Sanidad permitirá deporte individual y paseos diarios de 6 a 10 y de 20 a 23

MADRID.- El Gobierno ha decidido restringir el horario de los paseos ya permitidos para los menores de 14 años entre las 12.00 del mediodía y las 19.00 horas (ahora se permiten desde las 9:00 de la mañana a las 21:00 horas de la noche) con el objetivo de que las personas autorizadas a salir de sus casas una vez al día no se concentren en las mismas horas. 

Así lo ha señalado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, firmante de la orden que entrará en vigor este sábado 2 de mayo.
En el caso de las personas mayores de 70 años o dependientes que precisen compañía de cuidadores, se les reserva el horario entre las 10.00 y las 12.00 horas, por la mañana, y entre las 19.00 y 20.00 horas de la tarde.
Los paseos podrán realizarse conjuntamente por como máximo dos personas convivientes, aunque quedan algunas dudas por resolver, como por ejemplo, si en un matrimonio o pareja conviviente en el que una persona no dependiente tiene más de 70 años y otra menos tienen que pasear cada uno en su franja de edad o se harán excepciones.
En municipios de menos de 5.000 habitantes no se aplicarán ninguna de estas franjas horarias al considerarse innecesario repartir a la población para evitar aglomeraciones.
Las personas con síntomas compatibles con la enfermedad de la COVID-19 o que se encuentren en cuarentena tras haberse contagiado o por haber estado en contacto con una persona portadora del virus no estarán autorizados a disfrutar de estos paseos ni a salir a hacer deporte, ha precisado el ministro en una rueda de prensa desde el Palacio de La Moncloa.

Deporte individual

Para las personas del resto de edades, coincidiendo con la práctica del deporte individual, se permitirá salir a pasear con otra persona con la que se conviva una vez al día entre las 6:00 y 10:00 de la mañana y entre las 20:00 y 23:00 de la noche.
El deporte al aire libre deberá realizarse en el mismo municipio de residencia, mientras que en el caso de los paseos no podrá uno alejarse a más de un kilómetro de distancia de su domicilio.

Las franjas horarias para paseos y actividad física

• Entre las 6 y las 10 de la mañana y las 20.00 y 23.00 horas, para actividad física y paseos, solo con una persona conviviente, sin contactos con terceros, una única vez al día, en el municipio de residencia.
• Entre las 10 y 12 y 7 y 8 de la tarde para paseos con personas dependientes, con una cuidadora.
• El ministro Illa ha informado de que en los municipios de menos de 5.000 habitantes no se aplicarán las franjas horarias y se podrán hacer estas actividades de 6.00 a 23.00 horas.
• Se excluyen de todas estas actividades a personas con síntomas o que hayan estado en cuarentena.
• Esta medida de alivio del desconfinamiento entrará en vigor a partir de las 00.00 del 2 de mayo.
• "Se permitirá la actividad de carácter individual, sin contacto, y también los paseos diarios a partir de las 0 horas del día 2 de mayo. Se permitirá la práctica deportiva una vez al día, dentro del municipio de residencia y -de igual manera- en los paseos se podrá salir acompañado con la persona conviviente", explicó.

Objetivo semanal

Por otro lado, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha celebrado que se ha cumplido el objetivo semanal que fijaron las autoridades sanitarias al principio de la semana, que establecía que el incremento de casos diarios crezca por debajo del 1 por ciento. Este jueves, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, se han notificado 1.309, lo que supone una subida del 0,6 por ciento con respecto a este miércoles.
En rueda de prensa, Illa ha defendido que se han cumplido los objetivos durante las seis semanas del estado de alarma decretado por el Gobierno. "Llegando al final de la semana, estamos en disposición de cumplir el objetivo. Así ha sido en las seis semanas en las que hemos estado sometidos al estado de alarma. Cada semana el objetivo se ha ido cumpliendo", ha reivindicado.
Por otra parte, el ministro ha resaltado que "desde hace unos días" España registra mayor número de dados de alta al día que nuevos contagiados. "Esto se viene repitiendo de una forma sostenida desde hace varios días. Estamos en un porcentaje de personas recuperadas a la cabeza de los mejores países del mundo. Esto dice mucho en favor de nuestro Sistema Nacional de Salud", ha valorado.
En vista a todos estos datos, Illa ha afirmado rotundamente que las medidas del estado de alarma "han funcionado". "Lo iniciamos con un 35 por ciento de incremento de nuevos contagiados y hoy estamos en el 0,6 por ciento. Es un hecho, una evidencia que el estado de alarma ha funcionado", ha comentado.
Con respecto a por qué España cuenta con un número tan importante de casos, el ministro lo ha achacado a que es "uno de los países con más tránsito en el mundo, como Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido". Como conclusión, Illa ha recordado que, pese al inicio de la desescalada, "no hay que perderle el respeto al virus" porque, tal y como ha advertido durante su comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, hay riesgo de un rebrote si no se cumplen las normas de distanciamiento social y de higiene.

El PIB se hunde un 5,2% en el primer trimestre por la crisis del coronavirus

MADRID.- La economía española se desplomó un 5,2% en el primer trimestre del año respecto al anterior a consecuencia del Covid-19, una caída sin precedentes desde que comenzó la serie estadística en 1970, ya que el punto álgido de la crisis financiera se marcó en el primer trimestre de 2009 con un contracción del 2,6%.

De acuerdo con los datos adelantados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el consumo de los hogares (el agregado de demanda con mayor peso en el PIB) cayó un 7,5% trimestral, el mayor desplome de la serie histórica.

La inversión bajó un 5,8%, el mayor descenso en casi once años, desde el segundo trimestre de 2009, si bien la inversión empresarial cayó solo un 3,5%, mientras que la destinada a vivienda y edificación lo hizo un 9,6%.

Por el contrario, el gastó público se aceleró más de un punto en el trimestre, hasta crecer un 1,8%, lo que supone el mayor aumento en doce años, desde el primer trimestre de 2008.

La demanda externa se hundió, con una caída del 8,4% para las exportaciones y un descenso también del 8,4% para las importaciones, en línea con el hundimiento del consumo y la inversión nacional.

El impacto del Covid-19 sobre el empleo es mayor en las horas trabajadas, que descendieron un 5% respecto al trimestre anterior, que en los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, que cayeron un 1,9%.

Desde el punto de vista de la oferta, las ramas de actividad con mayores caídas trimestrales de valor añadido bruto fueron las actividades artísticas, recreativas y otros servicios (11,2%), comercio, transporte y hostelería (10,9%), construcción (8,1%), actividades profesionales, científicas y técnicas (8%), información y comunicaciones (5,5%), industria manufacturera (3,2%), y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (1,4%).

Si se compara el primer trimestre con el mismo periodo de 2019 la caída del PIB fue del 4,1%, con una contribución negativa de la demanda nacional (consumo e inversión) de 4,3 puntos y con una aportación positiva de la demanda externa de 0,2 puntos.

En comparación anual se han destruido 102.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, en tanto que la productividad por puesto de trabajo equivalente bajó un 3,6%.

La remuneración de los asalariados creció un 2,8% interanual, mientras que el excedente bruto de explotación (asimilable al margen empresarial) cayó un 9,3%, el mayor descenso de la serie histórica.

La subida de la renta de los asalariados es consecuencia del aumento del 0,8% anual del número de asalariados, 1,7 puntos inferior al del trimestre precedente, y de que la remuneración media por asalariado creció un 2%, frente al 1,9% del cuarto trimestre.

Las horas trabajadas cayeron un 4,2% interanual, con mayor incidencia en la agricultura (9,9%), la construcción (9,8%), las actividades inmobiliarias (6,9%), el comercio, el transporte y la hostelería (6,5%) y la industria (2,8%).

El Gobierno permite desplazarse a los huertos para consumo propio

MADRID.- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que este mismo jueves entra en vigor una nueva orden que permitirá los desplazamientos a los huertos para el consumo propio.

Lo ha dicho ese jueves durante su comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad del Congreso, en la que ha señalado también que este jueves se publicará otra orden que establece las condiciones en las que se podrán realizar las salidas de los adultos para pasear y realizar actividad física desde el 2 de mayo.

Illa ha subrayado que, aunque los datos de la epidemia van bien, hay que seguir siendo muy prudentes y ha insistido en la importancia de que las salidas se hagan siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y cumpliendo las medidas de prevención, para reducir al mínimo los riesgos para el conjunto de la sociedad.

"Estamos ante una situación sin precedentes que nos hace ver la importancia de la responsabilidad individual en la salud de toda la ciudadanía", ha subrayado el ministro.

Illa ha insistido en que no se puede bajar la guardia y ha admitido que todavía quedan semanas "difíciles" para el sistema sanitario. 

"Vamos por el buen camino, pero debemos conservar la prudencia y mantenernos alerta porque aún quedan momentos difíciles".

El Dr. Simón desaconseja que los niños abracen a sus abuelos

MADRID.- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha desaconsejado que los niños puedan abrazar a sus abuelos porque, dada "la epidemia que hemos vivido" y con los actuales niveles de contagio de coronavirus, sería someter a los mayores a un riesgo "innecesario".

