VALENCIA.- Varias comunidades autónomas del litoral español, como la Comunitat Valenciana, Galicia, Murcia, Canarias y Cantabria, han hecho frente común para reclamar al Gobierno que impulse una nueva ley de costas que aporte mayor seguridad jurídica y que sea «más actual, más real» y «más sensible a la realidad» de cada una de las regiones, así como que supere la actual «política de deslindes».
Así lo ha explicado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, en declaraciones a los medios antes de la celebración de la II Cumbre Nacional del Litoral que ha reunido este viernes en Valencia a representantes de gobiernos de autonomías con litoral.
En concreto, han participado, además de Martínez Mus, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático de Galicia, Ángeles Vázquez; el conseller del Mar y del Ciclo del Agua de las Islas Baleares, Juan Manuel Lafuente; el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta; el consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, Jorge García; y el consejero de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio de Cantabria, Roberto Meria.
Las autonomías han pactado un manifiesto que exige una nueva ley de costas, rechazar los reglamentos que impulsa el Gobierno y la petición de una reunión urgente de la comisión sectorial con presencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.
Además, crearán un grupo de trabajo para redactar un borrador de una nueva norma «con visión autonómica, incorporando la sensibilidad atlántica, mediterránea e insular».
La propuesta pasa por una ley que reordene las competencias, limite la acción del Estado en materias como los deslindes y obras de interés general y avance hacia una gestión principalmente autonómica.
Martínez Mus ha señalado que a todas estas CCAA les preocupa «mucho» la seguridad jurídica de la costa y cuestiones como la regresión, «el problema más importante en estos momentos», ante el que la actual normativa «no contempla medidas para frenarla».
«Una normativa moderna, actual y del siglo XXI tiene que tener en cuenta eso», ha reivindicado el responsable valenciano, que ha abogado por establecer mecanismos de compensación para que los recursos que genera la costa reviertan en «cierta manera» en proteger el litoral, algo que en estos momentos «no está sucediendo».
«Se trata de proteger el territorio, de conservar nuestras costas, de conservar ese patrimonio cultural, energético y también económico que tiene nuestro litoral y la herramienta que tenemos en estos momentos, que es la ley vigente, no es suficiente», ha resumido.
Mus ha argumentado que la norma «ya no cubre las necesidades que tiene nuestra costa» y se ha mostrado en desacuerdo con el hecho de que la innovación legislativa «tenga que ser un reglamento que intenta saltarse la parte que debería cubrir una nueva ley» y que llevaba a que un temporal que afectara a un determinada zona la convirtiera en dominio «público para siempre», algo que supone «una barbaridad».
«Esto no tiene ningún sentido y no nos gusta», ha incidido.
En esta línea, ha mostrado su voluntad de que las personas que viven cerca del mar no se sientan «atrapados en normas que no son sensibles, no tienen ningún sentido común y que son una regla fija para todo el territorio»: «La costa es muy diversa, cada uno tenemos nuestra idiosincrasia y nuestro tipo de costa. Aquí no tenemos marea, en el Cantábrico sí, es una diferencia sustancial que la ley no prevé y necesitamos una ley más acorde a lo que de verdad tenemos».
Sobre los deslindes, el conseller de Medioambiente ha abogado por que no se basen en «criterios arbitrarios que nadie sabe cómo se aplican» y porque sigan unos «objetivos que todo el mundo entienda».
«Tenemos más de 60 kilómetros de deslindes abiertos que nadie sabe cuál es el motivo ni por qué se ha marcado un punto de partida y, si no lo entiende el ciudadano, no lo entendemos las administraciones y es imposible que eso genere seguridad jurídica», ha avisado.
Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático de Galicia, Ángeles Vázquez, ha asegurado que esta reivindicación «no obedece a ningún concepto ideológico, sino a la seguridad que queremos darle las comunidades autónomas a nuestros ciudadanos», al tiempo que ha acusado al Ejecutivo central de haber estado durante más de dos años «ocultando un dictamen europeo» en este sentido.
«No tenemos un Gobierno que nos defienda, sino todo lo contrario», ha lamentado.
Asimismo, ha denunciado que utilice «como excusa» a la Comisión Europea para modificar la ley de costas «utilizando un reglamento», lo que significa hacerlo «por la puerta atrás, sin contar con el sector ni con las CCAA, tratándonos de terceros cuando en realidad somos los que estamos en el día a día».
«No es lo mismo el Cantábrico, el Atlántico y el Mediterráneo, pero el Gobierno central no puede ningunearnos», ha resumido.
De su lado, el consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, Jorge García, ha valorado el apoyo «prácticamente unánime» de las CCAA del litoral para conformar un «frente común» que tiene «mucho trabajo por delante».
«Cada región tiene su particularidad y esto no está previsto ahora mismo ni recogido en una ley de costas que tiene prácticamente 40 años», ha advertido, por lo que ha considerado necesario plantear nuevas iniciativas.
«No entendemos cómo el Gobierno puede estar tomando decisiones sobre el litoral a 500 kilómetros --de Murcia-- en un despacho en Madrid», ha cuestionado el responsable autonómico, que ha abogado por una transferencia de competencias «clara, definida y cercana» tanto a la ciudadanía como a los territorios y por una nueva ley que defienda tanto la protección del medioambiente pero que también potencie las actividades económicas, lo que «redunda en beneficio de todos».
Mientras, el conseller del Mar y del Ciclo del Agua de las Islas Baleares, Juan Manuel Lafuente, ha considerado que el Ejecutivo central «no funciona» en materia de administración de costas:
«No es posible que tengamos un temporal y estemos en marzo, empiece la temporada turística, se nos caiga una pasarela y como sea un proyecto del Ministerio, no se pueda arreglar de forma inmediata. Eso no es normal en una administración moderna».
Para evitar este tipo de situaciones, ha apostado por cambiar la normativa con el propósito de «adaptarla a la realidad» de las CCAA, ser «efectivos» y responder a «los problemas que tienen los ciudadanos».
«El Ministerio no responde de forma eficaz y como tiene que ser en un país moderno», ha recalcado.
Finalmente, el consejero de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio de Cantabria, Roberto Meria, ha afeado al Gobierno de España que trabaje en este aspecto «sin contar» con las comunidades autónomas, con legislaciones «absolutamente impuestas a las necesidades que tenemos» y que van «en muchos casos en dirección contraria a lo que necesitamos»: «No vienen más que a trasladar a la ley la ideología de los actuales dirigentes del Estado español».
«Nos ocultan documentación y nos encontramos con cuestiones como que ese dinero que se recauda no revierte en ninguna de las actuaciones que son necesarias para la costa de nuestra comunidad», ha denunciado el consejero, que ha reprochado al Ejecutivo central que utilice las demarcaciones de costas «como elementos recaudadores»: «La ideología está muy bien para el que la quiera tener, pero llevarla a la legislación va en contra de los intereses de los ciudadanos».
