas en situación irregular que
rebasen esa edad.
Gracias a las excepciones marcadas por el Real
Decreto, que son las embarazadas, la atención de emergencia en caso de
enfermedad grave o accidente y los menores, se ha observado que no hay
ningún efecto de la reforma en estos últimos. En el grupo de edad de 20 a
39 años ha aumentado la tasa de mortalidad mensual en un 16,49%. El
efecto para el grupo de 40-64 años es del 19,89%.
Por continente de
origen, la reforma aumenta la tasa de los africanos en un 16,69% con
respecto al nivel anterior a la reforma, en un 23,42% para los
centro-sudamericanos y en un 30,40% para los asiáticos.
Los resultados también muestran que los efectos de las restricciones
en la cobertura sanitaria son más altos en el caso de muertes acaecidas
por causas evitables si se cuenta con acceso rápido al sistema de salud
público: la falta de detección de enfermedades mortíferas y la
interrupción de tratamientos en caso de enfermos crónicos. El impacto
más fuerte, según Vall, es en las muertes por cáncer.
"En algunos
tumores la detección precoz es muy importante y sabemos que el cáncer,
muchas veces, no da signos de alerta", explica. La experta recuerda que,
si se pierde la tarjeta sanitaria, también se pierde el acceso a toda
medicación subvencionada y a tratamientos como la quimioterapia.
"Y en
el caso del cáncer, es carísima", incide. En el caso de otras dolencias
que requieren medicación crónica como VIH, o en enfermedades contagiosas
como tuberculosis, sí que se ha hallado un coeficiente positivo, pero
no significativo.
Es difícil obtener una cifra precisa del número de personas que han
tenido acceso restringido al sistema de salud como resultado de la
reforma. "Ha sido complicado encontrar datos porque la población
inmigrante en situación irregular no está muy bien identificada", afirma
Vall, que advierte que, hasta el momento, solo se disponen de algunos
informes de organizaciones no gubernamentales como los de Red Acoge o Médicos del Mundo cuyas estimaciones se sustentan, más bien, en casos particulares.
No obstante, sí sabe que en 2016 las autoridades españolas detectaron a 37.295 inmigrantes
viviendo de manera irregular. Además, el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, afirmó en el Congreso de los Diputados el 20 de febrero
de 2013 haber retirado 873.000
tarjetas sanitarias. Este último número representa un 13,87% de la
población inmigrante en España en 2012 y un 1,86% de la población total.
El RD 16/2012 fue justificado por el Gobierno como la manera
de evitar el fraude en la obtención de la tarjeta de salud española (el
turismo sanitario) y ahorrar unos 500 millones de euros.
Ha sido muy polémico desde su aprobación porque restringe el acceso al
sistema de salud pública a la población inmigrante indocumentada, que
hasta entonces solo necesitaba el padrón para obtener la tarjeta
sanitaria.
La reforma estableció que debían estar en posesión de un
permiso de residencia oficial y para obtenerlo, tenían que demostrar que
estaban trabajando regularmente o que tenían recursos suficientes para
cubrir los gastos de subsistencia durante su estadía en el país.
Diversas comunidades autónomas han introducido leyes autonómicas que
permiten el acceso al sistema de atención médica para inmigrantes
indocumentados. Aragón, Valencia, Cantabria, Baleares o la Comunidad de Madrid son algunos ejemplos.
Aunque el impacto es mayor en las Comunidades Autónomas que lo
aplican a rajatabla, el estudio no ha hallado diferencias significativas
entre ellas, algo que Vall se explica porque la mayoría de decretos
regionales se introdujeron después del Real Decreto, y para entonces
este colectivo ya era reacio a hacer uso de los servicios de atención
médica por el temor a revelar su situación irregular.
"Se ven como
perseguidos y señalados, y convencerles que de van a poder acceder al
sistema de salud ya no es tan fácil porque ya tienen miedo a ser
deportados o denunciados", explica la investigadora.
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