"Psicológicamente es magnífico dar abrazos a todo el que se pueda, pero tenemos que entender que estamos en una situación de riesgo que no va a durar siempre. El abrazo se podrá dar en el momento en que se pueda dar", ha respondido el epidemiólogo en la rueda de prensa telemática.

Lo ha hecho al ser preguntado por el permiso que se ha dado en Suiza para que abuelos y niños menores de 10 años puedan abrazarse.

"Ahora mismo, en nuestra situación y con los niveles de transmisión que tenemos en España y con la epidemia que hemos vivido, tenemos que ser conscientes de los riesgos que puede suponer no para el niño, sino para su propio abuelo", ha apelado Simón.

Y aunque esos riesgos son bajos, son también "innecesarios".

"Yo preferiría que el niño pudiera darle muchos abrazos a su abuelo y no solo uno", ha concluido.

El Gobierno será "muy estricto" para controlar la movilidad en la desescalada

MADRID.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que el Gobierno será "muy estricto" en el cumplimiento de la política de asimetría que va a regir el plan de desescalada en la crisis del coronavirus, por lo que el control de la movilidad entre provincias tendrá "mucha importancia".

Marlaska, que ha comparecido desde el Palacio de la Moncloa junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para dar más detalles del plan anunciado de desescalada en fases, ha dicho que el escenario "va a exigir más" de la ciudadanía. 

"Se va a ser muy estricto en la política de asimetría y de cualquier movilidad ajena" a lo que permita cada fase en cada provincia, ha dejado claro el titular de Interior, antes de reiterar que el control de esos desplazamientos "va a tener importancia y relevancia trascendental para garantizar esa nueva normalidad".

Y para lograr llegar a esa nueva normalidad, Marlaska ha apelado a "determinación titánica" de la ciudadanía mostrada hasta ahora y a aumentar la "disciplina" que permitido llegar al desescalamiento. "Confío en que el comportamiento nos va a permitir recorrer estas fases de una forma tranquila y alcanzar el objetivo que deseamos hacia nueva normalidad y una nueva realidad", ha continuado Marlaska, que ha retirado que la inmensa mayoría está cumpliendo la ley.

Preguntado por el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, el ministro ha dicho que se abre también una nueva etapa "para seguir cooperando con la sociedad, garantizando la prestación de los servicios esenciales y evitando la insolidaridad de los que incumplen".

Así, para la desescalada se adaptarán los dispositivos y la forma de actuar de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con un protagonismo especial al control de la movilidad que hasta ahora ha sido uno de los factores determinante para mejorar la situación.

Todos los agentes trabajan con la conciencia de que "el plan tenga éxito". Estamos viendo la luz y controlar la movilidad es más importante, por lo que las fuerzas de seguridad se adaptarán a esta situación con los medios y efectivos necesarios y precisos".

"España es un estado de derecho no es un estado policial. El elemento más coercitivo en España es la ley", ha enfatizado Marlaska tras asegurar que las imágenes que se vieron el pasado domingo de aglomeraciones en algunos lugares por la primera salida de los niños no se han vuelto a ver.

Respecto a la reapertura de fronteras, el titular de Interior ha explicado que semanalmente los ministros europeos del ramo se reúnen para abordar este asunto y analizar la evolución de la crisis. El criterio de la Comisión Europea es reabrir cuanto antes pero siempre cuando los criterios de salud pública lo permitan.

Qué se podrá hacer y cuándo en las 4 fases de la desescalada

MADRID.- Los españoles podremos volver a dar paseos y hacer deporte de manera individual desde este sábado 2 de mayo. También se podrá acudir a determinados comercios, como peluquerías, centros de fisioterapia y ópticas, el próximo lunes 4 de mayo, pero no podremos viajar fuera de nuestra provincia hasta el 22 de junio en el mejor de los casos. 

La desescalada se distribuye en cuatro fases: la fase 0 a partir del lunes 4 de mayo, la fase 1 a partir del 11 de mayo, la fase 2 a partir del 25 de mayo y la fase 3 a partir del 8 de junio. El Gobierno irá decidiendo qué provincias van avanzando de fase de forma quincenal, según recuerda El Mundo.

Cuándo se puede visitar a padres y abuelos

El Gobierno no lo ha definido aún. Lo hará en una próxima orden del Ministerio de Sanidad en la que regulará todos los contactos sociales con las personas mayores o con patologías previas. Por tanto, habrá que esperar a los detalles y las condiciones. También abordará en ese documento el tema de las residencias de ancianos, aunque ya advierte de que será en una etapa muy avanzada por ser centros con gran vulnerabilidad. En cualquier caso, si los padres o los abuelos viven en otras provincias, lo que ya se puede asegurar es que el escenario más optimista para visitarles emplaza a finales de junio.

Quedar con amigos

Todavía es una actividad indeterminada. La fase 1 (a partir del 11 de mayo) permite el contacto social «en grupos reducidos para personas no vulnerables ni con patologías previas». Al igual que sucede con la pregunta anterior, el Gobierno especificará en una orden futura cuál es ese número de personas y también bajo qué condiciones pueden reunirse. Tanto en las casas como en las terrazas de los bares, que para entonces habrán abierto. 

Cómo y cuándo se podrá viajar

No se permitirá viajar fuera de la provincia o isla de residencia hasta alcanzar la "nueva normalidad". En el mejor de los casos, a partir del 22 de junio, pero incluso esta fecha será sólo para los lugares en los que el coronavirus esté más controlado. Y una vez alcanzada la "nueva normalidad", sólo se podrá viajar entre provincias que estén en ese mismo estado. Es decir, si Madrid estuviera aún en una fase anterior, no se podría abandonar esta comunidad autónoma para ir a segundas residencias en la playa o en cualquier otro lugar.

Los viajes de ocio por Europa o el extranjero están lejos de producirse. El Gobierno pide "prudencia" y remite al acuerdo que los socios comunitarios alcanzarán para saber cuándo se levantan las restricciones.

Segundas residencias dentro de la misma provincia

Los desplazamientos a las segundas residencias están contemplados en la fase 2 (a partir del 25 de mayo) exclusivamente si se encuentran en la misma provincia. Si están en otra, está prohibido.

Ir a otra provincia

Cuando se termine la fase 3 y comience la «nueva normalidad». Esto no sucederá como pronto hasta el 22 de junio. Hasta entonces estará prohibido incluso si se trata de una provincia limítrofe que se encuentra en la misma fase. 

Los bares, restaurantes y discotecas

Se hará de forma muy gradual, pero también van a abrir. En la fase 0, a partir del próximo lunes 4 de mayo, se abrirán los restaurantes y cafeterías con entrega para llevar, sin que se pueda consumir en el local.

En la fase 1, a partir del 11 de mayo, se abrirán las terrazas de los locales, limitando al 30% las mesas permitidas, aunque dejando la posibilidad de aumentar el número de mesas si el Ayuntamiento correspondiente permite más espacio disponible.

En la fase 2, a partir del 25 de mayo, se permitirá el consumo dentro de los locales con servicio de mesa, con una limitación de un tercio del aforo y siempre sentados. No se podrá estar, por tanto, en las barras de los bares, y quedan excluidos los bares nocturnos y las discotecas.

En la fase 3, a partir del 8 de junio, se aumenta el aforo al 50% y se permitirá ya gente de pie, es decir, en las barras. También abrirán las discotecas y los bares nocturnos, con un aforo máximo de un tercio.

Volver al trabajo presencial

Se sigue fomentando el teletrabajo durante toda la fase de desconfinamiento, hasta la final. En la fase 3, a implantar a partir del 8 de junio, se contemplan "protocolos de reincorporación presencial a las empresas para la actividad laboral", entre los que se incluye incluso la utilización de trajes EPI. En cualquier caso, se dice que las empresas deberán tener un "horario escalonado y garantías de conciliación".

Reapertura de los colegios

Este curso ha quedado ya suspendido de forma definitiva. Pedro Sánchez ha sido tajante y ha dicho que los alumnos no volverán a las clases hasta septiembre. Los centros irán abriendo para que se incorpore el profesorado y para labores de limpieza (en la fase 1, a partir del 11 de mayo) y a partir del 25 de mayo se hará una excepción: se habilitarán las clases de la etapa infantil hasta los 6 años para familias que acrediten que los progenitores tienen que realizar un trabajo presencial.

Además, los alumnos de los cursos que terminan ciclo educativo medio (4º de la ESO, 2º de Bachillerato y 2º de FP) podrán asistir a clase de forma voluntaria a partir del 25 de mayo, con grupos de 15 estudiantes como máximo. También se abrirán los centros de Educación Especial para quien quiera ir y centros para realizar las pruebas de acceso a la Universidad.

