VALENCIA.- Una
sentencia de la sección primera de la Sala de lo Contencioso del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), con
la magistrada Laura Alabau Martí de ponente, amenaza con propinar un serio revés contable
al Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el popular Toni Pérez, quien
anunció un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
El consistorio
se enfrenta al pago de indemnizaciones por 333 millones de euros
—equivalentes a casi tres presupuesto municipales completos— a abonar a
dos mercantiles del empresario Francisco Murcia Puchades, expresidente
de la Federación de Promotores Inmobiliarios de la Comunidad Valenciana.
El complejo contencioso amenaza las cuentas municipales de una ciudad
pionera en un modelo turístico y urbanístico centrado en el uso
hotelero. La protección de un espacio natural
en manos de promotores urbanísticos y el volantazo del consistorio
respecto a sus propios convenios con los propietarios del suelo están en
el trasfondo de la insólita resolución del alto tribunal autonómico, según eldiario.es
Las
dos mercantiles (Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000
SL, esta última también vinculada al promotor Andrés Ballester) poseen
aproximadamente el 90% de los terrenos del sector APR-7 de la Serra
Gelada de Benidorm. El conocido empresario llegó a proponer la construcción de un teleférico en el espacio protegido.
El paraje de la Serra Gelada fue calificado como suelo urbano en
1963 (una clasificación mantenida en la delimitación del suelo urbano
de 1982). El Ayuntamiento de Benidorm firmó en 2001 un protocolo de
intenciones con la Generalitat Valenciana para la preservación del
sector APR-7, incluido en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales
(PORN) autonómico que protegía el espacio. Un acuerdo plenario aprobado
poco después estableció la suspensión de las licencias y de la
programación del sector.
La primera sentencia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso
nº 3 de Alicante tras un recurso de las empresas propietarias del
suelo, rebajó la indemnización a 636.116,27 euros. Murcia Puchades
Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL recurrieron el fallo y el
TSJ-CV ha disparado la indemnización hasta los 283 millones con
intereses legales (en total, 333 millones).
Las
promotoras consideraban en su recurso que el ayuntamiento “es
responsable al haber propiciado la desclasificación” y que la
Generalitat Valenciana es responsable solidaria al haber incluido en el
PORN la Serra Gelada (sin embargo el fallo sólo alude al consistorio
para el abono del abultado importe).
La
Abogacía de la Generalitat Valenciana alegó, simplemente, la
inexistencia de responsabilidad patrimonial por parte de la
administración autonómica. El consistorio, por su parte, aseguraba que
sus propios convenios suscritos con los propietarios en 2003, 2010 y
2013 (el primero con el popular Vicente Pérez Devesa de alcalde y los
últimos, a modo de novaciones, con el socialista Agustín Navarro)
incurrían en una “manifiesta ilegalidad”.
El PSPV-PSOE ha reprochado al actual primer edil, Toni Pérez que
votara siendo concejal a favor del convenio inicial de 2003, impulsado
por un alcalde del PP con los votos en contra de los socialistas y ahora
cuestionado —o soslayado— por el propio ayuntamiento. Por otro lado, el
letrado del ayuntamiento alegaba que el sector APR-7 “no existe en el
PGOU como suelo urbano” (sino rural), al haber sido suspendida la
aprobación del plan por el TSJ-CV en 1999.
Las empresas, que hasta 2009 pagaron 1,1 millones de euros de
IBI, lamentaban en su recurso el cambio de criterio del ayuntamiento
“tras más de veinte años reconociendo la validez de los convenios”. El
consistorio alegaba que “no tuvo responsabilidad alguna en la
reclasificación de los terrenos” y que los convenios “son nulos” al no
haber entrado en vigor los aprovechamientos urbanísticos, que por lo
tanto “no existen”.
El acta de cesión del 8 de octubre de 2004, en la etapa de
Vicente Pérez Devesa al frente del consistorio, estableció que, “por
razones medioambientales y de generación de suelos dotacionales”, se
consideraba conveniente liberar de toda edificación al sector de la
Serra Gelada. El convenio urbanístico suscrito un año antes ya preparaba
las bases de la compensación de los aprovechamientos privados a
consecuencia de la suspensión.