Los comercios de prestación de servicios

Se empezará con algunos locales como peluquerías, ferreterías, dentistas, ópticas, centros de fisioterapia o floristerías, considerados de prestación de servicios. Se han incluido en la fase 0, que es la actual, y empiezan el lunes 4 de mayo en toda España, pero con muchas limitaciones. Se atenderá a los clientes de forma individual y siempre con cita previa, dando preferencia a los mayores de 65 años. Los locales comerciales deberán contar con mostrador, mampara o, en su defecto, extremando las medidas de protección individual con guantes y mascarillas.

Los comercios de forma generalizada

En la fase 1, que arrancará en lunes 4 de mayo en Baleares y algunas islas de Canarias, y de forma más extendida el lunes 11 de mayo. Se hará con un aforo limitado al 30% del que tenga el local y siempre que se garantice una distancia mínima de 2 metros entre los clientes. Cuando esto no sea posible, se permitirá únicamente la permanencia de un cliente.

Quedan excluidos en esta fase los centros comerciales. Sí podrán reabrir los mercadillos al aire libre, con una limitación al 25% de los puestos habituales y siempre que lo pida el Ayuntamiento correspondiente.

Los centros comerciales

Se van a la fase 2, que estrenarían algunas provincias el 25 de mayo. Se abrirán al público prohibiendo la permanencia en las habituales zonas comunes y áreas recreativas de estos centros y con un aforo limitado al 40%.

Los hoteles

Abrirán en la fase 1, a partir del 11 de mayo, que algunas zonas turísticas como Baleares adelantan al 4 de mayo. Podrán abrir sin utilizar zonas comunes.

En la fase 2, a partir del 25 de mayo, se abrirán ya las zonas comunes con limitación de un tercio del aforo, excepto las áreas de hostelería del propio hotel, que seguirán las normas para los restaurantes descritas en el apartado anterior. El aforo aumenta al 50% en la fase 3, a partir del 8 de junio.

Las playas

Se van a la fase 3, a partir del 8 de junio, a las puertas del verano. El plan del Gobierno sólo dice que tendrá que hacerse "en condiciones de seguridad y distanciamiento". También se permitirá el turismo activo y de naturaleza.

Cines, teatros y museos

Abrirán también de forma escalonada. Las bibliotecas desde el 11 de mayo; los actos y espectáculos culturales, también desde el 11 de mayo con un aforo de menos de 30 personas si son en locales y de 200 si son al aire libre; los museos, también desde el 11 de mayo con un tercio de su aforo, y en esta fecha se empezarán a recuperar también los rodajes de cine y series.

Los cines y los teatros no reabrirán hasta la fase 2, a partir del 25 de mayo, con un tercio de su aforo. En esta fecha también se empezará a permitir las visitas a monumentos, claves para el turismo.

Gimnasios

Algunos pueden operar desde la fase 0 y con cita previa pero la mayoría lo hará desde la fase 1. Siempre deporte individual, con limitaciones de aforo (que se irán incrementando con el paso del tiempo) y con medidas de seguridad. 

Practicar deporte

Hay una diferenciación entre deporte profesional y no profesional. En este último, el mayoritario, se podrá desde la fase 0 hacer actividad «sin contacto» como ciclismo, correr, patinar o surf siempre que sea de manera individual y en franjas de 06.00 a 10.00 y de 20.00 a 23.00 horas (excepto en los municipios de menos de 5.000 habitantes que no habrá limitación horaria). También se podrán dar paseos en un radio de 1 kilómetro desde el domicilio acompañados por un conviviente en las mismas franjas horarias que la práctica de deporte.

La fase 1 permite abrir instalaciones al aire libre para deportes sin contacto (atletismo o tenis). Las siguientes fases implican otras condiciones para reabrir zonas pero no se aclara qué sucede con deportes con contacto como el fútbol, el baloncesto o con los que se practican en la piscina.

¿Cuándo vuelve La Liga?

El deporte de élite y federado vuelve en varias fases pero a partir de la 2 se contempla el «entrenamiento total» para los equipos profesionales y la reanudación de las ligas, como la de fútbol, con partidos a puerta cerrada o con poco público.

Los toros

No estarán permitidos hasta la última fase, la 3, a partir del 8 de junio. Se permitirán con una limitación de aforo que garantice una persona por cada 9 metros cuadrados.

Ir a misa o a la mezquita

Los lugares de culto religioso abrirán a partir del 11 de mayo para quienes quieran acudir a misa o a rezar. Al principio la limitación será de un tercio en la fase 1 y se aumentará al 50% en la fase 2.

Los velatorios

La fase 1 permite velatorios para un «número limitado de familiares» con protocolos de seguridad y distancia física. Esto sucederá desde el 11 de mayo. La fase 2 y la 3 van ampliando el número de personas que pueden ir. Sólo en esta última etapa se elimina la condición de «familiares».

Las bodas

Ya se permiten bodas pero sin asistentes. Para que puedan acudir familiares y amigos habrá que esperar a la fase 2. Será con número limitado (aún por determinar en el protocolo de Sanidad). La fase 3 contempla «un número más amplio de asistentes». Un recordatorio importante: opera la limitación para ir a otras provincias.

Las academias y las autoescuelas

La apertura de los centros educativos y de formación extraescolares están recogidos en la fase 2, a partir del 25 de mayo. Se incluyen se forma específica en el plan del Gobierno las academias y las autoescuelas.

La caza y la pesca

Se mantiene su prohibición hasta la fase 2, a partir del 25 de mayo en las provincias que logren acceder a ese escalón del plan de desconfinamiento.

Las ONG piden regularizar a 800.000 inmigrantes y acceso a la renta mínima

MADRID.- Los estudios sobre la renta mínima avanzan. Y también las reivindicaciones de las organizaciones no gubernamentales, que han reclamado al Gobierno que incluya a los inmigrantes sin papeles en el ingreso mínimo vital que está diseñando el ministro José Luis Escrivá, según publica hoy El Confidencial.

Entre otras razones, porque su situación es más angustiosa que ninguna, habida cuenta de su elevada vulnerabilidad en un contexto económico como el actual, en el que ni siquiera la economía sumergida tiene apenas salida; pero también porque muchos de ellos desempeñan funciones esenciales en la comunidad, como atención de ancianos, a dependientes, limpieza o actividades agrícolas.

El Gobierno, a través del propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ya ha adelantado que “no contempla” esa posibilidad, que tendría difícil encaje legal, ya que se trata de personas cuya posición administrativa es irregular, y por eso, precisamente, las ONG han urgido a Moncloa a que regularice la situación de centenares de miles de inmigrantes que hoy se encuentran en una situación extrema.

La CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) ha llegado a calcular la existencia de unos 800.000 irregulares, que, además, se encuentran con la circunstancia añadida de que no pueden salir de España, donde tradicionalmente hay menos trabajo, hacia otros países europeos porque las fronteras están cerradas. 

Según la Asociación de Abogados Extranjeristas, “lo que hoy aparece como una situación transitoria va a tener consecuencias mucho más largas, que condenarán a un porcentaje de la población a una intolerable situación de inseguridad jurídica y de vacío legal efectivo”.

Como sostiene Eva Garzón, responsable de Desplazamiento Global de Oxfam Intermón, tampoco hay que olvidar que el estado de alarma, y todo lo que conlleva, ha congelado la tramitación de expedientes administrativos en busca de la regularización, incluso los sobrevenidos porque se haya perdido el empleo.

Según algunas estimaciones, alrededor de 100.000 solicitudes de asilo permanecen varadas, a lo que hay que unir el hecho de que España, que es uno de los países europeos que menos atienden a los refugiados, apenas acepta el 5% de las solicitudes.

Por este motivo, más de 250 organizaciones no gubernamentales han reclamado al Gobierno que regularice a los sin papeles, en línea con lo que también ha demandado el Consejo de Europa. 

“Muchas de estas personas son migrantes en situaciones administrativas diversas”, se dice en el manifiesto, “y son esenciales para la salud pública, la vida y los cuidados en esta crisis, arriesgando su propia salud y sus vidas para servir a la sociedad”. 

El Gobierno, por el momento, ha dicho no. A lo sumo, según algunas fuentes, se habría abierto a una regularización parcial, por sectores.

La reclamación de las ONG ha coincidido en el tiempo con el cese de la directora general de Migraciones, Irune Aguirrezabal, que ha sido sustituida, como publicó ayer el BOE, por Santiago Yerga Cobos. 

En el ministerio, lo achacan a una reorganización interna. Yerga es un abogado de extranjería de largo recorrido, al contrario que Aguirrezabal, cuyo perfil es más académico y, por lo tanto, más alejado del mundo de las ONG, que es tradicionalmente un mercado electoral más próximo a Unidas Podemos. El cese, de hecho, ha sido bien recibido por círculos que trabajan con los extranjeros en situación irregular.

Recientemente, también el Gobierno portugués adoptó una medida similar en unos momentos en que el campo, como consecuencia del coronavirus, necesita mano de obra. Como recuerda la Asociación de Abogados Extranjeristas, Portugal también lo hizo para extender la asistencia sanitaria, y luego Italia, por motivos más amplios, han abierto, de una u otra manera, un camino “que España no debe tener reparos en recorrer”.

También ocurre en España, como han reclamado en las últimas semanas los empresarios agrícolas, que temen que se pierda parte de su cosecha al no poder contratar a trabajadores sin papeles. El propio Gobierno reconoció implícitamente esta necesidad hace unas semanas cuando aprobó un real decreto-ley que flexibilizó la contratación de trabajadores agrícolas.

Ese real decreto-ley ha sido criticado duramente por organizaciones como Cáritas por insuficiente, ya que aunque la gran mayoría de las personas migrantes que residen en las zonas agrícolas están empadronadas en sus respectivos municipios, la norma “no contempla la posibilidad de darles la oportunidad de regularizar su situación ni de garantizar sus necesidades”.

Condiciones inhumanas e indignas

En palabras de Cáritas, la realidad para los sin papales es todavía más dura, ya que "los asentamientos se convierten en campamentos compuestos por chabolas levantadas por los mismos temporeros con plásticos y maderas, carentes de las mínimas condiciones de salubridad y seguridad, lo que empuja a la población inmigrante a vivir en unas condiciones inhumanas e indignas".

Según Eva Cebrián, es por eso por lo que el Gobierno debe incluir un paquete de protección social incardinado en el ingreso mínimo vital que se está pergeñando, y que, según Escrivá, podría estar listo durante la segunda quincena de mayo. Es decir, al menos dos meses desde que se decretó el estado de alarma y se obligó al cese de actividades, lo que ha provocado un brutal aumento del desempleo. No solo en la economía formal sino también en la irregular, cuyas condiciones de vida son peores.

Las ONG recuerdan, además, que ya la Ley de Extranjería admite la posibilidad de que en los supuestos de entrada sin visado, y cuando concurran circunstancias excepcionales que lo justifiquen, “podrá autorizarse la estancia de un extranjero en el territorio español más allá de tres meses”.

La última regularización masiva de inmigrantes, como se sabe, se produjo en 2005, y entonces salieron de esa situación más de 700.000 trabajadores que legalmente no podían trabajar en España, pero que lo hacían. Un estudio académico publicado en su día por Nada es Gratis concluyó que la regularización de Rodríguez Zapatero “aportó ingresos adicionales a las arcas públicas, además de dar oportunidades a los inmigrantes que carecían de permiso legal de trabajo”.

En la actualidad, según las últimas cifras oficiales, residen en España en situación regular con tarjeta 5,6 millones de extranjeros, de los que 2,73 millones proceden de países ajenos al Espacio Económico Europeo (EEE) y Suiza. Su número ha ido en aumento en los últimos años al calor de la recuperación económica. Desde 2014, la población extranjera ha crecido un 15%.

Sanidad estudia que la desescalada sea por áreas sanitarias y no solo por provincias

MADRID.- El Ministerio de Sanidad estudiará algunas propuestas que le han planteado esta miércoles las comunidades autónomas para que la desescalada no se desarrolle sólo por las unidades territoriales que se han marcado en el plan del Gobierno -provincias e islas-, sino también por otras como las áreas sanitarias.

Desde este martes, el tema de fondo en la gestión de la pandemia es el plan de desescalada que aprobó ese mismo día el Gobierno y que tiene como horizonte finales de junio, con un programa en cuatro fases a distintas velocidades según las provincias o las islas más o menos afectadas por la pandemia.

Illa, momentos antes de reunirse con los consejeros en el Consejo Interterritorial de Sanidad, no descartaba estudiar algunas propuestas de las comunidades en las que la unidad territorial de referencia para la desescalada no fuera la establecida por el plan: las provincias o, en su caso, las islas.

Pero, siempre que se garantizará la estanqueidad de esa unidad en términos de movilidad, pero además otros criterios epidemiologicos, técnicos, sanitarios y económicos, que se deberán analizar.

En ello se apoyará la Comunidad Valenciana para su propuesta de llevar a cabo las cuatro fases previstas por departamentos de salud o comarcas, en lugar de por provincias. Y se inclinan por los primeros, tal y como ha planteado de nuevo la consellera de Sanidad, Ana Barceló, este miércoles, aunque lo hizo ya antes de la presentación del plan.

También desde Galicia, el consejero Jesús Vázquez, lo reclama, así como que la movilidad se pueda realizar entre concellos sin casos positivos en los últimos 15 o 7 días independientemente de la provincia.

El presidente de la Xunta, Alderto Nuñez Feijóo, desde Santiago, también lo ha recalcado y ha dicho además que el plan presenta “algunas luces”, pero “muchas sombras”.

Feijóo ha sido especialmente crítico con que se haya fijado como unidad para la desescalada un mecanismo administrativo como son las provincias y ha vuelto a insistir en que en Galicia la medida debería ser el área sanitaria.

Ha cuestionado además el criterio de “extender hasta junio” las limitaciones entre provincias puesto que, a su manera de ver, “no tiene ninguna justificación sanitaria ni epidemiológica” dividir algunos pueblos en dos porque administrativamente pertenecen a dos provincias distintas.

Desde el País Vasco, el lehendakari, Iñigo Ukullu, también ha rechazado el plan de transición avanzado por Sánchez, como lo ha hecho la consejera de Salud, Nekane Murga, ante el ministro, y lo ha hecho por considerar que en él se plantea un “modelo provincial que supone un retroceso centralizador y una anomalía incomprensible”.

Por eso, Urkullu ha pedido al presidente el establecimiento de un diálogo “bilateral” con las instituciones vascas para desarrollar “cualquier plan” de transición de la pandemia en Euskadi.

La portavoz del Govern catalán, Meritxell Budó, también ha insistido este miércoles en la misma idea: que la fase de desconfinamiento se lleve a cabo de manera asimétrica según cada región sanitaria, y no tomando como referencia las provincias.

Por un lado, Budó ha “celebrado” que el Gobierno haya elaborado “un plan por escrito en el que se detallan todas las fases y sectores” que protagonizarán este desconfinamiento, basado en “elementos de justificación de carácter científico”.

Sin embargo, Budó ha lamentado que este plan se haya “elaborado sin tener en cuenta a Cataluña y el resto de territorios” y “fije la provincia como unidad territorial del desconfinamento”, lo que a su entender es un “error”.

Por su parte, Castilla y León considera “injusto” que en su comunidad, con la extensión y dispersión que tiene, se tenga que esperar a que toda una provincia esté sin casos nuevos para poder iniciar la desescalada.

Mientras sigue pendiente de que el Gobierno fije los indicadores y estándares epidemiológicos y sanitarios máximos y mínimos para afrontar la desescalada, ya cuenta con su mapa de 247 áreas de salud en el que casi treinta están en verde, tras siete días sin contagios, con diez que lucen en ese color desde hace dos semanas. Fuentes de la Consejería de Sanidad han explicado que confían en que el Gobierno acepte su propuesta.

Desde Baleares, mientras, la presidenta del Govern, Francina Armengol, quiere que se permita que, además de Formentera, también Menorca pueda iniciar la fase 1 de desconfinamiento con apertura interna el 4 de mayo, a la espera de que el Consell de Ibiza analice si lo considera oportuno en esa isla.

Si el Ministerio de Sanidad lo autorizara, significaría que estas islas (Menorca y Formentera, e Ibiza si lo admite) se permitirían actividades como contacto social entre grupos reducidos de personas “pero no con las más vulnerables” como mayores y personas con patologías; y se ofrecería al pequeño comercio la posibilidad de abrir, y a las terrazas de restauración en un tercio de capacidad, así como los mercados al aire libre.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho este jueves, por su parte, que en el plan de transición a la nueva normalidad tras el estado de alarma “no se impone nada a nadie”.

“El que no se sienta cómodo, que no abra”, ha dicho en una entrevista en Radio Nacional, en la que ha insistido en que en lo relativo a los requisitos para reabrir hoteles, cafeterías y restaurantes, se van introduciendo en las distintas fases recomendaciones de aforo y distancia en función de cada superficie y de forma gradual.

Se trata de criterios orientativos, ha reiterado, además de explicar que el ministro de Comercio está hablando con los distintos sectores para que entiendan que es un sistema gradual.

Si alguien cree que es mejor esperar, “pues que espere”, ya que en cada fase son los propios empresarios los que deben valorar si las condiciones son adecuadas o no, empezando por cosas sencillas; en otros países, ha dicho, como por ejemplo Francia, estos sectores se han dejado para el final.

Por lo que respecta a la seguridad de los trabajadores, ha recordado que existe una ley de prevención de riesgos laborales y hay recomendaciones de distancia y de protección individual.

Según la ministra, empresarios y trabajadores han ido entendiendo y discutiendo qué es lo mejor, del mismo modo que los ministros del ramo, junto con los sectores empresariales, por lo que la desescalada va a ser en realidad “a nivel de cada centro de trabajo donde se podrá precisar”.

Habrá que ver, ha añadido, hasta dónde puede acompañar el Gobierno, que “estará en cada fase de aprendizaje”, en este proceso, ha dicho.