La operación urbanística fue declarada de utilidad pública
adicional y cumplía así la resolución del entonces conseller de
Urbanismo, el popular José Ramon García Antón, para la modificación
puntual del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) para las medidas
de fomento de la calidad de las instalaciones hoteleras de Benidorm
(propiciar nuevos espacios dotacionales públicos para cubrir el nivel de
estándares aplicables a la mayor edificabilidad generada en el uso
hotelero).
“Se trata de una operación peculiar de equidistribución”, afirma
la sentencia del TSJ-CV, “en cuanto tiene por finalidad la obtención de
suelo dotacional, que comenzó reconociendo en compensación de aquél,
unas reservas de aprovechamiento a los propietarios apelantes, cuya
satisfacción definitiva se pretende eludir”.
Es decir, según viene a
decir la sentencia, el consistorio en manos del PP pretendió compensar a
los promotores para que no construyeran en la Serra Gelada con suelo de
otras zonas a pesar de que, casi dos décadas más tarde, pretenden
incumplir los convenios suscritos con los propietarios.
El PSPV, tras analizar el fallo, considera que el actual
alcalde, Toni Pérez, “decidió cambiar su postura” en relación al
convenio inicial de 2003 aprobado por el PP, “sin calibrar las
consecuencias, actuando por impulsos, con altivez y prepotencia”.
El fallo del TSJ-CV reprocha al Ayuntamiento de Benidorm que no
explique a qué criterio equidistributivo responde la pretensión de que
los propietarios “tengan que destinar sus terrenos a proporcionar
dotaciones al resto de sectores, de forma gratuita y sin compensación,
encontrándose todos en idéntica situación inicial”.
Y
es que la sentencia interpreta que el Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) de 1990, en cuanto a su previsión inicial para el sector APR-7,
“nunca entró en vigor”. Y concluye que “permanece” el planeamiento
anterior del PGOU de 1963 del alcalde Pedro Zaragoza, el primer gran
impulsor del modelo urbanístico de Benidorm.
“Resulta indudable” que
tanto con el PGOU originario del periodo de la dictadura como con el
acuerdo de cesión de 2004, con Vicente Pérez Devesa de alcalde, las
parcelas tienen reconocido el aprovechamiento, sostiene el fallo.
El acuerdo de suspensión de licencias de 2001 ya reconocía que
se generaría el derecho de los propietarios a ser indemnizados. Por otro
lado, el acta de la cesión, indica el alto tribunal autonómico,
“desacredita” la versión del Ayuntamiento de Benidorm, “en cuanto los
terrenos nunca han contado con aprovechamiento reconocido por el
planeamiento”.
Las dos mercantiles, entre otras, cedieron al consistorio una
superficie de 121.992 metros cuadrados. El acta establecía un plazo
máximo de cinco años para la compensación, transcurrido el cual sin
haberse materializado el pacto, las mercantiles que habían cedido
terrenos podrían solicitar una indemnización económica por el valor real
de aprovechamiento urbanístico no compensado (valorado con el precio
que “en ese momento tengan los suelos”).
“Los convenios son plenamente válidos y lícitos, habiendo
transcurrido con creces el plazo para su cumplimiento, por lo que
resultan de aplicación las disposiciones en ellas previstas, para la
indemnización del aprovechamiento no materializado en sector alguno”,
concluye la sentencia.
El TSJ-CV también cuestiona el informe de valoración del suelo
aportado por el consistorio al aplicar el perito unos coeficientes que
“arrojan como resultado la rebaja del valor en venta inicial” e incluir
un estudio de mercado “notoriamente sesgado”. Así, revoca la sentencia
del Juzgado de lo Contencioso nº 3 de Alicante y establece la
indemnización en 333 millones de euros, tal como cuantificaban las
promotoras.
La sentencia, que no es firme, supone un severo riesgo para las
cuentas del popular Toni Pérez, quien tras reconocer el “claro revés”,
apeló a convertir el contencioso en una “cuestión de Estado” al vincular
la protección de la Serra Gelada con otras administraciones.
La portavoz del PSPV-PSOE, Cristina Escoda, instó al primer edil
a “pedir perdón” por una complicada situación que “podría suponer la
quiebra técnica”.
“Toni Pérez tiene que asumir sus responsabilidades y
dimitir por llevar a Benidorm al precipicio, tras una sentencia que va a
hipotecar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos”, afirmó
Escoda.