España intenta salvar por todos los medios la temporada turística de verano

MADRID.- Distancia de seguridad en las playas, test a la entrada de los hoteles, restaurantes con menos aforo son algunas de las medidas que España va a tomar para tratar de salvar su temporada de verano, al tiempo que trata de tranquilizar a los turistas frente al coronavirus.

"Queremos estar en cabeza de estos destinos que demos tranquilidad a nuestros clientes, que intentemos ser lo más sanos e higiénicos", explica Daniel Barbero, concejal de Turismo de la localidad costera de Almuñécar.

España era hasta esta crisis el segundo destino turístico mundial. Pero también es la cuarta nación con el mayor número de muertos por covid-19.

El país prevé por ello una reapertura muy progresiva y cautelosa de bares, hoteles y restaurantes a partir del 11 de mayo.

Y es que España se juega mucho con el turismo, que representa el 12% de su PIB y el 13% del empleo. El sector podría perder hasta un 60% de su facturación anual, según la organización patronal, Exceltur.

Para tranquilizar a los turistas, los profesionales, que se quejan de la vaguedad del plan gubernamental, están multiplicando las iniciativas.

En Almuñecar, los clubes de buceo, muy frecuentados, están trabajando en un protocolo específico para evitar los contagios a través del material utilizado, que pasa de boca en boca.

La localidad andaluza propone también que la policía municipal y Protección Civil controlen la afluencia en las playas, detalla Daniel Barbero.

Gandía, cerca de Valencia, prevé contratar a más vigilantes en sus playas para garantizar que los grupos de veraneantes se instalan al menos a dos metros los unos de los otros.

El acceso a ciertas playas podría además estar prohibido a los niños a determinadas horas del día, para que no se crucen con personas mayores, más vulnerables al virus.

Más allá de esto, "lo que no contemplamos es poner barreras", porque "un espacio abierto como una playa no se va a poder limitar con plásticos. Vamos a optar por informar, por creer en la responsabilidad de cada uno", explica Vicent Mascarell, concejal de Turismo en el ayuntamiento, que prevé también instalar distribuidores de gel desinfectante en los accesos a la playa.

Bares y restaurantes están viendo la forma de reorganizarse, animados por la patronal de la hostelería, que desaconseja de momento la instalación de mamparas, por el coste adicional que representan.

"Vamos a tener que reducir el aforo a la mitad. Un restaurante de 15 o 20 mesas no tendrá más de 8 o 10, a una distancia de un metro o un metro y medio", resume José Manuel Navarro, presidente de la asociación de hostelería de Gandía.

Para limitar el descalabro de la facturación, el ayuntamiento autorizará la ampliación de las terrazas en las aceras, lo que permitirá aumentar el número de mesas.

Los menús digitalizados disponibles en el teléfono móvil permitirán igualmente evitar también que pasen de mano en mano.

Y en un país muy aficionado a compartir comida en la mesa, como la paella o las tapas, "veremos más porciones individuales. Es un trabajo que ellos deben hacer, porque hay una nueva realidad y tenemos que adaptarnos", añade el concejal Mascarell.

La higiene se reforzará en los hoteles, en particular en Madrid, el mayor foco de infección del país, que trabaja ya en un sello de calidad "Hotel sin Covid".

En los hoteles de la cadena RoomMate, el cliente será acogido por unas alfombras impregnadas de lejía, para desinfectar suelas y ruedas de maletas, antes de someterse a un examen de temperatura y recibir mascarilla, gel y guantes.

El VP Hotel Plaza de España, en pleno centro de la capital, impondrá exámenes rápidos de Covid-19 en la entrada.

Si el cliente da positivo, irá a una habitación cerrada y el establecimiento avisará a las autoridades sanitarias, explica el director del grupo, Javier Pérez.

Los clientes sanos podrán acceder al bar-restaurante en la terraza panorámica, con un sobrecoste de 50 euros en la factura por el test, realizado por clínicas privadas. El objetivo es tener tranquilos a los numerosos huéspedes de entre 60 y 70 años.

"Ya tenemos peticiones de 600 personas para comer y cenar aquí. Ya sabemos que vamos a llenar la primera semana" de apertura, aunque "no sabemos si viene la gente porque quiere hacerse el test o para cenar", destaca Javier Pérez, que dice haber invertido 120.000 euros en máquinas de rayos ultravioletas, pues se supone que garantizan una desinfección total.

La gran cuestión pendiente es la reapertura de las fronteras a los turistas internacionales. De momento no se ha fijado nada a nivel europeo, indicó un alto cargo del gobierno español.

La cercanía del Papa a los trabajadores explotados por el “caporalato”

CIUDAD DEL VATICANO.- En una carta firmada por el Sustituto, la oración del Papa Francisco por los trabajadores que, comprometidos en la cadena agroalimentaria, se enfrentan a los riesgos vinculados a la pandemia y sufren la explotación por parte de las empresas.

El compromiso y los sacrificios de los trabajadores de la cadena agroalimentaria en tiempos de pandemia y la explotación y marginación de los trabajadores inmigrantes. Este es lo que está en el corazón y en las palabras del Papa Francisco quien, en una carta firmada por el sustituto de la Secretaría de Estado, Edgar Peña Parra, responde al Secretario General de la Federación Agrícola Italiana (Fai Cisl), Onofrio Rota quien, en los últimos días, había pedido consuelo y atención para las cuestiones críticas que marcan el sector agrícola.

Riesgos y marginación

El Sustituto de la Secretaría de Estado transmitió la cercanía del Papa Francisco "a los numerosos trabajadores que, en el marco de la cadena alimentaria, realizan esfuerzos considerables, entre muchos riesgos y dificultades, para proporcionar los alimentos necesarios a la comunidad".
"El Papa – continúa – los recuerda en la oración, mientras lleva en su corazón la dolorosa situación de los trabajadores ilegales de varios países, que son relegados a los márgenes de la sociedad y sufren condiciones de explotación inaceptables".

Salir de la ilegalidad

En el mensaje se expresa "compartir" la necesidad expresada por el sindicato para regularizar las actividades de los hombres que, hoy más que nunca, están expuestos a riesgos de contaminación por no encontrarse en seguridad, y que siguen garantizando el suministro de alimentos en las mesas.
"Es ciertamente compartible – se lee en la carta – la necesidad de atender a quienes, privados de dignidad, sienten las consecuencias de una integración no realizada de manera más aguda, estando ahora más expuestos a los peligros de la pandemia.
Es de esperar, pues, que su situación salga de la clandestinidad y se regularice, de manera que se reconozcan los derechos y deberes de todo trabajador, se oponga a la ilegalidad y se evite el flagelo del ‘caporalato’ (forma ilegal de trabajo agrícola y mano de obra a bajo costo) y el surgimiento de conflictos entre personas desfavorecidas".

La Comunitat registra 242 nuevos positivos y 19 fallecidos y los ingresos en UCI se reducen al 3%

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana ha registrado en las últimas 24 horas 242 nuevos casos positivos, frente a los 158 de ayer, y el 19 fallecimientos por Covid-19, con lo que el número total de decesos asciende a 1.244. No obstante, los casos activos que requieren ingreso en UCI se reducen al 3%, con 127 personas, y las hospitalizaciones también siguen en descenso, según la actualización facilitada por la Conselleria de Sanidad.

   Así, en estos momentos, hay 674 personas ingresadas, 42 menos que ayer, lo que supone un 17% del total de casos activos. Desde que comenzó la pandemia, el 5,5% de todos los casos positivos han requerido ingreso en la UCI (663 personas).

   Hasta el momento se han dado un total de 6.886 altas -- 287 desde la actualización de este miércoles--: 893 en la provincia de Castellón, 2.590 en la de Alicante y 3.403 en la provincia de Valencia. Las altas, por tanto, suponen ya el 57,1% del total de casos positivos en la Comunitat.

    Los 242 nuevos casos: 67 se encuentran en la provincia de Castellón, 80 en la de Alicante y 95 en la de Valencia. Con estos nuevos positivos, el total se eleva a 12.058, de los cuales se encuentran activos en estos momentos 3.928. De este modo, los casos activos representan en estos momentos el 32,5% del total de positivos desde el inicio de la pandemia.

   Por provincias, el número total de casos positivos es de 1.694 en la provincia de Castellón, activos 615 (68 hospitalizados, 12 de ellos en la UCI), 4.085 en la provincia de Alicante, activos 1.052 (165 hospitalizados y 50 de ellos en la UCI), y 6.279 en la provincia de Valencia, activos 2.261 (441 hospitalizados y 65 de ellos en la UCI).

   Hasta la actualidad se han producido un total de 1.244 fallecimientos en la Comunitat Valenciana tras sumar otros 19 decesos: 186 en la provincia de Castellón, 443 en la Alicante y 615 en la de Valencia.

   El número de casos activos de profesionales de la Sanidad es de 714 en este momento: 65 en la provincia de Castellón, 267 en la de Alicante y 382 en la provincia de Valencia y han recibido ya el alta 1.377 personas.

   En cuanto al número de pruebas realizadas para la detección de coronavirus, se han llevado a cabo un total de 149.398 (111.690 a través de PCR y 37.708 a través de test rápidos). De todas ellas, han dado un resultado negativo 119.625 (88.240 con PCR y 31.385 por test rápidos).

   Por su parte, en estos momentos hay casos en 81 centros (14 en la provincia de Castellón, 17 en la de Alicante y 50 en la provincia de Valencia), lo que supone tres cenros menos que ayer. En total, 1.979 residentes han dado positivo, 611 trabajadaores y 462 usuarios ha fallecido.

   Por otro lado, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 30 residencias en la Comunitat Valenciana, una más que ayer: 9 en la provincia de Castellón, 8 en la provincia de Alicante y 13 en la provincia de Valencia.

Mas acusa a Llopis de "esbirro" y Barcala le advierte de que será "la última vez que habla en el pleno"

ALICANTE.- El alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, ha advertido este jueves al concejal de Compromís, Rafael Mas, de que si volvía a utilizar el término "esbirro" para referirse a otro concejal de la Corporación, sería "la última vez que habla en este pleno".

La polémica ha surgido a propósito de la moción elevada a la sesión por el grupo socialista para crear una agencia de intermediación de ayudas a familias en situación de vulnerabilidad por el coronavirus. 

Al respecto, el portavoz del PSPV, Paco Sanguino, ha hablado de la "incapacidad" de la edil responsable de Servicios Sociales, Julia Llopis, para adoptar medidas.

Ante ello, Llopis ha opinado que la moción del PSPV es "demagógica" y "electoralista" y ha acusado a Compromís de insultar a los trabajadores de Acción Social desde los medios. Ha defendido que se está trabajando y que no se ha paralizado "nada".

Finalmente, en referencia directa a Rafa Mas, le ha dicho que la Concejalía ha salvado "el trasero a Mónica Oltra" porque la ley 3/2019 dice que las competencias son de la Conselleria y le ha indicado que es "una pena" que solo se hable de la Zona Norte cuando "Alicante tiene una emergencia social" y ha asegurado que la gente "de vivir normal y que nunca ha tenido que venir a servicios sociales lo está haciendo ahora". 

Pero "de momento no hay ningún muerto de hambre", ha manifestado Julia Llopis.

Ante ello, Rafa Mas ha tachado a Llopis de "sectaria" y de hacer críticas "destructivas". 

"El problema -de Acción Social-, es que está dirigida por esa señora", ha seguido Mas que ha defendido a los trabajadores de la Concejalía.

"Quiero que se retire y que pida disculpas la señora Llopis por referirse a la gente vulnerable como 'muertos de hambre'", ha reclamado Mas, y también le ha exigido que retire su afirmación de "salvar el trasero a Mónica Oltra; usted no tiene que salvar el trasero a nadie".

En ese contexto, ha opinado como "indigno" que una concejala de Acción Social "se refiera a las personas empobrecidas y vulnerables como muertas de hambre".

Al alcalde, Rafa Mas le ha precisado que mientras él le da "aplausos" a las políticas de Mónica Oltra "sus esbirros" critican "de manera constante las políticas de la Conselleria de Políticas Inclusivas".

Ante esa afirmación, Luis Barcala le ha indicado a Mas se "sulfura en exceso" y que si volvía a utilizar el término "esbirros" era la última vez que hablaba en el pleno.

"La señora Llopis no se va a retractar de nada por una razón, por poner en boca de los demás lo que no han dicho; es la segunda vez que lo hace", ha asegurado Barcala, que ha opinado que es una "fea costumbre".

Barcala ha señalado que Llopis ha dicho que en Alicante "no se muere de hambre nadie". "No ha llamado muerto de hambre a nadie y ahora soy yo quien le requiere a usted de que se retracte por haber acusado a la señora Llopis por no haber dicho lo que no ha dicho".

Ante el aviso, Mas ha retirado el término "esbirros" pero se ha mantenido en las afirmaciones sobre los "muertos de hambre, porque eso sí lo ha dicho".

La moción socialista no ha salido adelante por los 16 votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox. A favor han votado PSPV y Compromís, y Unides Podem se ha abstenido.

Barceló: "Nadie estaba preparado, ni la OMS, ni ningún Gobierno estatal, ni autonómico ni sistema sanitario"

MADRID.- La consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, ha asegurado este jueves, en su comparecencia en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, en la que se debate sobre la gestión de la crisis causada por la Covid-19, que nadie estaba preparado para la pandemia, ha admitido que todos han cometidos errores en la gestión, al tiempo que ha reprochado que este órgano no se haya reunido antes para tratar del cambio del modelo de financiación, algo que pidió el 'president' Ximo Puig en enero de 2018, y ha lamentado el "tiempo que ha perdido el país para reforzar" a las autonomías.

   Barceló, que ha iniciado su intervención sumándose al recuerdo de los fallecidos por coronavirus en España y al reconocimiento al personal sanitario que está protegiendo y curando a millones de personas, ha recalcado que "nadie estaba preparado" para esta pandemia: "Ni la OMS (Organización Mundial de la Salud), ni ningún gobierno estatal ni autonómico ni tampoco ningún sistema sanitario", ha dicho, para añadir que "todos" han cometido errores en la gestión de la crisis porque "nadie puede decir que ha llevado a cabo una gestión impecable".

   No obstante, ha considerado que el "mayor error es restar fuerzas entre administraciones" y disolver la capacidad de la política para alcanzar un gran pacto para salir de la crisis, como el que ha planteado la UE con la creación de un fondo de recuperación económica de reactivación o el que ha ofrecido el propio Puig en la Comunitat Valenciana, al que se ha sumado la oposición en un "ejercicio de lealtad" que la consellera ha querido hacer notar.

   Barceló, que ha hecho un repaso a todas las actuaciones desarrolladas por la Generalitat para hacer frente al coronavirus desde las medidas sanitarias, económicas o educativas, ha recordado que en enero de 2018 Puig pidió por carta al presidente del Senado la reunión de la Comisión General de las CCAA para debatir sobre el cambio del modelo de financiación, fundamental para la Comunitat Valenciana.

   "Hoy debatimos de lo urgente, pero debemos ser conscientes de que mucho tiempo hemos dejado de debatir sobre lo fundamental, un modelo de financiación suficiente que garantice la prestación de servicios públicos de calidad y permita fortalecer los sistemas sanitarios", ha reprochado, para lamentar "el tiempo que ha perdido el país para reforzar a las CCAA" y advertir del "error" que supondrá en el futuro "no potenciar los recursos de los territorios, desarrollar su responsabilidad y poner sus capacidades al servicio de un estado moderno, respetuoso con la igualdad de las personas y con la diversidad de sus territorios".

   No obstante, ha querido subrayar que un país "no se construye con prisas ni con reproches sino debatiendo sobre los cimientos de nuestro marco de convivencia para proyectarlo al futuro" y ha resaltado que, en España, las autonomías "ni somos secundarias, como pretenden unos, ni prescindibles como pretenden otros, ni debemos servir de excusa para el enfrentamiento partidista contra un determinado Gobierno, como se ha intentado hacer en esta cámara hoy".

   Así, ha defendido que desde la Generalitat Valenciana se han enfrentado a un virus desconocido con actuaciones "coordinadas con el Ministerio", basadas en "el rigor científico, criterios técnicos transparencia, capacidad, análisis de recursos y adaptación a cada momento" y ha hecho hincapié en que los principios que han guiado esta tarea han sido la responsabilidad en la gestión propia, la cooperación con el Gobierno de España y la solidaridad con el resto de comunidades autónomas.

   Entre las medidas desarrolladas, ha citado las encaminadas a detectar y aislar casos de contagios; reorganizar el sistema para proteger a los mayores en los centros y encontrar vías de abastecimiento de compras seguras de material en un mercado "voraz".

   Así, ha explicado que han contratado más de 3.300 sanitarios; han aumentado en más de 1.000 las camas de hospitalización con los hospitales de campaña; la apertura de infraestructuras y hoteles medicalizados; los sistemas de dispensación de medicamentos a domicilio para mayores; la entrega gratuita de mascarillas a mayores de 65 años y colectivos de riesgo y la llegada de más de 17 vuelos procedentes de China con más de 600 toneladas de material sanitario, que se suman a las aportaciones del Gobierno central.

   También ha destacado las ayudas a personas que han reducido jornada laboral para atender a familiares; a trabajadores afectados por ERTE; a pymes; autónomos; bonos y becas de comedor para 14.000 alumnos; tablets para estudiantes o exoneraciones en el pago de alquileres de viviendas públicas durante tres meses, entre otras.

   Todo ello, ha dicho, "bajo la responsabilidad de nuestra gestión" y coordinados con el Gobierno de España, a quien ha agradecido su "esfuerzo, su vocación social, predisposición al diálogo y empatía", y junto con el resto de CCAA, a cuyos consejeros ha agradecido su "unidad y gestión solidaria entre territorios".

   A su juicio, la capacidad de coordinación del Gobierno con las CCAA y también en la fase de desescalada "es el mejor esfuerzo que podemos hacer para el presente y el futuro del país. "La crisis lo ha cambiado todo", ha dicho, y ha recalcado que en un futuro inmediato habrá que fortalecer los servicios y el sistema sanitario público y avanzar en "una España moderna, plural y federalista".

 "En ese camino encontrarán a la Comunitat Valenciana", ha dicho, y ha abogado por que "ojalá la política sea la mejor aliada de la esperanza de las personas".

La Comunitat Valenciana suma 63.342 ERTE que afectan a 388.552 trabajadores

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana ha registrado un total de 63.342 solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que afectan a un total de 388.552 trabajadores, según los últimos datos facilitados por la Conselleria de Economía Sostenible.

Desde el pasado 12 de marzo hasta el 28 de abril, la Dirección General de Trabajo ha recibido 752 solicitudes, sobre 65.561 trabajadores; la dirección territorial de Valencia acumula 29.989 expedientes para 157.783 trabajadores; la de Alicante suma 25.034 ERTE que afectan a 125.338 empleados y Castellón ha registrado 7.562 ERTE sobre 39.870 trabajadores.

La mayoría de los trabajadores afectados por estos expedientes se concentra, con diferencia, en el sector Servicios, con 54.271 ERTE que alcanzan a 273.727 personas. Le sigue la Industria con 5.145 expedientes sobre 95.281 empleados; Construcción con 3.627 expedientes para 18.346 trabajadores; y finalmente Agricultura, el sector menos afectado, con 279 ERTE que alcanzan a 1.198 trabajadores.

Por el momento se han resuelto 54.373 de estos ERTE, que afectan a 292.252 trabajadores, por lo que quedan 96.270 trabajadores cuyos expedientes no se han resuelto todavía. Estas cifras suponen que se ha resuelto la situación del 75% de los trabajadores afectados y el 85,8% de los expedientes recibidos en el plano autonómico.

De los 54.173 ERTE resueltos, 589 corresponden a expedientes que se habían presentado en la Dirección General y que afectan a 38.685 trabajadores; otros 24.764 sobre 113.744 trabajadores se presentaron en la dirección territorial de la provincia de Valencia; 22.006 que afectan a 102.489 empleados en Alicante, y 6.81 ERTE sobre 34.470 trabajadores en Castellón.

Alicante aprueba en pleno crear una comisión para depurar las responsabilidades políticas derivadas del 'caso Brugal'

ALICANTE.- El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves crear una comisión de investigación para esclarecer y depurar las responsabilidades políticas que se pueden derivar del presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se investiga en la pieza separada del caso Brugal y en la que están acusados los exalcaldes 'populares' Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi.

La moción fue presentada por Compromís tras el acuerdo alcanzado por el empresario Enrique Ortiz con Fiscalía, y el resto de acusaciones, por el que acepta dos años de prisión más el pago de una multa de casi 900.000 euros por corrupción de autoridades, tráfico de influencias, así como de ser cooperador necesario para un delito continuado de prevaricación.

La iniciativa de Compromís ha salido adelante con la abstención de PP y Ciudadanos y el voto a favor de PSPV, Unides Podem y Vox.

Asimismo, una moción de Unides Podem que pedía crear una comisión para evaluar el coste para la ciudad del presunto amaño ha sido rechazada por los votos de PP, Ciudadanos y Vox. El PSPV se ha abstenido y Compromís la ha respaldado.

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha defendido la necesidad de la comisión ya que, pese a que no ha habido juicio, se conoce lo suficiente para investigar una época en la que Ortiz "lo acaparó todo". 

Bellido se ha acordado de las "muy pocas voces valientes" que denunciaron los hechos "en la época de plomo" y de las "mayorías de silencio".

Así, se ha referido al actual alcalde, Luis Barcala, y la portavoz del PP, Maria del Carmen de España, y del edil de Ciudadanos, Adrián Santos, que estuvieron en los gobiernos de Castedo. "No les acusamos de nada", ha precisado Bellido que ha pedido "responsabilidades" por "un gobierno podrido por la corrupción". 

"Todos callados", ha seguido cuando "públicamente ya se sabía mucho". 

"Requerimos explicaciones", ha sostenido y ha pedido la colaboración del resto de grupos para "dar mensajes de futuro" y que "esto no vuelva a suceder".

En ese sentido se ha pronunciado desde Unides Podem, Xavier López, que ha hablado de "dignidad contra la corrupción" y ha dado las gracias a José Luis Romero y a Miguel Ángel Pavón por alzar la voz. Y ha dicho que su partido ha cometido errores pero no ha compartido equipo "con imputados por corrupción". 

Ha lamentado que en su momento en el PP nadie viera "nada raro" y ha opinado que se deberían valorar los daños que ha sufrido la ciudad.

Desde Vox, Pepe Bonet, ha respaldado la moción de Compromís "en aras de la transparencia" para saber que el ayuntamiento está "libre de todo resquicio de presunto amaño".

Finalmente, Paco Sanguino, por el PSPV, ha recordado que el PP "tiene dos exalcaldes imputados por delitos graves" y, sin embargo, ha impedido que se puedan constituir comisiones de investigación. 

"La creación de una comisión de investigación puede ser un problema y una oportunidad para mantener la limpieza de la institución", ha alegado.

Por ello, ha considerado que la ciudadanía "no puede seguir desconfiando de los cargos públicos", de quienes esperan "respuestas".

Ciudadanos y PP se han abstenido ante la moción para crear la comisión, pero han votado en contra de valorar el daño económico del presunto amaño.

El concejal de Urbanismo, el 'expopular' ahora en Ciudadanos, Adrián Santos, ha lamentado que en plena crisis sanitaria la oposición plantee "esto", que ha considerado que supone "enchufar el ventilador" y tratar de "enturbiar el trabajo de esta Corporación". 

Ha criticado que no se haya presentado ninguna propuesta estos meses sobre su negociado y ha acusado a la oposición de no estar "pendientes de los problemas reales de la ciudad" y sí de "hechos de hace 10 años".

Por su parte, la portavoz del PP, Maria del Carmen de España, ha tachado la propuesta de "sinsentido" y de que a la oposición "no le importa Alicante ni los alicantinos". Les ha acusado de creerse "el Inspector Gadget" por intentar esclarecer hechos sucedidos hace diez años y de hacer demagogia e "intentar salpicar". 

Por ello, ha afirmado que ella puede ir "con la cabeza bien alta" y que su formación ha condenado "las actuaciones corruptas" de su partido "y de los demás".

La Generalitat Valenciana, promotores y urbanizadores constituyen una comisión bilateral para activar vivienda pública

VALENCIA.- La Generalitat, promotores inmobiliarios y agentes urbanizadores han constituido una comisión bilateral para activar la vivienda pública en la Comunitat Valenciana a través de la colaboración público-privada para buscar soluciones y empezar a movilizar suelo tras la situación de crisis creada por la COVID-19.

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitetura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha presidido la comisión para la activación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana para la reactivación de la vivienda pública, de la que forman parte representantes de la Conselleria y de la Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de la Comunidad Valenciana (Feprova).

Martínez Dalmau ha destacado que "para afrontar la postcrisis es fundamental trabajar codo con codo con los agentes involucrados en la construcción de vivienda y, en el momento actual, nos está demostrando que las casas son nuestro refugio".

El vicepresidente ha reiterado que "el objetivo de constituir la comisión es trabajar para abordar en común las actuaciones que desde la Administración autonómica y desde el sector inmobiliario se están impulsando ante la situación de crisis por la COVID-19 para buscar soluciones y empezar a movilizar suelo, con la finalidad última de aumentar el parque público de vivienda, puesto que la Conselleria no dispone de capacidad de construir".

El vicepresidente ha subrayado que "la manera más rápida de avanzar es la colaboración público-privada para poner en marcha promociones que resuelvan los problemas de vivienda para los sectores de población más desfavorecidos y vulnerables e la Comunitat".

En la reunión se han abordado otros temas relativos a diversas propuestas, como la elaboración de un decreto de licencias de ocupación a través de declaración responsable y la colaboración público-privada para la finalizar las obras de edificios que se encuentran en fase de construcción pero paralizados.

Asimismo, se ha planteado la ampliación del Catálogo de Suelo para Vivienda Protegida de la Comunitat Valenciana (Casolhap), cuyo objetivo es generar una herramienta de información relativa al suelo disponible destinado a la construcción de viviendas con algún tipo de protección pública.

Se trata de identificar y analizar las características del suelo destinado a vivienda con protección pública, ya sean parcelas o solares de propiedad de la Generalitat Valenciana, de la Entitat Valenciana d'Habitatge i sòl (EVha), de los propios municipios o de privados.

En el encuentro, que se ha celebrado de forma telemática, han participado por parte de la Conselleria la secretaria autonómica de Arquitectura Bioclimática y Sostenibilidad Energética, Laura Soto, y el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, César Jiménez. En representación de, Feprova, han intervenido Antonio Olmedo, Fernando Alonso y Josualdo Ros, presidentes, respectivamente, de Valencia, Castellón y Alicante.

La UA investiga el uso de luz ultravioleta para desinfectar espacios

ALICANTE.- El grupo de investigación Análisis de Polímeros y Nanomateriales de la Universidad de Alicante (UA) investiga el uso de la luz ultravioleta como medio para la desinfección de espacios y superficies. Un método que como consecuencia de la pandemia apunta posibilidades para inactivar el coronavirus.

La tecnología es conocida "desde hace tiempo", ha incidido la UA en un comunicado de este jueves que ha resaltado que en ese método trabaja desde hace seis años el grupo de investigación Análisis de Polímeros y Nanomateriales de la Universidad de Alicante, liderado por José Luis Todolí, catedrático de Química Analítica, Nutrición y Bromatología.

En concreto, entre los años 2014 y 2015 desarrollaron un dispositivo de emisión de radiación ultravioleta que permite la desinfección de diferentes tipos de alimentos, principalmente líquidos alimentarios.

Los estudios se están efectuando en colaboración con miembros del grupo de investigación de Análisis de Alimentos, Química Culinaria y Nutrición, de tal forma que el equipo de investigación cuenta con la experiencia del profesor Salvador Maestre Pérez y de las profesoras Soledad Prats, Raquel Sánchez y Ana Beltrán.

Ahora, con la llegada del coronavirus SARS-CoV-2, el equipo ha centrado esta línea de investigación en la desinfección tanto de población bacteriana como de virus sobre todo tipo de superficies, sea plásticos, metales, tejidos, etcétera.

Para continuar en esta línea de trabajo y enfocados estos días en los aspectos de la reducción del coste, la seguridad y las características del producto, han obtenido financiación del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Conocimiento de la UA, mediante la Convocatoria propia urgente de la UA frente al COVID-19 del 1 de abril.

"En ámbitos como residencias geriátricas rocías con lejía el suelo, las paredes pero no puedes utilizar la sala de inmediato; además, luego te encuentras con salas infectadas", ha indicado. "Eso por no olvidar que la lejía puede provocar degradación de elementos como son suelos o tejidos", han continuado.

Ante este problema la solución puede ser el uso de la tecnología con luz ultravioleta ya que al no usar ningún tipo de reactivo químico "se gana en cuanto a seguridad y se puede utilizar el espacio al momento".

Todolí concreta que su investigación actual se centra en los ámbitos hospitalario, geriátrico, alimentario, como son los supermercados, y en el ámbito doméstico. El grupo está estos días entablando conversación con una empresa del sector EPI para desinfección del material, informa Todolí.

Sobre el sector hospitalario, ámbito en el que están prestando atención, indica su preocupación. El precio de estos dispositivos de desinfección con luz ultravioleta, que puede oscilar entre los 50.000 y los 160.000 euros por unidad, es uno de los impedimentos a la hora de instalarlo en lugares como clínicas dentales y mucho menos en domicilios. El investigador confiesa que no es debido al coste de producción pero sí es un aspecto en el que quieren trabajar.

Por otra parte, el director del grupo ha puntualizado que hay que tener en cuenta las condiciones de seguridad. El problema que se achaca es la peligrosidad de estos aparatos: "Tú no puedes estar en una sala con este dispositivo porque puede quemarte. Produce las mismas quemaduras que el sol. Estamos hablando de cáncer de piel".

Los investigadores quieren construir equipos más seguros, de forma que la persona que lo maneje pueda estar en la misma sala sin riesgo. "En la sala en la que se encuentra este instrumento no puede haber nadie. Siendo así hay que robotizarlo y puede pasar que pierdas el control sobre lo que estás desinfectando, al no poder estar en la sala. Queremos controlar y mejorar este proceso".

Además, el grupo de investigación quiere investigar en ámbitos en los que no están estos dispositivos en la actualidad. "Hay pocos estudios científicos publicados sobre resultados de tratamiento, sobre desinfección con luz ultravioleta".

La unidad de Análisis Químico Aplicado incluida en el grupo de investigación Análisis de Polímeros y Nanomateriales estuvo trabajando, con resultados positivos, con diversas empresas del sector lácteo. En concreto, se trató de tres empresas gallegas en las que se aplicó este tratamiento de desinfección con luz ultravioleta a productos tales como leche, crema, queso y a las superficies de los envases empleados en yogures.

En condiciones previamente optimizadas, el tratamiento resultó eficaz en cuanto a la reducción de la población bacteriana se refiere sin que se produjera una modificación significativa en las propiedades de los alimentos considerados. Asimismo, la tecnología fue aplicada al tratamiento de alimentos tales como zumos de frutas, vinos y un producto tan nuestro como la horchata.

Los estudios realizados por el grupo de investigación cristalizaron, en el año 2014 en el desarrollo de la patente Sistema de desinfección de alimentos mediante luz ultravioleta, la cual dio lugar a un posterior contrato de licencia con una empresa alicantina.

En el marco de dicha patente, se construyó un dispositivo automático que permitió la reducción de la población de diversas bacterias a niveles seguros. El instrumento para la desinfección de alimentos líquidos se basó en la generación de un flujo turbulento que, bajo la acción de un haz de luz ultravioleta lo suficientemente intenso, condujo a la obtención de un alimento libre de patógenos.

Estudio de la UPV: el 86% de los empleados, dispuesto a teletrabajar total o parcialmente

VALENCIA.- El 86% de los empleados estaría dispuesto a teletrabajar total o parcialmente tras la crisis del coronavirus, al menos un día a la semana, según los resultados preliminares de un estudio desarrollado en la Universitat Politècnica de València sobre el impacto de la Covid-19, que refleja que solo el 9% de los encuestados teletrabajaba cinco días a la semana antes de la pandemia y ahora lo hace el 87%.

   Según ha informado la institución académica en un comunicado, los datos preliminares de un estudio sobre el impacto de la crisis sanitaria en la forma de teletrabajar en España muestran una "gran aceptación" por parte de los encuestados ya que el 86% de los trabajadores estaría dispuesto a teletrabajar después de la pandemia, al menos un día a la semana. El porcentaje llega al 18,6% entre los que afirman que lo harían cinco días a la semana.

   La coordinadora de este estudio, aún en fase preliminar, es Gabriela Ribes, profesora titular de Organización de Empresas en la UPV, quien explica que "el resultado de las primeras 500 encuestas analizadas refleja que muchas empresas se han metido de golpe en un nuevo sistema de trabajo. El teletrabajo obliga a familiarizarnos con herramientas tecnológicas nuevas y nos exige una organización diferente, por eso vemos que hay quienes han de trabajar más horas para adaptarse y un 20% de los encuestados asegura estar haciéndolo durante la situación del Covid-19 más de cinco días a la semana".

   De los 500 encuestados --empleados y directivos de organizaciones públicas y privadas de España-- el 72,8% no trabajaba nunca desde casa antes de la pandemia mientras que durante el estado de alarma se ha dado la vuelta a este porcentaje: el 87% está teletrabajando. De este estudio se desprende que ha sido mayor el estrés que les ha producido la situación generada por el coronavirus que el teletrabajo puesto que un 47% se consideran "bastante o muy estresados" por la Covid-19, mientras que el 25,6% reconoce "bastante o mucho estrés" por tener que trabajar desde su domicilio.

   La encuesta también pregunta por las principales ventajas y desventajas que ha acarreado el teletrabajo: la ventaja más destacada es la disminución del gasto en transporte, seguida por la conciliación de la vida personal y laboral y la flexibilidad horaria. Entre las desventajas, un 72% de los empleados que teletrabajan destacan la escasa relación social y un 42% observan la dificultad de separar la vida personal de la laboral.

   Gabriela Ribes destaca también entre las desventajas la reducción del sentido de pertenencia a la empresa: "En nuestra cultura valoramos mucho las relaciones personales y el estudio apunta que las empresas deben hacer un esfuerzo especialmente intenso en aumentar las relaciones sociales entre los empleados que están trabajando en casa si quieren mantener su motivación y su sensación positiva de formar parte de un equipo".

   En este sentido, destaca la importancia de desarrollar herramientas tecnológicas que faciliten la transmisión de valores para mantener fuera de la oficina "una cultura de empresa sólida, mejorando la comunicación interna y la relación social entre los empleados".

   La profesora Ribes explica que ahora queda la segunda parte del trabajo, que se completará con más encuestas e incluirá un estudio estadístico relacional: "Hay cuestiones en las que hemos de profundizar, como por ejemplo cuantificar hasta qué punto las personas con hijos en casa han tenido una experiencia más difícil con el teletrabajo. Hemos constatado que muchas organizaciones han hecho un gran esfuerzo ya para que sus empleados trabajen a distancia: un 46,4% de los encuestados han usado tecnología propia de sus empresas y a la mayoría les han facilitado el ordenador".

    Este estudio forma parte de Match COVID-19, una iniciativa para proyectos que aporten soluciones contra la pandemia en la que participa la Universitat Politècnica de València, junto al resto de universidades públicas de la Comunitat Valenciana, FISABIO, Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, INCLIVA y el CSIC.